El proyecto volvió a su versión original luego de la aprobación de una moción, respaldada por el oficialismo y el PUSC.
El reciente cambio al proyecto de jornadas 4×3 provoca criterios divididos entre diputados, cámaras empresariales y sectores sociales.
Este lunes, los legisladores culminaron con la votación de las 2.564 mociones de fondo al proyecto de jornadas excepcionales o 4×3, que busca habilitar jornadas de 12 horas y descansos de tres días de trabajo en empresas que requieran procesos continuos de producción, específicamente manufactura tecnificada, dispositivos médicos y servicios corporativos.
De esas mociones se aprobó la 2.528, con el voto de la fracción oficialista y de la socialcristiana Abril Gordienko, dejando sin efecto modificaciones aprobadas previamente y regresando el texto a su versión original.
Como consecuencia, se eliminó la votación de los trabajadores para decidir si quieren acogerse o no a la jornada excepcional, una propuesta realizada en el período anterior por la fracción liberacionista con el respaldo del oficialismo de entonces.
Según el subjefe de la bancada de gobierno, Juan Manuel Quesada, el proyecto original busca que las jornadas sean voluntarias y con autorización previa del Ministerio de Trabajo.
“Esto nos permite volver a tener un texto de ley que va a promover más inversión, va a aumentar la competitividad del país y va a poder generar mucho más empleos para los costarricenses y para nuestros jóvenes”, indicó.
Por su parte, el Partido Liberación Nacional considera que la participación directa de los trabajadores en la decisión es necesaria para garantizar el equilibrio entre seguridad jurídica y derechos laborales.
Por este motivo, no están de acuerdo con el regreso del texto a su versión original, y así lo enfatizó el jefe de la fracción Álvaro Ramírez.
“Esa consulta es muy importante para garantizar ese necesario equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresarios, por esa razón es que la fracción de Liberación Nacional votará en contra de la moción de Pueblo Soberano y hemos reiterado ese compromiso de trabajar en el equilibrio entre la competitividad de derechos laborales y seguiremos trabajando con esa filosofía”, expresó.
Cámaras empresariales y sectores sociales discrepan
Fuera de la Asamblea Legislativa, los criterios también son diversos.
Desde las cámaras empresariales celebran que el texto volviera a su versión original, como fue presentado en el 2024 por la entonces diputada socialcristiana Daniela Rojas.
Así lo expresó, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio Arturo Rosabal.
“Mediante la aprobación de esta moción, el proyecto vuelve a su esencia, vuelve a ser un proyecto de ley que cuando se apruebe va a generar un marco en el que se van a generar mejores condiciones de competitividad para poder seguir atrayendo inversión extranjera directa y poder seguir fomentando la creación de mayor inversión nacional, se va a poder tener un marco legal en el que se pueda tener mayor flexibilidad en el tema de jornadas laborales sin que los trabajadores pierdan ningún tipo de garantía”, manifestó.
Por el contrario, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, condenó la decisión de la fracción oficialista y de la actual diputada del PUSC.
El sindicalista expresó que el proyecto no tendrá éxito y que tomarían eventuales acciones en su contra.
“Nosotros creemos que ese proyecto va a fracasar, es inconstitucional, viola tratados internacionales, por ejemplo el Convenio 1 de la OIT, que precisamente es la jornada de 8 horas, y además nosotros tenemos previsto, si se llegara a aprobar, lo cual no creemos, pero si se llegara a aprobar, vamos a llevarlo a sede constitucional primero y eventualmente a escenario internacional”, apuntó.
El proyecto será enviado a consulta una vez finalizada la votación de las mociones de revisión, según indicó la presidenta legislativa Yara Jiménez.
