Presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó determinación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sobre falsedad de supuesta prueba.
¿Qué implicaciones o consecuencias tiene la presentación de una prueba falsa en un proceso de investigación judicial?
Recientemente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) anunció que el “Área de Contabilidad de Costos de la CCSS no emitió ningún estudio de razonabilidad de precios, previo al que consta en Sistema de Compras Públicas (SICOP), ni a nivel de borrador, ni tampoco en forma de papeles de trabajo, por lo que no existe un estudio preliminar. Lo anterior, descarta la veracidad del documento aportado”, en relación al documento adjuntado por la defensa de los sancionados en el caso Barrenador.
Este, en apariencia, demostraba que los ebais contratados por la Junta Directiva eran más baratos para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que ser operados por la propia institución.
Además, la Fiscalía agregó que “no ha existido estudio previo y tampoco los funcionarios a cargo han realizado o firmado documento preliminar alguno y que este documento que difiere del oficial, al contener información falsa es un documento falso”.
Esto también fue confirmado por la jefa del Área de Contabilidad de Costos de la Caja, Azyhadee Picado, durante una audiencia ante la comisión legislativa que estudia aparentes irregularidades en la institución.
«Sobre el documento no me puedo referir por ser parte de la investigación penal que se encuentra, en este momento, en la Fiscalía; sin embargo, lo que debo aclarar es que el único estudio formal integral que nosotros desarrollamos es el que está subido en SICOP en abril, no hay otro estudio previo a ese», afirmó Picado.
Para el abogado experto en Administración Pública, Josué Bogantes, es importante entender en qué consiste que un documento sea categorizado como falso.
«Cuando hablamos de falsedad, estamos indicando que es esa posibilidad de que se pueda realizar, incorporar o incluso usar un documento que tiene información que es inexacta, que no es veraz o que contraviene la realidad», explicó el abogado.
De igual manera, Bogantes describió algunos delitos en los que podría estar incurriendo una persona que cree o utilice documentación pública falsa.
«En primera instancia, es importante tener en cuenta que la normativa costarricense, en el artículo 45.2 del Código Procesal Civil, establece qué son documentos públicos y los documentos públicos son todos aquellos redactados o extendidos por funcionarios públicos, de acuerdo a las atribuciones y las calificaciones que así les haya dado la ley. A su vez, el artículo 366 del Código Penal establece que será reprimido con pena de prisión, de uno a seis años, el que hiciere en todo o en parte un documento falso público, o auténtico, o alterar en uno verdadero, de modo que pueda generar perjuicio. Además, si esto es ocasionado o es cometido por un funcionario público, la pena es mucho mayor, la pena podría ser de 2 a 8 años. Otro delito que está relacionado con la falsedad de documentos es el 367 que establece que las penas que están previstas en el artículo 366 son aplicables al que inserte o hiciera insertar, en un documento público, declaraciones que son falsas. Otro delito relacionado con la discusión que estamos teniendo es el delito tipificado en el artículo 372 del Código Penal, que es el delito de uso de falso documento en el que se establece que será reprimido con 1 a 6 años de prisión el que hiciere uso de un documento falso o adulterado», amplió Bogantes.
Por su parte, pese a lo señalado por la Fiscalía, desde Coopesiba, una de las cooperativas adjudicadas por la Junta Directiva de la Caja, defienden la contratación.
Según explicó su gerente general, Oscar Abellán, se está ofreciendo un mejor servicio que en los ebais administrados por la Caja y sin un sobreprecio.
«En Coopesiba respetamos y apoyamos el proceso de investigación llevado a cabo por la Fiscalía y valoramos el esfuerzo de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para asegurar la mejor contratación posible. Creemos firmemente en el derecho de toda la población a recibir una atención médica de calidad, oportuna y eficiente. Queremos enfatizar que nuestra oferta no contiene ningún tipo de sobreprecio y que todas nuestras acciones están dentro del marco de la legalidad. Nuestros centros de salud han recibido las más altas evaluaciones y ofrecemos servicios a la Caja a un costo más competitivo, en comparación con un ebais equivalente», indicó Abellán.
Rodrigo Chaves reaccionó a declaratoria de falsedad a aparente prueba.
Desde el Poder Ejecutivo también reaccionaron a la declaratoria de falsedad de la prueba emitido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Ante una consulta de Noticias Columbia, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticó a las partes involucradas en la investigación del caso Barrenador, tanto del Poder Judicial, como las denunciantes.
Según el mandatario, era esperable que rechazaran la prueba que, supuestamente, libraba de responsabilidad a la exjerarca de la Caja, Marta Eugenia Esquivel y a los restantes miembros sancionados de la Junta Directiva de la institución.
«El Gobierno no es parte del caso Barrenador, eso es el montaje descarado para perjudicar a doña Marta Esquivel y tratar de golpear al Gobierno entre, de culpable a menos culpable, Carlo Díaz, fiscal; Marta Acosta, contralora; auditor de la Caja, el mismo que mantiene a su compañero sentimental ahí a pesar de que el señor es un delincuente convicto, el mismo que se compra lotes a precio de gallina blanca, el mismo que le montó a doña Marta Eugenia el montaje y a los mandos medios y técnicos de la Contabilidad de Costos. El Poder Judicial ya sabemos qué es lo que quiere. ¿Qué va a aceptar? Y le pregunta a los mismos que participaron en el engaño, en el montaje, en la charada, en el teatro, ‘¿Vea este documento lo debo yo aceptar como prueba o no?, porque si yo acepto este documento se cae el caso, el castillo en naipes que ustedes construyeron’ ¿Qué esperaba el juez que le iban a decir los implicados? ¿Que sí? Obviamente que no. Es una demostración más de la mala fe con que el Poder Judicial, presidido por don Orlando Aguirre y los magistrados de la Sala Tercera, Patricia Solano y los de la Sala Cuarta y todos estos dioses del Olimpo en torres de marfil, están queriendo utilizar. Yo esperaba un poco de decencia, pero no me sorprende», manifestó el presidente.
