Adjudicación corresponde al caso Barrenador, investigado por la Fiscalía, por presuntos sobreprecios.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó iniciar el proceso de nulidad absoluta del procedimiento de licitación que adjudicó 10 áreas de salud a una serie de cooperativas, investigada en el caso Barrenador.
Fue el pasado 6 de julio que el máximo órgano de la institución firmó esta contratación, la cual, en apariencia, habría tenido sobreprecios.
Para que quede en firme la nulidad de la adjudicación, la Junta Directiva solicitó al Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) que proceda con el trámite del procedimiento administrativo correspondiente.
Posteriormente, tendría que ser anulada por la Contraloría General de la República (CGR).
¿Qué pasará entonces con los asegurados que eran atendidos en estas áreas de salud?
El gerente médico de la Caja, Alexánder Sánchez, planteó tres posibles caminos para dar continuidad a los servicios, siendo que la primera es mantener a las cooperativas al frente de la administración de los ebais mientras que se realiza una nueva licitación.
«La primera estrategia es la contratación por terceros. Eso implica la elaboración de un pliego de condiciones, hay una identificación de los riesgos asociados a a continuar en ese proceso de contratación, identificación de estos prerrequisitos que sean necesarios para establecerlos, la estimación de la duración de la operación de todos los pliegos de condiciones que debe llevar el cartel de licitación y la determinación de roles y responsabilidades. Básicamente, en esta condición es cuando estamos planteando poder hacer una contratación de servicios de urgencia con proveedor idóneo, en el entendido que se mantendrían las mismas cooperativas brindando los servicios como hasta ahora, mientras se desarrolla un cartel de licitación formal y con todas las condiciones ordinarias en plazos y demás», detalló el gerente médico.
Sánchez indicó que una segunda posibilidad tiene que ver con la transferencia de la administración de estos ebais a las áreas de salud cercanas, por un periodo máximo de 3 años.
«La segunda estrategia es que se materialice uno de los riesgos potenciales y es que alguna de las cooperativas decida abiertamente no continuar con el proceso de licitación y no pueda ser adjudicada, que no encontremos un proveedor que pueda continuar prestando los servicios como hasta ahora. Entonces, es cuando nosotros hemos planteado la posibilidad de asumir una redistribución de la prestación de los servicios de salud con recursos propios. Establecemos un análisis de las posibilidades de la redistribución a poblaciones adscritas a estas áreas de salud, un análisis del diagnóstico de estas condiciones, identificación de las necesidades de cuáles deben ser los recursos para poder asumir con recursos propios. Igual hacemos un proceso de identificación de riesgos y una estimación de la duración preliminar de esta redistribución de la población. ¿Y por qué debe ser contingencial? No es sostenible en el tiempo asumir con recursos propios en instalaciones que ya están siendo utilizadas por otra población y esto nos permite determinar si podemos solicitarlo o, en definitiva, si hay que terminar institucionalizándolas», explicó Sánchez.
Como tercera alternativa, el gerente médico habló de la posibilidad de que la institución asuma la atención de las áreas de salud.
Dentro de los retos de esta propuesta, Sánchez indicó que podría haber retrasos ya que no toda la infraestructura que se utiliza en la actualidad pertenece a la Caja.
«Es definitivamente asumir con recursos propios toda la prestación de los servicios de salud. Es una estrategia que corresponde a este órgano superior, a la Junta Directiva, basado siempre en criterios de satisfacer el interés público. Podría ser las áreas de salud como tal, podría ser que nosotros tengamos alguna resectorización dependiendo de la oferta de la prestación del servicio que queramos brindar y fusionar algunas áreas. Eso es un proceso que debe ser paulatino porque debe ser un proceso muy serio. Normalmente, estimamos que podría andar entre los dos y los tres años hacer los estudios que corresponden, la contratación del personal, el equipamiento, pero más allá de eso es la infraestructura en la que deben trabajar, porque alguna infraestructura en la que trabajan áreas de salud es propia de la institución, pero otra no. Entonces, ahí sería cuando la institución tiene que salir a buscar los espacios donde pueda construir infraestructura o comprar infraestructura ya hecha y eso es lo que puede retrasar», afirmó el gerente médico.
Oscar Abellán, gerente general de Coopesiba, una de las cooperativas adjudicadas en la licitación, afirmó que su propuesta fue justa y equilibrada para los asegurados.
Además, indicó que el proceso determinará que actuaron de manera transparente.
«El proceso administrativo definido por la Caja Costarricense de Seguro Social determinará si la licitación se anula o procede. Como parte involucrada, presentaremos nuestro descargo dentro del marco de dicho proceso. Mientras tanto, Coopesiba continuará brindando la atención a los asegurados de las áreas de salud de Barva y San Pablo de Heredia. Reafirmamos que nuestra propuesta fue justa y equilibrada a favor del asegurado. Ampliamos el servicio en la forma que lo exigió el pliego, que es congruente con el incremento de la población que debíamos atender y lo hicimos muy por debajo del presupuesto definido por la Caja en la licitación. Somos respetuosos y confiamos en los procesos abiertos por las distintas autoridades que concluirá que nuestro accionar ha sido correcto, transparente y conforme el marco jurídico que nos regula», aseguró Abellán.
