El Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José absolvió por duda a los cuatro policías involucrados en el presunto maltrato animal en Goicoechea.
Las partes del caso del presunto maltrato animal donde se incluyó a cuatro oficiales de la Fuerza Pública sostienen posiciones contrarias sobre la reciente decisión judicial.
El fin de semana, el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió por duda a los cuatro policías involucrados en el presunto maltrato animal en Goicoechea.
Fue el pasado 9 de agosto en ese cantón, específicamente en el distrito de Purral, que las cámaras vecinales captaron patrullas policiales pasando por encima de un perro que yacía en la calle.
Los oficiales fueron acusados por la muerte del animal, pero el Tribunal determinó que no se pudo demostrar con certeza la intención de los oficiales de matar al animal, lo que se conoce como dolo.
Además, se rechazó la acción civil resarcitoria que reclaman algunas organizaciones de bienestar animal.
Esteban Córdoba, abogado defensor del caso, está satisfecho con la decisión judicial, la cual considera “justicia”, pues, a su criterio, se realizó un análisis adecuado del caso.
“A la hora de valorar los elementos de manera conjunta (vídeos, declaraciones prueba documental), nos parece que la fuerza concluye de manera correcta el establecer de que no se les podría atribuir responsabilidad a los oficiales, acá hay algo importante que hay que señalar: recordemos que el tipo penal de muerte animal, si mal no recuerdo el 279 ter, es una dinámica de acción en la cual solicita o tiene como requisito que la ejecución de esa acción sea con dolo, o sea, querer realizar la acción, querer alcanzar el objetivo de darle muerte al animal en este caso, esa circunstancia no se logró demostrar, sumado al hecho que refirió la jueza en su exposición de dificultades serias y fuertes en relación al requisito de la imputación en la redacción de las querellas, la jueza refiere, de manera clara, que las mismas presentan problemas graves en relación a este requisito, que inclusive afectaba el derecho a la defensa, porque no generaba una claridad en relación a cuál era la dinámica específica o cómo se dio exactamente el hecho para venir a acusar a los oficiales”, dijo.
El abogado añadió que el ordenamiento no está “para complacer a las masas”, sino para que se aplique adecuadamente.
Posición contraria sostiene la representante de la asociación ABAA Animal, Maricruz Uba, quien cuestionó el resultado del proceso judicial por promover, desde su punto de vista, la impunidad.
“Pues lo que queda es un sentimiento de impunidad, un sentimiento de que no se hizo justicia, la señora jueza consideró que no había prueba suficiente y contundente para estar seguros de que los oficiales que viajaban en sus patrullas pudieron ver al perro y aún así pasarle por encima, entonces aplicó lo que se llama el in dubio pro reo, esto es que la duda favorece al reo y se debe dictar absolutoria, sin embargo, la señora jueza sí hizo hincapié en que no es por inocencia, se dicta la absolutoria pero eso no significa que sean inocentes, entonces no se hizo justicia, es una situación bastante complicada, fue un juicio muy complicado, muy discutido, Costa Rica sabe, Costa Rica vio ese video, todo Costa Rica sabe que ellos sí vieron ese perrito, todo Costa Rica sabe que ellos sí son responsables de la muerte de Rocky”, respondió.
