“Esta actuación tiene ánimo de control e invasión de la privacidad”, manifestó la diputada socialcristiana, Daniela Rojas.
Diversos sectores han externado su apoyo a la decisión tomada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y su jerarca Rocío Aguilar de no brindar información crediticia solicitada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El banco pidió a la SUGEF, en noviembre del 2022, acceso a datos de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros le comparten a la superintendencia sobre sus deudores, incluyendo el número de cédula de cada persona.
La petición del Banco Central se sustentó en el artículo 14 de su Ley Orgánica, así como en los artículos 65 y 68 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística.
Desde la SUGEF, se argumentó que la información solicitada por el banco “corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”.
Por este motivo, la Junta Directiva del BCCR presentó una denuncia penal hacia Rocío Aguilar por el delito de desobediencia a la autoridad ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Sin embargo, para el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Jorge Luis Araya, esta solicitud viola la intimidad de la información y la protección de los derechos esenciales de los ciudadanos.
“La UCCAEP externa su preocupación con respecto al requerimiento de información personal que hace el BCCR a la SUGEF, por ser esto contrario a nuestra Constitución Política, la cual garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, según el artículo 24. El sector empresarial apoya firmemente la posición señalada por la SUGEF, al amparo del criterio legal señalado por esta entidad. El nivel de detalle requerido por el BCCR expone abiertamente el perfil crediticio de todos los costarricenses y las empresas”, externó Araya.
Por su parte, el asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Mario Gómez, aseguró que la decisión de la SUGEF está amparada en la propia Constitución Política y de otras instancias legales.
“Existen dictámenes del Departamento Legal y de la Procuraduría General de la República (PGR) que le dan apoyo a esta posición. Estos artículos establecen, de manera categórica, que la información privada de los costarricenses respecto a sus operaciones bancarias y situación patrimonial es confidencial y no puede ser compartida sin el consentimiento informado de los ciudadanos o sin que exista orden judicial o norma específica”, mencionó Gómez.
El asesor de la asociación bancaria añadió que las solicitudes del BCCR para acceder a información confidencial se están convirtiendo en una práctica recurrente de la institución.
“Recientemente, mediante una modificación del reglamento del sistema de pagos, también está exigiendo a las entidades financieras que le entreguen la información de las transacciones cambiarias que realizan los clientes, incluyendo nombre, número de cédula, montos de todas las personas físicas y jurídicas que compran divisas sin justificar el propósito de esa solicitud ni la base legal que la respalda. La ABC, en reuniones sostenidas con el presidente del BCCR, así como el gerente general y la gerente general, han advertido que tal solicitud es ilegal”, agregó el representante de la ABC.
Finalmente, desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también se ha respaldado la negativa a brindar información sensible por parte de SUGEF al BCCR.
La diputada de la fracción, Daniela Rojas, manifestó que se mantendrá vigilante del desarrollo de esta situación.
“Vergonzoso y delicado el accionar del BCCR. La información solicitada es confidencial de todos los costarricenses, en relación a las operaciones de crédito y de suministrarse esta información se estaría violentando la normativa de la SUGEF y la Ley de Protección de Datos Personales. Este tipo de información no puede ser expuesta sin consentimiento informado y lo que está haciendo el BCCR es querer acceder a información que no es pública. Esta actuación tiene ánimo de control e invasión de la privacidad. Si se requiere información para generar estadísticas económicas, se hace de otra forma, no irrespetando la privacidad de las personas y siguiendo el debido proceso para eso, no de forma intimidatoria”, cuestionó Rojas.
Noticias Columbia quiso ampliar declaraciones con la superintendente, Rocío Aguilar, sin embargo afirmó que no brindaría declaraciones.
