Allanamientos en distintas partes del país e intervenciones en varios centros penales marcaron la mañana de este martes.
Tras una investigación de dos años, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Policía Penitenciaria, realizó 39 allanamientos para desarticular un grupo dedicado a la introducción de droga y teléfonos a cárceles del país. A la organización también se le vincula con casos de homicidio por sicariato.
La Policía Judicial reporta 34 personas detenidas. Los allanamientos se efectuaron en Guanacaste, la Zona Sur, Siquirres y las cárceles de Limón, Pococí, Liberia, San Sebastián, Terrazas y La Reforma.
Según la investigación, el grupo presuntamente contrataba mujeres en condición de vulnerabilidad y les pagaba ₡300.000 por ocultar droga en sus genitales con el fin de introducirlas en las cárceles.
El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la venta de las dosis en los centros penales podía dejar hasta ₡5 millones.
El caso es conocido policialmente con el nombre de «Dalila».
Vínculo con alias «Diablo»
El ministerio de Justicia emitió este martes un informe con respecto a los operativos del OIJ en varios centros penales.
«La inteligencia desarrollada por la Policía Penitenciaria fue determinante para desarticular una estructura criminal dedicada, presuntamente, al ingreso de drogas y teléfonos celulares a centros penitenciarios del país», detalla.
«El caso, dirigido por la Delegación Regional de Siquirres del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), permitió descubrir una red integrada por privados de libertad, colaboradores externos y dos oficiales penitenciarios bajo investigación», agrega.
El director de la Policía Penitenciaria, comisario Pablo Bertozzi, afirmó que el intercambio permanente de información con el OIJ permitió identificar cerca de ocho alertas operativas sobre el ingreso de artículos prohibidos a las cárceles.
Cuatro de esas acciones produjeron resultados positivos y las restantes aportaron información clave para fortalecer las diligencias judiciales.
«Como resultado de ese trabajo, agentes del OIJ allanaron cinco centros penitenciarios para intervenir a 15 privados de libertad, identificados policialmente como presuntos colaboradores de la organización criminal de alias Diablo«, recalca el informe.
«De forma paralela, se ejecutaron diligencias contra dos oficiales destacados en el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, en Pococí, quienes figuran dentro de la investigación por su aparente participación en el ingreso de artículos prohibidos», reveló Justicia.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, manifestó que este caso refleja la política de cero tolerancia contra la corrupción.
“Quien decida servir al crimen organizado deja de servir a Costa Rica. No vamos a proteger a ningún funcionario que traicione su uniforme. Por el contrario, pondremos toda nuestra capacidad operativa y de inteligencia al servicio de la justicia para desarticular estas estructuras y recuperar el control absoluto de nuestros centros penitenciarios”, afirmó.
