Desde hace varias semanas, legisladores de oposición han propuesto audiencias con funcionarios del Poder Ejecutivo y de otras figuras relacionadas con el gobierno, que han sido rechazadas por Pueblo Soberano.
¿A qué se expone el Partido Pueblo Soberano (PPSO) por rechazar comparecencias del gobierno?
Desde hace varias semanas, legisladores de fracciones de oposición han propuesto audiencias con funcionarios del Poder Ejecutivo y de otras figuras relacionadas con el gobierno para ahondar en temas de seguridad, economía y educación.
Rechazo de audiencias
En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, por ejemplo, los cinco representantes del oficialismo han rechazado audiencias con varios jerarcas y expertos en la materia, sin justificar sus votos en contra:
- Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, por la suspensión de audiencias virtuales
- Ministro de Seguridad, Gerald Campos, por presuntos vínculos de oficiales de Fuerza Pública con el crimen organizado
- Presidenta Laura Fernández, por la declaratoria de secreto de Estado sobre temas relacionados con seguridad
- Presidente de la Corte, Orlando Aguirre, por los recortes al Poder Judicial
- Expertos del Colegio de Abogados y Abogadas, para analizar las propuestas de seguridad presentadas por el gobierno
Recientemente, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público los cinco diputados de Pueblo Soberano también rechazaron otras audiencias dirigidas a investigar la presunta captación de datos personales en el programa «Hello Brete», los contratos entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la empresa extranjera Open English, el funcionamiento del AyA, y la situación de los CEN-CINAI.
Esto fue motivo de críticas de diputados como Sigrid Segura, del Frente Amplio, y Eder Hernández, de Liberación Nacional, quienes piden que las audiencias no sean selectivas.
“La fracción de Pueblo Soberano parece que tiene miedo a investigar el uso de los recursos públicos, hemos ya planteado varias mociones para investigar cómo se está utilizando la plata de los costarricenses; al parecer no quieren investigar nada que tenga que ver con el gobierno y eso parece más una red de cuido que una Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público”, señaló la diputada Segura.
El presidente de las dos comisiones en cuestión es el diputado del Partido Pueblo Soberano, Gonzalo Ramírez.
Según dijo, el rechazo de estas audiencias se debe a la intención del oficialismo de “evitar shows políticos”, y que sí hay interés de hacer investigaciones.
“Rechazar algunas mociones no significa que la Comisión de Ingreso y Gasto Público no esté investigando, todo lo contrario, tenemos investigaciones muy importantes en marcha, estamos revisando el uso de los recursos públicos en las universidades estatales y también tenemos un expediente para investigar cuánto le cuesta al Estado la operación y mantenimiento de la Ruta 27 y esclarecer los contratos que se han firmado con la concesionaria, lo que no vamos a hacer es abrir investigaciones por abrirlas, el pacto de izquierda entre el Frente Amplio y Liberación Nacional lo que ha venido ejecutando es una estrategia de presentar reiteradas mociones sobre temas que ya han sido aclarados o que son investigaciones que se encuentran judicializadas, lo que pretenden es convertir esta Comisión en un puro show político y al menos yo como presidente de esta Comisión mi responsabilidad es precisamente que el control político sea serio, que no se dupliquen esfuerzos y que no utilicemos la Comisión para hacer el espectáculo”, respondió.
¿Qué consecuencias puede tener esta postura del oficialismo frente a la ciudadanía?
Para el analista político Daniel Calvo, desde que se conocieron las conformaciones de las comisiones al inicio del período se sabía su línea de trabajo.
Según comentó, las decisiones que toma el oficialismo en torno a las investigaciones y audiencias legislativas no implican consecuencias negativas con respecto a quienes le apoyan.
“No me parece que esto suponga ningún riesgo para el partido oficialista frente a su electorado, más bien están cuidando que muchos temas que realmente pudieran afectarlos no puedan ni tan siquiera iniciar sus investigaciones, es más bien tener la posibilidad de contingencia, de temas que pudieran afectarlos eventualmente, y eso me parece que más bien los pone en una situación favorable más que en una situación desfavorable”, indicó.
El analista político Gustavo Araya, por su parte, considera que el oficialismo sí se arriesga con su negativa a llamar a integrantes del gobierno a audiencias.
Para él, existen dos consecuencias en la ciudadanía por esta práctica del Partido Pueblo Soberano.
“En el primer caso lo que pierde es coherencia, porque el chavismo supuestamente iba a luchar contra la corrupción y contra el narcotráfico, y no llamar a jerarcas a que den cuentas sobre estos casos produce automáticamente incoherencia, si están de acuerdo con investigar casos de corrupción y narcotráfico ¿por qué no investigar a los propios jerarcas de gobierno? Esa es la primera consecuencia; y la segunda consecuencia es que se lesiona el régimen democrático, porque sucede lo mismo que ha sucedido con otros casos de, por ejemplo, el propio presidente de la República durante los cuatro años anteriores, que se negó a renunciar a su inmunidad con el fin de no ser investigado por los casos de presunta corrupción en al menos dos casos”, expresó.
