Noticias Columbia consultó a diferentes diputados al respecto; el impulsor de la iniciativa, Geison Valverde (PLN), calificó el acto como “un peligro para la democracia”.
Un proyecto buscaba prohibir a jueces de la República ser nombrados en altos cargos dentro del Poder Ejecutivo: ¿por qué cuatro fracciones lo desecharon?
Este lunes, 27 votos provenientes de las bancadas de Nueva República, la Unidad Social Cristiana y el oficialismo, además de la mayor parte del Partido Liberal Progresista y la diputada independiente Gloria Navas, llevaron al archivo el proyecto de ley que pretendía establecer una prohibición para que jueces del Poder Judicial, en funciones, puedan ser nombrados en cargos fundamentales dentro del Poder Ejecutivo, como direcciones ejecutivas, cargos de ministros y viceministros (exp. 23.150).
La iniciativa, dictaminada afirmativamente en abril del 2023, fue presentada por el liberacionista Geison Valverde, y contó con el apoyo de su fracción, del Frente Amplio y las diputadas Kattia Cambronero (PLP) y María Marta Padilla (independientes), para un total de 19 votos.
Valverde lamentó el rechazo de la iniciativa en el Plenario y aseguró que la democracia costarricense “está en peligro”.
“Esto incluso tiene un criterio de la Procuraduría General de la República, donde solicita más bien que sean todos los funcionarios judiciales, pero este proyecto de ley iba solo a los jueces de la República, porque pierden su objetividad una vez que tengan un puesto político, si usted tiene una carrera judicial debería especializarse en su carrera judicial y no pasarse a una carrera política, porque para eso existe la división de Poderes, esto era un proyecto estructural del Estado costarricense y de la división de Poderes, que partidos aliados a Chaves lo acaban de enterrar, y esto es doloroso, doloroso no para mí, doloroso para la sociedad costarricense y el gran peligro que esto representa a la democracia de este país”, aseveró.
¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la mayoría de diputados a desechar el proyecto?
Consultada por Noticias Columbia, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, señaló que no se puede limitar “a un buen ciudadano” servir al país.
“¿Por qué vamos a renunciar al aporte que pueden dar excelentes ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica que ocupan un cargo como juez o jueza de la República y que quieren servir en el Ejecutivo? Un excelente ejemplo es Fernando Ramírez, que es juez de la República y está con un permiso especial para ponerse al frente del Instituto Costarricense contra las Drogas, ¿por qué le vamos a negar esa oportunidad y ese excelente servicio que pueden dar al país jueces de la República? Yo no veo absolutamente ninguna incompatibilidad en que trabajen por un tiempo en un Ejecutivo que requiere sus servicios y luego vuelvan a sus funciones en el Poder Judicial, por eso lo votamos en contra”, respondió.
En la Unidad Social Cristiana sostienen un criterio similar. La jefa de fracción, María Marta Carballo, indicó que «es un proyecto que puede ser hasta discriminatorio, va en contra del derecho al trabajo y la idoneidad, si un funcionario es excelente no tiene porqué privarse de servirle al país desde el Poder Ejecutivo».
Por otra parte, la fracción de Nueva República indicó que siempre serán respetuosos de la división de Poderes, pero no creen que se aplique en términos absolutos.
“Nueva República sostiene que no podemos convertir la separación de Poderes en un tema absoluto, si hay un funcionario judicial, por ejemplo el caso que nos atañe, que puede darle al país su experiencia, su capacidad, lo que durante todos los años ha aprendido en la práctica y puesto en práctica, lo que ha aprendido en las universidades públicas, no vemos cómo ponerle un candado y mucho menos una piedra o tropiezo para que esto se dé, hoy en día la seguridad es el tema más sensible en la mayoría de los costarricenses, entonces la pregunta es: ¿debemos cercenar la capacidad de los servidores públicos que están entre los más capacitados para enfrentar este gran problema, para que le aporten a su país? Desde luego que no, esa sería la respuesta, sin embargo, es este el motivo por el cual la fracción de Nueva República votó en contra del proyecto de ley”, dijo Jose Pablo Sibaja, jefe de la bancada.
La independiente Gloria Navas alegó que la Corte Plena tiene la facultad de autorizar o no el traslado, mientras que un funcionario judicial puede ofrecer su conocimiento al Gobierno.
Finalmente, la fracción del Partido Liberal Progresista justificó su voto en la necesidad de especialistas dentro del Poder Ejecutivo.
“Costa Rica es un país muy pequeño, donde no abundan los expertos en algunas áreas, y si esos expertos están en el Poder Judicial nosotros no vemos el problema de que separándose debidamente, ya sea con un permiso sin goce de salario o algún otro mecanismo, esas personas puedan participar en el Poder Ejecutivo, y ha sido costumbre en los últimos gobiernos, de tomar personas del OIJ o de la Fiscalía General para cumplir papeles en los ministerios relacionados con la seguridad y la justicia, y creo que sería disparar en el pie como país, desperdiciar el conocimiento y la experiencia que tienen estas personas poniendo una muralla china entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de esta manera”, mencionó Eliecer Feinzaig.
Actualmente uno de los ejemplos es Fernando Ramírez, juez penal y letrado de la Sala de Casación Penal, quien funge como presidente del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), institución adscrita al Ministerio de la Presidencia.
