Mientras los agricultores aseguran que es necesario para sobrevivir, expertos alertan sobre un nuevo impuesto que recaería en las familias.
Productores e importadores de arroz mantienen criterios opuestos ante el proyecto de ley de Fonarroz, que busca fortalecer a los agricultores nacionales. Actualmente, la iniciativa se encuentra en debate en la Asamblea Legislativa.
Los arroceros sostienen que necesitan la aprobación de esta propuesta para subsistir, pues aseguran que la Ruta del Arroz, impulsada por el actual gobierno, les ha generado un fuerte perjuicio económico.
El gerente general de La Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval, advierte que, de aprobarse la iniciativa, significaría un aumento en el precio final para el consumidor:
“La ley de Fonarroz lo que crea es un impuesto adicional y eso se cargará ya sea por los industriales o por los importadores de arroz pilado”.
Sandoval explicó que la cadena de producción se vería afectada y que la recarga recaería en el consumidor:
“Vamos a llevar el costo de importación en kilos, se suma el costo de producción local del empaque fortificado y terminado, además en un mercado muy competitivo. Definitivamente ese costo llegará al consumidor costarricense, quien terminará pagando más por cada bolsa de arroz”.
Por su parte, la economista Bertha Mora indicó que el proyecto responde a la difícil situación del sector arrocero nacional:
“Su objetivo es crear un instrumento financiero para dar estabilidad a los productores mediante recursos que compensen la caída de ingresos causada por la apertura arancelaria y el ingreso de arroz más barato del exterior. Lo que se busca es una salvaguardia de la seguridad alimentaria, preservar empleos rurales y mantener una base mínima de producción nacional”.
La diputada oficialista Pilar Cisneros señaló el 4 de septiembre, en declaraciones a Noticias Columbia, que el proyecto es innecesario:
“Si cerramos Conarroz y les damos a ellos la plata que se requiere para sostener Conarroz, yo creo que sería una gran ayuda. En todo caso, este proyecto de ley de Fonarroz no tiene sentido, porque si lo que quieren es repartir un subsidio, perfectamente Conarroz lo puede hacer”.
Ante ese planteamiento, Sandoval insistió en que Conarroz tiene recursos disponibles que podrían destinarse a los agricultores:
“Conarroz tiene un superávit guardado en un fondo de inversión con certificado de depósito a plazo que debería usarse para ayudar a los pequeños agricultores, pero la ley no lo permite. Deberían modificar la ley de Conarroz para habilitar ese uso. Hoy tienen más de 5 mil millones de colones en reservas y siguen recibiendo ingresos de importaciones y de la producción nacional”.
La economista Mora añadió que el consumidor podría resentir las consecuencias:
“Existe la posibilidad de que parte del costo se traslade al consumidor final y, por supuesto, eso generaría tensiones sociales”.
El aporte económico representará ₡12,6 por kilo de arroz, señalan los arroceros, lo que equivale a un promedio anual de ₡605 por persona, basado en el promedio de consumo de 48 kilos per cápita, mientras que el sector importador calcula un incremento de ₡19 por kilo.
