Con 24 votos a favor y 19 en contra, los diputados aprobaron este lunes el denominado “Informe de minoría”.
¿Qué sigue tras la aprobación del informe sobre presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)?
Con 24 votos a favor y 19 en contra, los diputados aprobaron este lunes el denominado “Informe de minoría” que emitieron las representantes de Liberación Nacional y el Frente Amplio en la Comisión especial investigadora de las presuntas irregularidades dentro de la Caja.
La historia de la Comisión
Este órgano legislativo se conformó en octubre del 2024 (exp. 24.617), tras una propuesta firmada por 28 diputados, con el fin de que se ahondara en la contratación de asociaciones y cooperativas de salud con presuntos sobreprecios -que llevó a la apertura del caso judicial conocido como “Barrenador”-, así como otros temas de la Caja en los cuales había cuestionamientos.
Su instalación provocó enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, pues mientras la diputada Pilar Cisneros pedía esperar avances judiciales, el liberacionista Oscar Izquierdo insistía en que la investigación legislativa iría más allá.
La Comisión se instaló el 9 de octubre de ese año con siete miembros: Andrea Álvarez y Paulina Ramírez (PLN), Diego Vargas (independiente), Maria Marta Carballo (PUSC), Olga Morera (PNR), Rocío Alfaro (FA) y Daniel Vargas (PPSD).
Además del “Caso Barrenador”, los diputados abordaron temas como la deuda del Estado con la CCSS, la suspensión del portafolio de inversiones y la crisis con médicos especialistas.
Luego de más de 40 sesiones realizadas en poco más de un año, la Comisión cerró su trabajo legislativo a finales de febrero, con la existencia de dos informes: uno de mayoría, suscrito por el oficialismo, Nueva República, la Unidad Social Cristiana y el independiente Luis Diego Vargas; y uno de minoría, presentado por Liberación Nacional y Frente Amplio.
Discusión de los informes
Este 23 de marzo, tras la discusión de los informes, se rechazó el de mayoría y se aprobó el informe de las diputadas Rocío Alfaro (FA), Andrea Álvarez y Paulina Ramírez (PLN).
“Si bien es cierto, algunos de estos problemas son heredados, este gobierno tuvo 4 años para hacerle frente a los problemas y en realidad o no los solucionó o se agravaron, entonces ahí sí señalamos responsables políticos, principalmente la expresidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, que estuvo a cargo de la institución por un tiempo más prolongado; en lo que le compete a su gestión a doña Mónica Taylor, principalmente con temas del ERP; también señalamos la irresponsabilidad desde el Poder Ejecutivo, no solo de haber tenido una intromisión indebida en la junta directiva, sino de dar un direccionamiento que va más allá del direccionamiento que permite nuestro sistema constitucional; y finalmente sí hacemos un señalamiento a las juntas directivas de que en algún momento pecaron de complacientes con lo que les solicitaba el Poder Ejecutivo”, detalló la diputada Álvarez en entrevista con Columbia.
¿Qué pasa con el informe una vez aprobado?
Según el Reglamento Legislativo, “la Presidencia deberá garantizar la más amplia divulgación de estos informes por medio del sistema de información de la Asamblea Legislativa”.
Dependiendo de las conclusiones del informe en discusión, se debe remitir el documento a diferentes instituciones públicas y, en muchos casos, al tratarse de procesos de investigación, se envían al Ministerio Público para su tramitación.
En el caso del informe sobre la CCSS, las conclusiones dictan a grandes rasgos:
- Traslado del informe al Ministerio Público como “insumo técnico para que se valore la eventual existencia de hechos que puedan constituir ilícitos penales”
- Orden de apertura de investigaciones y procedimientos administrativos disciplinarios a instituciones como la Junta Directiva y la Auditoría Interna de la CCSS, la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética Pública
- Revisión de las políticas actuales y adopción de medidas para evitar intromisión del gobierno de turno en la CCSS
- Impulso de proyectos de ley que ayuden a mejorar las gestiones a lo interno de la CCSS, desde las contrataciones, hasta su relación con otros jerarcas y decisiones internas
“Las y los diputados tienen libre poder de decisión para aprobarlos o no, si un informe es aprobado, los diputados que estén en contra de él pueden presentar una moción de revisión de la votación -vía artículo 155 del Reglamento-, si la revisión no se aprueba, o si no se presenta ninguna revisión, en la sesión posterior a la aprobación del informe, la votación de dicho informe quedará en firme y el asunto será comunicado; los informes de las comisiones legislativas investigadoras aprobados por la Asamblea no tienen el carácter de ser vinculantes, en realidad sólo son recomendaciones dadas por la Asamblea en el ejercicio del control político”, explicó Fernando Campos, director del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Reacciones
Columbia solicitó una respuesta al Gobierno, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la expresidenta de la entidad y diputada electa, Marta Esquivel.
Con la Caja la consulta se mantiene en trámite; Esquivel contestó vía mensaje que se encontraba fuera de San José y que podía responder hasta el jueves; el Gobierno aún no da respuesta.
