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¿Se consultó al Poder Judicial la ley que ahora critican la Fiscalía y OIJ?

by Alejandro Arley

Normativa, aprobada en junio, cambió la forma en que se administra el dinero decomisado al narcotráfico, hecho que preocupa al Ministerio Público y a la Policía.

En Noticias Columbia dimos a conocer el malestar que provocó en el OIJ y la Fiscalía la reciente aprobación y entrada en vigencia de la “Ley del manejo eficiente de la liquidez del sector público”, pues modificó sustancialmente el artículo 85 de la “Ley sobre estupefacientes”.

Las criticas se deben a que la normativa cambió la forma en que se administra el dinero que se decomisa al narcotráfico pues, en lugar de ir a la custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ahora pasa directo al Ministerio de Hacienda.

El reproche se centra en que, anteriormente, el ICD estaba autorizado por ley a invertir el dinero de forma que los intereses se repartieran, de manera expedita y con porcentajes definidos, en programas de prevención y apoyo a los cuerpos policiales y la Fiscalía, entre otros usos.

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Ante las publicaciones de Noticias Columbia, el tema fue abordado este viernes en el programa Hablando Claro, de la periodista Vilma Ibarra, quien invitó al subdirector del OIJ, Michael Soto y al fiscal adjunto de narcotráfico y delincuencia organizada, Javier Valerio.

Ambos expresaron que el proyecto de ley no fue consultado al Ministerio Público ni a la Policía Judicial. Incluso Soto calificó la situación como “un golazo de media cancha”, haciendo referencia a que no pudieron anticiparla.

“A nosotros nos consultan todas las leyes que tienen que ver en materia penal. A veces pasa uno horas leyendo las modificaciones que hace la Asamblea Legislativa. (Esta) no llegó al Ministerio Público, no llegó al OIJ”, expresó.

Soto conoce que el proyecto sí fue enviado a la Corte Plena pero el fin era determinar si la iniciativa afectaba o no el funcionamiento del Poder Judicial pues de eso dependía la cantidad de votos que se necesitaban en el Congreso para aprobarlo.

“Un día de estos, hablando con dos compañero del (Poder) Ejecutivo, que por razones obvias voy a omitir el nombre, porque los pueden despedir, pero me dicen que a ellos tampoco les consultaron… tampoco sabían”, añadió.

El fiscal Valerio aseveró que el cambio en la ley los tomó por sorpresa. “Nunca se nos consultó. Nos enteramos hace 22 días… un mes aproximadamente de esta ley. Empezamos a hacer consultas porque incluso de repente pensábamos que era un proyecto y cuando nos dimos cuenta no… ya era una ley vigente”, relató.

“Como lo indicó don Michael (Soto) esto por supuesto que va a afectar, de manera importante, el combate a la delincuencia organizada y esperamos revertir esto en la Asamblea Legislativa”, resaltó.

Valerio y Soto coincidieron en que no pueden hablar de mala fe o mala intención pero piensan que en el Congreso nunca midieron las consecuencias o impacto de lo que estaban aprobando en cuanto a la lucha contra la narcoactividad.

Los voceros explicaron que con el dinero que entregaba el ICD se podía contar con una especie de “caja chica” de la cual se toma efectivo para gastos propios de las investigaciones como compras controladas de drogas a sospechosos, pago a informantes, movilizaciones de agentes en vehículos de uso discrecional, alimentación y hasta destrucción de drogas decomisadas.

La Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados tampoco fue consultada como en ocasiones anteriores.

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¿Qué vieron los magistrados

Según los registros de la Asamblea Legislativa, en setiembre del 2022, el entonces proyecto de ley fue sometido a los magistrados del Poder Judicial quienes lo analizaron y votaron un informe el 10 de octubre de ese año. El documento fue elaborado por Damaris Vargas, de la Sala Primera.

Si una parte de la normativa preocupa tanto al OIJ y al Ministerio Público, la duda que salta es: ¿hubo alguna objeción de los magistrados cuando la revisaron?

Al revisar el acta de la sesión y la grabación en video, se puede constatar que hubo una observación al cambio en la “Ley sobre estupefacientes”, pero relacionada con la forma en que debe debe transferir el dinero de los decomisos al Ministerio de Hacienda.

En su informe, la magistrada Damaris Vargas (en la foto) planteó que no hay certeza de que el Poder Judicial pueda trasladar el dinero diariamente. El texto dice que “se debe valorar” si la institución “puede cumplir en el plazo establecido” Más allá de eso, no se habla de algún efecto perjudicial para el OIJ o la Fiscalía.

En este punto, se debe aclarar que el proyecto de Ley fue sometido a consulta para que se determinara si incidía o no en la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Es por ello que la Corte únicamente se iba a pronunciar sobre ese particular. Eso explicaría por qué la única observación fue la del tiempo para trasladar los fondos.

Para aclarar ese punto y el rol que puede o no asumir la Corte Plena cuando se le consulta un proyecto, solicitamos un criterio a la Dirección Jurídica del Poder Judicial. Al cierre de esta nota, no había sido posible obtenerlo.

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