Como un “rompimiento del orden constitucional”: así catalogaron los diputados de oposición la decisión del oficialismo de devolver a comisión la lista de candidatos a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
Luego de varias semanas sin discusión, 11 rondas de votación sin que los 18 candidatos alcanzaran la mayoría calificada necesaria, y una orden de la Sala Constitucional, las jefaturas de fracción fijaron un nuevo intento de debate para este martes 29 de setiembre.
Sin embargo, por iniciativa del diputado oficialista José Miguel Villalobos, la fracción de Pueblo Soberano aprobó una moción para devolver la lista de candidatos a la Comisión de Nombramientos.
La justificación del oficialismo
El diputado Villalobos puso en duda la decisión de la Sala Constitucional de someter sólo nueve de las 12 plazas a discusión, y argumentó que hay algunos candidatos que podrían quedar por fuera de la decisión.
“Les leí el caso de Cristian Campos, nombrado en la junta directiva del Banco de Costa Rica, eso es incompatible con ser magistrado suplente, ya quedaron 17; doña Rosibel Jara presentó una renuncia por correo y dijo que no quería seguir como candidata a magistrada suplente y después renunció a la renuncia, hay que analizar si eso es posible, pero en principio quedaron 16, pero hay que recordar lo más importante, el artículo 164 de la Constitución y el 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el número de candidatos suplentes que debe enviar la Corte a la Asamblea es del doble de las vacancias, ¿cuántas vacancias hay de suplentes en la Sala Constitucional? 12, porque 12 fueron los que se prorrogaron, ¿cuánto es el doble de 12? 24, no 18, la Sala y la Corte están violando la Constitución y está fracción no lo va a permitir”, señaló.
Las críticas de la oposición
Al término de la sesión del Plenario, el bloque de oposición cuestionó el proceder de los diputados de gobierno, argumentando que nuevamente aplazaron la decisión que obligatoriamente debe tomar la Asamblea Legislativa por orden constitucional.
La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, calificó el proceder oficialista como un “rompimiento del orden constitucional”.
“Si la fracción de gobierno dice ‘no vamos a respetar la Constitución que todos aquí, todos y todas juramos respetar’, ¿qué sigue en Costa Rica? Si ya no vamos a respetar las resoluciones de los tribunales, ¿qué sigue en Costa Rica? Si ya no vamos a respetar los reglamentos, la propia Asamblea Legislativa, ¿qué sigue en Costa Rica? ¿Qué sigue cuando un Estado decide que los tribunales y las leyes ya no se tienen que respetar? ¿Cómo entramos la ciudadanía en indefensión? ¿A quién se recurre? Si ya las resoluciones de un tribunal no tienen que respetarse por parte del Poder Ejecutivo ni tampoco por su fracción aquí en la Asamblea Legislativa, ¿cómo es el manejo de una Asamblea Legislativa por parte de un directorio que no respeta el mismo reglamento de la Asamblea Legislativa? ¿A dónde estamos yendo, costarricenses? Veamos la ruta en la que esta administración y su fracción en la Asamblea Legislativa nos quieren llevar”, cuestionó.
Tanto Dobles como el jefe de la fracción frenteamplista, José María Villalta, aseguraron que hubo incumplimientos constitucionales, del Reglamento y de acuerdos entre agrupaciones por parte de la bancada de Pueblo Soberano.
Por este motivo, presentarán una gestión ante la Sala Constitucional por no acatar una de sus resoluciones.
“Vamos a presentar una gestión de desobediencia, por desobediencia, por desacato de la orden de la Sala Constitucional, es evidente que hay un incumplimiento, una nueva táctica dilatoria, un atraso más, no hay un motivo justificado para devolver la nómina a la comisión y claramente es una moción que no está establecida en el reglamento, no es una moción 154 efectivamente y es una moción que desconoce un nombramiento, una nómina para un nombramiento que ya había sido presentado ante el pleno”, señaló.
Por su parte, el jefe de la fracción liberacionista Álvaro Ramírez alegó que el proceder del oficialismo es un “pretexto”.
Para él, se trata de una intención de menoscabar el Poder Judicial y tomar su control.
“Vean ustedes que ellos denunciaron un golpe de estado judicial cuando la Sala dijo que nombraba temporalmente a los magistrados suplentes, y ahora dicen que gracias a que la Sala hizo eso, entonces ahora no hay prisa, vean ustedes la cantidad de contradicciones y de cosas absurdas, todo esto tiene un solo objetivo y fue la declaración del ministro Chaves de que querían el control del Poder Judicial, aquí no hay ninguna conspiración que nos estamos inventando, es una declaración expresa del ministro Chaves que dijo: ‘voy por el control del Poder Judicial’; lo que estamos hablando es de un intento autoritario de tomar el control de un poder independiente para socavar la democracia, de eso se trata este episodio”, expresó.
