El defensor adjunto, Juan Carlos Pereira, explicó en qué utilizarán esos recursos durante el 2026. Por su parte, la diputada Sonia Rojas, del PLN, indicó que la Defensoría «ha quedado debiendo».
La Defensoría de los Habitantes presentó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa lo que será su presupuesto para el año 2026, por un total de 6.264 millones de colones.
Este monto representa un crecimiento de unos 200 millones de colones, en relación con lo que recibió la institución para el periodo 2025.
El defensor adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, se refirió a la importancia de la entidad y destacó una serie de proyectos en los que trabajan, entre estos, algunos relacionados con regionalización.
«Para el futuro próximo, se tienen proyectos que pueden mejorar la protección de los derechos e intereses de las y los habitantes. Entre ellos, podemos mencionar que el Observatorio Nacional de Derechos Humanos ya cuenta con diseño normativo, conceptual y tecnológico gracias a la cooperación tripartita del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano. Actualmente, nos encontramos explorando alternativas para la puesta en marcha de su primera etapa de implementación.
En cuanto al fortalecimiento de la presencia institucional en las comunidades, la búsqueda de recursos económicos que hemos realizado para el proyecto de construcción de la oficina regional Chorotega en un inmueble propio, que ha estado sin uso, permitirá un significativo ahorro en términos de alquiler de edificios y justamente por la carencia de recursos propios es que recurrimos a la cooperación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la elaboración de los planos civiles, eléctricos y mecánicos. Como podrán identificar, la institución avanza al margen de las restricciones presupuestarias, encontrando en la cooperación nacional e internacional un aliado fundamental para el fortalecimiento de las capacidades institucionales», afirmó Pereira.
El funcionario detalló los usos que se dará a los 200 millones de colones adicionales que están recibiendo para el próximo año.
Por ejemplo, parte de estos recursos serían para impulsar el uso de inteligencia artificial en la Defensoría.
«Ese aumento de esos 200 millones lo que apenas nos permite es ponernos al día para poder hacer los nombramientos de las plazas que están vacantes, así como cumplir con las obligaciones que nos establece la Ley de empleo público, particularmente en lo que significa reconocer el salario global y que pasamos del salario compuesto. Entonces, esa obligación ahora nos permite eso y además de atender lo que teníamos como un retraso tecnológico, que una de las cosas que también estamos ya trabajando es incursionar en el uso de la inteligencia artificial para atender algunas de las solicitudes que recibimos de las y los habitantes», agregó Pereira.
Por su parte, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sonia Rojas, fue crítica de la labor regional que ha tenido la Defensoría de los Habitantes.
Según la legisladora verdiblanca, la institución ha quedado debiéndole a algunas comunidades y poblaciones vulnerables.
«A mí me parece que la población costarricense requiere muchísimo los servicios de la Defensoría de los Habitantes. Me parece que Costa Rica tiene una gran población vulnerable que, definitivamente, requiere que la Defensoría se acerque y se acerque a las comunidades rurales y a las comunidades indígenas a atenderlos presencialmente, porque muchas de las comunidades rurales y muchas de las comunidades indígenas no tienen ni siquiera acceso a internet y reciben atropellos de parte personeros de instituciones. Muchos de sus derechos son lesionados y no tienen quien los defienda.
La Defensoría no llega muchas veces a esos lugares y esto ha sido como una situación por siempre. A veces, no tienen ni siquiera acceso a un teléfono o a internet para llamar a la Defensoría, mucho menos para enviar un correo para decir la situación que está pasando con alguna lesión a sus derechos. Esto hace que no puedan surgir, por supuesto, con una defensa y puedan tener una vida de calidad como debería ser. Entonces, yo creo que la Defensoría queda debiendo», manifestó Rojas.
