El magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, fue ratificado por la Asamblea Legislativa por un periodo más, al recibir únicamente 25 de los 38 votos en contra necesarios para su no reelección.
Desde la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres lamentaron la decisión de los diputados que reeligió al magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez, quien ha sido denunciado por presunta conducta sexual inapropiada.
La representante de este movimiento, Sylvia Mesa, mencionó que sabían de antemano que sería difícil, ya que se requería mayoría calificada que votara en contra de la reelección de Sánchez.
Según la líder feminista, los argumentos utilizados por los diputados que apoyaron al magistrado fueron lamentables. Además, cuestionó que no se refirieran a temas propios de su labor, como la mora judicial que maneja Sánchez.
«Nos preocupa mucho porque los diputados y algunas diputadas que hablaron, en lugar de hablar de la trayectoria del señor o de su idoneidad para el cargo, se dedicaron a atacar a quienes lo habían denunciado. Se dedicaron a atacar a una jueza que lo denunció y con los argumentos de siempre, ‘que no ha sido juzgado’, ‘que hay una presunción de inocencia’, pero no hablaron nunca del señor, hablaron siempre de la víctima. A pesar de que no haya habido juicio, sí hay otros elementos que podrían haberse tomado en cuenta para no reelegir al magistrado. Se podrían haber tomado en cuenta sus decisiones consistentes en contra de mujeres, por ejemplo, él fue el que falló en el caso del exdiputado Tinoco a favor del señor, obviando el principio de inversión de la carga de la prueba que tiene el hostigamiento sexual, tanto es así que fue revocado en una estancia superior. Varias sentencias de este señor fueron revocadas, lo cual le ocasionó gastos al Estado porque hubo que indemnizar a esas personas porque no se había juzgado correctamente», mencionó Mesa.
La representante de la Red Feministra señaló que para las mujeres es complicado denunciar actos sexuales inapropiados, más aún para casos como en el que incurrió, presuntamente, el magistrado, según una jueza que lo expuso.
«Los argumentos que se esgrimieron, como suelen esgrimirse contra las mujeres que denuncian, es que están mintiendo, que están locas, que no tienen razón, que malinterpretaron la actitud del denunciado. Además, en este caso se dijo que por qué ella no lo había denunciado antes, la jueza que lo denunció, parece que fueron hace muchos años los casos y cómo fue que no lo denunció antes. En realidad, cuando se viven situaciones de violencia, son situaciones de poder también y esta señora era una jueza interina en el momento de los hechos y él un juez en propiedad, entonces había un desbalance de poder. También, cuando las mujeres somos agredidas siempre solemos pensar ‘no, nadie me va a creer esto'», indicó la activista.
Finalmente, Mesa agregó que es lamentable que Costa Rica esté retrocediendo en la protección de derechos de las mujeres, en comparación con otros países de la región.
«El país ha suscrito convenios internacionales. El país suscribió en 1995 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el país, como todos los países, tiene que hacer informes periódicos que son evaluados por el organismo competente, que en este caso, es el comité de expertas que da seguimiento a la aplicación de la convención en todos los países de América Latina. Costa Rica creo que va a bajar en sus calificaciones anteriores, donde fue un país pionero en materia de la prevención y la protección de las mujeres. Costa Rica fue el primer país de América Latina en tipificar el femicidio, Costa Rica fue el primer país en crear redes locales para trabajar coordinadamente para atender la violencia, en tener un sistema de atención de la violencia y en este momento vemos como se van debilitando las políticas públicas, no solo a nivel del Poder Legislativo, sino también a nivel de Poder Ejecutivo», añadió Mesa.
