Expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, aseguró que reconocimiento de deuda comprometería metas de Hacienda con respecto regla fiscal.
La deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aumentaría el nivel de endeudamiento que tiene el país con relación al producto interno bruto (PIB), en caso de ser reconocida por el Ministerio de Hacienda.
Así lo señaló el expresidente ejecutivo de la Caja, Álvaro Ramos, durante una comparecencia ante la comisión legislativa que investiga presuntas irregularidades en la institución.
Se estima que, en la actualidad, esta deuda supera los 4 billones de colones correspondientes, en su mayoría, al seguro de salud de menores de edad.
Según Ramos, Hacienda tiene una razón clara para no reconocer este monto en sus números de endeudamiento y esta se relaciona con la flexibilización de la regla fiscal en caso de disminuir la relación deuda PIB por debajo del 60%.
«Hoy en día, la deuda reconocida por el Ministerio de Hacienda, con todos sus acreedores, que anda entre 60% y 61% del PIB, en otras palabras, ya está a punto de cruzar el umbral hacia abajo de la Ley de Fortalecimiento y se les abren ciertas potestades. Si se le agregara la deuda de la Caja y se reconociera, son aproximadamente 8 puntos adicionales del PIB, en otras palabras, la deuda real del Ministerio de Hacienda, hoy en día, es casi 70 puntos del PIB, no 60. Entonces, en ese escenario, estaría muy lejano el día en que el Ministerio de Hacienda podría decir: ‘estoy debajo del umbral de la regla fiscal'», afirmó Ramos.
Por su parte, el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, explicó que es difícil definir el monto de esta deuda, lo cual complica al ministerio su reconocimiento.
El economista agregó que es necesario comprender cómo funciona esta morosidad, ya que ha aumentado rápidamente sin mayor detalle sobre la razón.
«El Ministerio de Hacienda, dado que todavía mantiene conflicto con la Caja sobre el reconocimiento de esta deuda, no la registra. La deuda existe porque en términos legales se ha reconocido que hay una obligación del Estado con la Seguridad Social, pero esa obligación no está debidamente registrada en las cuentas públicas, de manera que aparezca sumada al resto de la deuda. Entonces esto, probablemente, obliga a que en algún momento se tenga que conciliar de parte de las dos entidades sobre cuál va a ser el monto final de deuda para que quede registrado ese monto y, de una vez por todas, ya digamos que se reconoció por parte del Estado y cuál es el mecanismo de devolución de esa deuda. Desgraciadamente, pareciera que que no se sabe exactamente a qué responde, en términos de crecimiento, o sea, aumenta muy rápidamente y esto no tiene mayor sentido», detalló el economista.
Además, según Rodríguez, reconocer esta deuda va a cambiar en gran medida el panorama fiscal del país.
«Vamos a dejar de estar cerca de salirnos de la parte más restrictiva de la aplicación de la regla fiscal a volver a meternos de nuevo en una dinámica restrictiva por un tiempo indeterminado. Esto va a tener varias consecuencias, desde agregar años y mucha incertidumbre a los posibles ajustes salariales en el sector público, lo cual yo creo que hace insostenible esa medida desde esta perspectiva, a seguir limitando la inversión pública por una cantidad indeterminada de años más. Yo creo que esto nos obligaría a suspender la aplicación de esta parte más receptiva de la regla fiscal hasta no aclarar este tema y, por supuesto, nos obligaría agregar ingresos al erario público para poder atender año a año esta deuda y que se deje de estar acumulando. Lo cierto es que los números que tenemos hoy en la parte fiscal no reflejan el panorama tal y como es, en eso coincido con don Álvaro, porque la realidad de nuestra situación fiscal es otra cuando lleguemos a contabilizar la deuda con la Caja y en algún momento tenemos que hacer ese registro», agregó el exjerarca de Hacienda.
El representante de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Deivis Ovares, coincide con lo expresado por el expresidente de la institución.
Para Ovares, Ramos fue destituido como jerarca de la Caja por presentar una propuesta de arreglo de pago de esta deuda.
«Es inconcebible que el Gobierno de la República se niegue a pagar lo que le corresponde por mandato constitucional y que eso esté afectando, sistemáticamente, las soluciones a los asegurados, porque el hecho de que no se pague la deuda del Estado afecta a las listas de espera, afecta la prestación del servicio, afecta que no se pueda construir nueva infraestructura, que no se puedan crear las plazas necesarias. Por eso, hay muchos centros como el hospital de Cartago, como el hospital de Puntarenas, como el hospital de Turrialba que, o no han sido construidos o no se les dota el recurso humano que necesitan. Entonces, exigimos al Gobierno a ponerse al día con esta obligación y pagarle a la institución esta deuda histórica, que si tiene que llegar a un arreglo de pago pues que llegue a un arreglo de pago, pero que pague a la CCSS», manifestó el líder sindical.
Para la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, quien integra la comisión investigadora de la Caja, Hacienda no reconoce esta deuda para presentar números macroeconómicos que ‘no son reales’.
«Recibimos, en la comisión especial que investiga la situación de la Caja, al doctor Álvaro Ramos, quien nos confirmó las sospechas que teníamos sobre las razones de por qué el Gobierno de la República y la Presidencia Ejecutiva de la Caja no han hecho nada para cobrar la deuda que tiene el Estado con la Caja, una deuda que asciende ya a 4 billones de colones. La razón, la sospechada, es que con esto están dejando muy en alto las finanzas de Hacienda, porque el dinero que no se entrega no se desaparece, sino que es un dinero que se está utilizando para comprar bonos de deuda y así mantener indicadores macroeconómicos que no son reales», mencionó la legisladora.
