Una de las propuestas sobre extradición se encuentra convocada para este período de sesiones extraordinarias.
¿Qué ha sucedido con las propuestas para ampliar los delitos por los cuales se extraditan costarricenses?
Desde la aprobación de la reforma constitucional para habilitar la extradición de nacionales en mayo del 2025, se permite el traslado de costarricenses a otros países para ser procesados judicialmente, siempre que se trate de delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.
Sin embargo, ha habido al menos dos intentos para ampliar las causales para extraditar costarricenses, e incluir delitos como el tráfico de órganos y de armas y la trata de personas con fines sexuales.
Propuesta de Gilbert Jiménez
La primera propuesta fue la reforma al artículo 32 constitucional (exp. 25.122) presentada el 4 de agosto del 2025 por el entonces diputado Gilbert Jiménez.
“Presentamos esa iniciativa en la cual se constituye también aquellos delitos contra el tráfico ilícito de órganos, tejidos o cédulas humanas, la trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico ilícito de armas o tráfico ilícito de migrantes, que son ampliaciones que se estaban dando a la Ley de Extradición a los delitos ya determinados, lo cual vienen a afectar fuertemente la seguridad pública, así como la vida y la integridad física y los derechos humanos, entre otros, de las personas”, explicó el exdiputado.
Según explicó el legislador a Columbia, se realizaron algunas lecturas, que son los primeros requisitos en el trámite de una reforma constitucional, antes de que se conforme una comisión y se someta a debates, pero no ha habido mayor trámite desde noviembre del 2025.
La iniciativa del Gobierno
Posteriormente, el gobierno de la presidenta Laura Fernández presentó el pasado 3 de agosto una nueva propuesta de reforma al artículo 32 constitucional para ampliar las causales de extradición a delitos calificados como “graves” (exp. 25.686), según explicó la mandataria en julio anterior.
“Vamos a incluir dentro de la Constitución el tráfico internacional de drogas, el terrorismo y su financiamiento, la legitimación de capitales, la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de órganos, tejidos y células humanas, sicariato y homicidios vinculados con estructuras criminales organizadas, la participación en organizaciones criminales transnacionales, el cibercrimen, ciborterrorismo y ciberfraude que comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado costarricense”, detalló la mandataria.
La propuesta del gobierno se encuentra en la lista de proyectos convocados por el Ejecutivo para estas sesiones extraordinarias.
El viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, indicó vía escrita a Columbia que los delitos incluidos “son los delitos en donde se da mayor incidencia transnacional”.
