Movimiento de pensionados presentó nueva propuesta para retiro escalonado de los fondos.
Diferentes sectores se reunieron en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para una mesa de trabajo que derive en un proyecto de ley sobre la devolución de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC).
Instituciones relacionadas con el tema mostraron su oposición al retiro anticipado de estos recursos.
Por ejemplo, desde el Banco Central de Costa Rica (BCCR), advirtieron que esta medida impactaría en la inflación nacional y en las tasas de interés, según lo señaló el economista jefe de la institución, Alonso Alfaro.
«Para el primer año, el impacto, de acuerdo con lo que nos indicaron los compañeros de SUPEN, es 1.1 billones de colones. Una parte de eso está en títulos en el mercado local y una parte está en el mercado internacional. En el mercado internacional se estima que sería a un 40% de ese monto y sería un poco más de 900 millones de dólares. Entonces, ¿Cuál es el impacto en la economía de poner disponibles ese 1.1 billones de colones en el periodo inicial?
Lo que evaluamos con los modelos que tenemos es que tiene un efecto con algún rezago, pero puede llegar a ser hasta de cuatro puntos adicionales en la inflación, ¿Por qué? Porque esos dineros están en mercados internacionales y en los mercados locales y estarían disponibles repentinamente en las cuentas de las personas. Eso genera un efecto inflacionario por expectativas, pero además es el impacto directo y eventualmente, como la inflación subiría, habría un impacto de tasas de interés, en este escenario alrededor del octavo trimestre sería de 2.5 puntos», detalló el economista.
De igual manera, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, también advirtió de consecuencias en caso de adelantarse el retiro del ROP.
Según el jerarca, esto tendría un impacto en los rendimientos que recibirían los contribuyentes del fondo.
«El Ministerio de Hacienda tiene una participación importante en la oferta de títulos de deuda. Entonces, las operadoras demandan esos títulos de deuda y Hacienda es un oferente de esos tipos de deuda. ¿Qué es lo que veríamos en este caso? Cuando se hace una venta masiva de títulos de deuda, eso va a aumentar la oferta de títulos en el mercado. Hay que entender que esa plata no existe, son papeles en este momento. Cuando se hace esa venta masiva, ¿Quién los va a comprar? Eso va a hacer un incremento en la oferta de títulos, entonces la operadora va a llegar a colocar esos títulos en el mercado y alguien más tiene que comprarlos.
Si hay un incremento en la oferta, el precio va a tender a bajar, va a generar un aumento en la tasa de interés o el premio que se le va a exigir a esos títulos producto de la baja en su precio. ¿Cuál es el problema que nosotros estamos viendo entonces? Un menor precio, van a tener que materializar esas pérdidas, eso va a reducir el valor del fondo y va a generar menos rendimiento para los afiliados.
En el momento en que se liquiden esos títulos para poder hacer la entrega de los recursos, dado que las operadoras lo que tienen son esos títulos de deuda, no tienen el dinero, van a agarrar y vender esos títulos de deuda en el mercado, van a aumentar la oferta de títulos, cuando se aumenta la oferta de algo, hay más de algo, ese algo pierde valor. ¿Qué significa? Que entonces bajarían de precio. Cuando se reduce el valor del fondo, se generan menores rendimientos para los afiliados», señaló el ministro.
Por su parte, el presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensión (ACOP), Roger Porras, también destacó una serie de afectaciones que generaría la aprobación de un proyecto de ley en esta vía.
«Con base en los criterios técnicos, ninguno de los proyectos que efectivamente está presentado que plantean retiros masivos o parciales generan un beneficio al final para los trabajadores. En términos del impacto hacia dentro, es importante recordar que nosotros mencionamos aquí que eso elimina la tasa reemplazo de las personas (…). Genera un impacto de desacumulación en el fondo de alrededor de entre un 20% y un 30%», afirmó el presidente de ACOP.
Por el contrario, la diputada frenteamplista, Rocío Alfaro, cuestionó los argumentos presentados en contra del retiro anticipado del ROP.
Para la legisladora, es importante que analice el impacto que tiene en la economía el hecho de no entregar estos recursos a los pensionados.
«Yo quisiera que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central nos presentaran un estudio sobre el impacto de no entregar el ROP. O sea, el impacto de seguirlo administrando así, ¿Cuáles son los sectores de nuestra economía que se están viendo beneficiados y cuáles son los sectores que están siendo impactados negativamente? ¿Cuál es el objetivo del sistema del ROP? ¿A quién debía de beneficiar y a quién está beneficiando? Porque a mí me parece que esta estrategia, que además hay que entender el contexto en el que se dio, para mí si fue un gol que se metió en ese momento. Se planteó que era para beneficiar a los trabajadores y lo único que ha creado es una gran cantidad, un mercado enorme para un sector de carácter privado para las operadoras. Son las que están haciendo clavos de oro», manifestó la diputada.
Nueva propuesta
Finalmente, desde el Movimiento de Pensionados por la Devolución del ROP, se planteó una nueva propuesta para el retiro de los fondos.
El economista y vocero de la organización, Leiner Vargas, explicó que esto se daría a través de un sistema escalonado.
«Hoy, 66.343 pensionados tienen menos de 15 millones de colones y representan el 41.9% de los fondos. El ROP hasta 15 millones sería entregado en forma inmediata 2 meses después de haber firmado su pensión. El ROP de los que tengan 15 y hasta 30 millones, que son el 16% de los pensionados, 14.022 pensionados y representan el 26.9% del total del fondo, se recibiría en un plazo de 1 año. El ROP de 7.218 pensionados que tienen más de 30 millones en su ROP, que representan el 31.13% del fondo, se recibiría a más tardar al mes número 24 de esta propuesta. En 2 años, se liquidarían los 87.585 pensionados que tienen 1.07 billones de colones en el fondo», detalló Vargas.
