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Sanción a Johnny Araya es ejemplo de necesidad de cambio en San José, dicen opositores

by Óscar Ugarte

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó suspender al alcalde de San José, Johnny Araya, por la contratación irregular de un bufete de abogados.

La nueva sanción de la Contraloría General de la República (CGR), en contra del alcalde de San José, Johnny Araya, causó críticas por parte de dos aspirantes a ocupar el más alto cargo municipal.

La CGR inhabilitó a Araya por 20 días, sin goce de salario, por la contratación por excepción de la empresa BDS Asesores Jurídicos por ₡22,5 millones.

Para Diego Miranda, candidato a alcalde de San José por el Partido Juntos y actual regidor del cantón, afirmó que los actos señalados eran graves y notorios.

“Desde hace mucho tiempo nosotros habíamos insistido en relaciones que eran cuestionables, de que había intercambio entre la Municipalidad y BDS de personas que tenían relaciones familiares entre sí, o que habían sido funcionarias municipales y muy pronto terminaron trabajando para la empresa y esa empresa terminó ganando contratos que tenían que ver o estaban directamente relacionados con esos funcionarios municipales”, criticó.

Miranda agregó que estas situaciones se han presentado durante muchos años y deben cambiar, ya que “la sanción que le hace la Contraloría al alcalde solo confirma prácticas que ya hemos venido planteando que son necesarias de revisar en la municipalidad de San José y de que evidentemente tenemos que combatir a una mafia política que está articulada y que ha utilizado los recursos públicos para beneficiar a grandes amigos”.

La aspirante a la alcaldía de San José por el Frente Amplio, Patricia Mora, dijo que la capital requiere una nueva administración para evitar estos hechos.

“La Municipalidad del cantón central de San José tiene más de 30 años de estar en las mismas manos, en las manos del Partido Liberación Nacional, en las manos del señor Johnny Araya Monge, y con vergüenza ajena nos hemos enterado de que de nuevo el señor Araya ha sido suspendido por ser el señalamiento de actos de corrupción”, indicó.

Mora añadió que este tipo de hechos “se le han venido señalando desde hace años, lo hemos visto aprehendido por las autoridades y suspendido en sus labores. La capital de nuestro país no se merece un alcalde con esas características y por eso estoy dispuesta a trabajar sin descanso por limpiar de corrupción el gobierno municipal”.

Defensa

Por su parte, el socio director de BDS Asesores, Marco Durante, empresa relacionada con el castigo a Araya, explicó la situación que se presentó con la Municipalidad.

“Como parte de las normas que regulan el procedimiento conducido por la Contraloría se autoriza de forma expresa a los proveedores a depositar el 10% del monto total de la contratación y con ello quedar excluidos totalmente de la relación de hechos, sin que se entienda de forma alguna como una aceptación de responsabilidad.

Desde mayo del 2022 se hizo así y por resolución de la Contraloría quedamos excluidos de dicho procedimiento de investigación; desde entonces, y al no ser un asunto que no se incluya, porque fue competencia de la Municipalidad el proceso de contratación, desconocíamos lo resuelto por la Contraloría. De nuestra parte fuimos y somos respetuosos de este tipo de Procedimientos y estamos absolutamente tranquilos de haber cumplido la cabalidad con todo lo pertinente actuando de derecho y siempre con la transparencia requerida”, aseguró el vocero.

Consultado por Noticias Columbia, el alcalde de San José, Johnny Araya, aseguró que la contratación pasó por los filtros necesarios en la Municipalidad.

“La Dirección Jurídica establece que cumple con las condiciones para ser catalogado oferente único por el expertise y la capacidad que ese despacho tenía. Ellos mismos me elaboran la carta que yo le envío a la Proveeduría diciéndole que inicie el procedimiento de contratación, de acuerdo al criterio de la Dirección Jurídica”, defendió.

Araya sostuvo que “la Proveeduría es la que lo contrata, no soy yo, es la Proveeduría. La Proveeduría es un órgano técnico, yo no soy abogado ni experto en contratación administrativa, la Proveeduría hubiera detectado que había alguna inconsistencia o que no era correcto”.

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