La fracción del PLN criticó al Ministerio de Hacienda por no trasladar más de 9.000 millones de colones al OIJ y a la Fiscalía para la apertura de 283 plazas, pese a haber sido aprobado en el proyecto del presupuesto de la República.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, respondió a los señalamientos realizados por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) ante la decisión de no trasladar unos 9.000 millones de colones al OIJ y a la Fiscalía para la apertura de más de 280 plazas.
Según aseguró el jerarca de la cartera, es necesario considerar aspectos como las tasas de interés y el tipo de cambio antes de tomar la decisión de girar o no aquellos recursos que fueran asignados por los legisladores vía moción a ciertas partidas, tomados del rubro de pago de intereses de la deuda.
Acosta indicó que el Poder Judicial incluso estuvo de acuerdo con el presupuesto original asignado por Hacienda en el presupuesto ordinario del 2025.
«Todos los recursos que los diputados, mediante moción, tomaron de intereses y distribuyeron entre los diferentes ministerios, incluyendo el Poder Judicial, están congelados. Este no es un tema de seguridad, es un tema de oportunidad y de un riesgo que queremos cubrir. Nunca hemos dicho que no vamos a girar esos recursos, pero no podemos, de mutuo propio, pretender que sin saber cuál va a ser el comportamiento de las tasas de interés o del tipo de cambio, a priori giremos esos recursos. Bien lo saben en el Poder Judicial y, particularmente, don Randall Zúñiga, que esos recursos no se pueden liberar porque corresponden a recursos que no se distribuyeron. El Poder Judicial, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, dijo que estaban de acuerdo con lo que se le había asignado en el Presupuesto de la República. Esta fue una decisión de los diputados y no tiene que ver con un tema de seguridad, sino que tiene que ver con el riesgo que significa tomar recursos para el pago de intereses para utilizarlos en cosas que no estaban en el presupuesto inicial que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa», justificó el ministro de Hacienda.
Por su parte, la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, criticó a la bancada liberacionista por renunciar a apoyar proyectos de ley impulsados por el Gobierno mientras no se giren estos recursos al OIJ y al Ministerio Público.
Según Cisneros, no son justificables las razones del PLN para solicitar el traslado de los más de 9.000 millones de colones.
«Pongan atención costarricenses, les anuncio que ya estamos en campaña política, la comenzó Liberación Nacional en un acto de irresponsabilidad suprema al anunciar, con bombos y platillos, que no aprobará ningún proyecto del Poder Ejecutivo hasta que el Gobierno no le entregue casi 10.000 millones de colones al Poder Judicial para poder nombrar a 283 nuevos agentes del OIJ. La fracción verdiblanca renuncia a legislar; pero no renuncia, por supuesto, a recibir su jugoso salario de 4 millones por diputado. Renuncia a impulsar leyes que sí golpearían verdaderamente a la delincuencia, renuncian a su juramento de servirle a la patria y de representarlo a usted, el pueblo que los eligió. Esto es, ni más ni menos, que un chantaje político, una traición a la patria y Liberación Nacional lo hace con la excusa más estúpida. Según ellos, como el Ejecutivo no le aporta un 2% más al gigantesco presupuesto del Poder Judicial, entonces por eso el Gobierno es el único culpable por la criminalidad que azota este país», manifestó la oficialista.
Ante una consulta de Noticias Columbia, el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, explicó que no existe una obligación para el ministerio en cuanto al traslado de los recursos; sin embargo, aseguró que las justificaciones que han dado no parecen acorde a lo esperado de la cartera.
«Hay que recordar que el presupuesto es una autorización máxima de gasto. Esto significa que lo que se aprueba es gastar hasta ‘X’ cantidad de plata. No existe una obligación, por lo menos no se ha concebido así, de garantizar el traslado de estos recursos. En general, si no se hace, no pasa nada, del punto de vista de que se generen responsabilidades para los que no ejecutan el traslado de los recursos. La mejor prueba de esto es el gasto en educación que, si bien la Constitución dice que se tiene que gastar un 8% del PIB, no se gasta y finalmente no sucede nada, no hay ninguna sanción implícita. El razonamiento que está queriendo aplicar Hacienda, en este caso, a mí no me suena porque, en realidad, hay muchos gastos que dependen de deuda y eso se prevé en el presupuesto desde que se formula. Si no, entonces lo que debería hacerse es decir ‘no voy a presupuestar estas cosas que se van a cubrir con deuda, para no endeudarme’, lo que pasa es que son gastos que son necesarios para el funcionamiento de ciertas entidades del Estado y por eso se cubrieron con deuda», detalló Rodríguez.
