- Iniciativa trasladaría la decisión a las municipalidades y dejaría la fiscalización en la Contraloría.
El 13% de las leyes aprobadas en el actual periodo legislativo corresponde a traspasos de propiedades, una carga que el Congreso busca eliminar mediante una reforma constitucional que trasladaría esa competencia a las municipalidades.
El plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó admitir a trámite el expediente 24.649, el cual pretende eliminar la obligación de que los gobiernos locales soliciten autorización legislativa para donar o enajenar bienes inmuebles, con una votación de 33 votos a favor y 7 en contra.
La propuesta, que fue presentada en octubre de 2024 por el diputado del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz, reforma los artículos 121 inciso 14 y 174 de la Constitución Política para permitir que las municipalidades transfieran propiedades a otras entidades estatales mediante convenios interinstitucionales, mientras que el control recaería en la Contraloría General de la República de Costa Rica.
Según la exposición de motivos, en el periodo 2018-2022, 87 de 680 leyes aprobadas correspondieron a traspasos de propiedades, mientras que en el actual periodo esa proporción alcanza el 13%, lo que ha incrementado la carga legislativa en este tipo de trámites.
Campos defendió que la iniciativa busca fortalecer la autonomía local, al afirmar que “esta reforma se trata justamente de permitirle a las municipalidades tomar decisión sobre sus destinos (…) estamos hablando realmente de autonomía municipal”.
Desde los gobiernos locales, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, Maikol Porras, valoró el avance del proyecto y solicitó continuidad, al señalar que “nos complace saber del inicio de la tramitología (…) y pedimos a los diputados entrantes que prioricen el seguimiento”.
Por su parte, la alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, indicó que el cambio permitiría mayor eficiencia en la gestión municipal, ya que “permitiría una agilidad y una eficacia en el uso de los recursos (…) y mejorar la calidad de vida de la gente”.
La iniciativa también generó cuestionamientos, debido a los posibles riesgos en el control de los bienes públicos, ya que la diputada socialcristiana Vanessa Castro Mora votó en contra y advirtió que “hay un tema que me inquieta (…) la discrecionalidad que se podría generar con el traspaso de propiedades”, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener fiscalización sobre inmuebles que pertenecen al Estado.
El proyecto deberá ser analizado por una comisión especial, la cual tendrá un mes para rendir un informe, antes de que la iniciativa enfrente cinco debates distribuidos en dos legislaturas, lo que definirá si el país modifica el esquema de control sobre la transferencia de bienes públicos y avanza hacia un modelo con mayor autonomía municipal.
