Documento de auditoría evidencia además que de las 592 eventuales sanciones contra Globalvía, 118 expedientes están pérdidos, y especialistas dudan de la vigencia de los procesos de cobros
En el documento de Auditoría 009 con fechas de los meses finales del año anterior queda evidenciado que los incumplimientos detectados en el año 2018 fueron trasladados por la Gerencia Técnica del Proyecto hasta 60 meses después, es decir fueron conocidos hasta el año 2023.
Este se considera el plazo mayoritario de incumplimiento por parte de las unidades en el Consejo Nacional de Concesiones, sin embargo en los años siguientes ocurrieron situaciones similares donde por ejemplo de las fallas del 2019, la Secretaría Técnica fue informada hasta el 2023 para un plazo de 48 meses.
La auditoría enfatiza que la Gerencia de Proyecto incumplió con parte de lo dictado por el contrato que establece que son cinco los días hábiles para aplicar los procedimientos de multa al concesionario.
Otro de los hallazgos es que las 592 recomendaciones de sanción pasaron 5 meses en la Secretaría Técnica antes de trasladarlos al Área de Servicios Legales cuando eran los 10 días hábiles para aplicar el plazo de cumplimiento.
Para el especialista en Contratación Administrativa, Cristian Campos los hallazgos de la auditoría enfatizan los pésimos manejos y controles existentes en Concesiones respecto de proyectos que deberían recibir vigilancia constante.
«El CNC es una institución que no hizo hasta el momento bien su trabajo a lo largo del tiempo. Acá queda demostrado como tenemos problemas básicos y elementales en la formulación del contrato, y a eso le sumamos total inoperancia en la inspección y controles. Es una responsabilidad fundamental que un contrato como este cuente con un proceso de fiscalización de parte del Consejo Nacional de Concesiones», criticó el especialista.
Por otro lado el también experto en la misma área, Alejandro Calvo confiesa sus temores de que las sanciones, especialmente las más antiguas puedan ni siquiera cobrarse en razón de la caducidad.
«Esas multas a mí entender, y si no me equívoco están preescritas, lo digo porque ya lo vi cuando hace 4 años en el seno del Contencioso se cobraban otra serie de multas y al ir a los tribunales, la administración recibió la respuesta de que las cobraron a destiempo. Eso muestra un desvío por parte la responsabilidad de los actores a cargo», manifestó Calvo a nuestra consulta.
Para ambos especialistas la parte más preocupante es identificar que del total de eventuales expedientes sancionatorios, la misma Auditoría exponga que 118 de ellos están extraviados.
«Una instancia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes evidencia la cruda realidad de la total irresponsabilidad en el proceso de fiscalización y en el proceso de ejercicio de las sanciones económicas. Esto abre varias aristas delicadas: ¿qué pasa con todas las sanciones que no se cobraron y con los expedientes?, y sobre todo sí es posible crear nuevamente los hechos que sustenten los cobros de las sanciones económicas», amplió en las declaraciones Campos.
Por su parte para Calvo la ley de Concesiones tiene similitudes con la Ley de Control Interno, y es la minimización de riesgos y la parte documental de cómo le doy seguridad a la documentación y la trazabilidad que debe tener sobre temas tan importantes.
A raíz de estas situaciones, tanto el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón; como la Ministra de Planificación y Política Económica, Martha Esquivel presentaron denuncias penales contra José Manuel Sáenz, como ex secretario ejecutivo de Concesiones y Alexandra Cerdas como la ex directora de Asesoría Jurídica del brazo auxiliar del Mopt para estos asuntos.
