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Polémica en Naranjo: Gobierno conecta agua a proyecto habitacional pese a oposición

Anyelo Sanchez Araya - 21 de septiembre de 2025
Polémica en Naranjo: Gobierno conecta agua a proyecto habitacional pese a oposición

Diputados, autoridades locales, la UNGL y FEDOMA califican la acción como arbitraria y un golpe a la autonomía municipal.

Varios diputados se han manifestado contra lo que consideran un abuso lo realizado por el gobierno de la República por realizar la conexión de agua en el proyecto habitacional La Esperanza, en el cantón de Naranjo de Alajuela.

La diputada del partido Liberación Nacional, Monserrat Ruíz que lo realizado pasa por encima a los procesos legales y técnicos, “El gobierno central a través de la AyA y con el aval del presidente de la República ha decidido intervenir por la fuerza un servicio que le corresponde administrar a la municipalidad, pasando por encima de los procesos legales y técnicos que hoy se encuentran en curso. Nadie se está oponiendo al derecho de las familias a tener una vivienda digna”.

Ruíz señala que defiende el desarrollo siempre que no se ponga en riesgo el agua del cantón. Además, sostiene que brinda su respaldo a las acciones de la municipalidad de Naranjo.

“Como diputada respaldo a la municipalidad de Naranjo y también anuncio que llevaré este tema a las instancias de control político correspondientes, porque no podemos permitir que un acto arbitrario y dictatorial sienten un precedente tan grave para nuestro país. Costa Rica merece respeto al estado social de derecho y a la autonomía de los gobiernos locales”.

La diputada del Partido Frente Amplio, Priscilla Vindas por medio de un comunicado también condeno lo hecho por el gobierno de Rodrigo Chaves, “Jugar y politizar la necesidad y el derecho de las familias a la vivienda es inaceptable, incluso para un presidente acostumbrado a actuar con prepotencia”, reza una extracto comunicado.

Por su parte el diputado Oscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional hace un llamado a que se respeten las leyes.

“Ante el atropello y la violación del derecho que ha hecho el gobierno de la República al pueblo de Naranjo, desde Liberación Nacional le enviamos nuestra solidaridad a todos los naranjeños, a la municipalidad. Insistimos en que debe de respetarse las leyes. No es posible que este gobierno continúe sistemáticamente golpeando a los costarricenses y vulnerando las leyes”.

Por su parte, Juan Diego Gómez, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) señaló, “Estamos frente a un acto arbitrario que atenta directamente contra la autonomía municipal. No se puede tolerar que, desde el Gobierno Central, se tomen decisiones de manera unilateral y al margen de procesos judiciales vigentes”.

Randall Vega, alcalde de Naranjo se mostró sorprendido por el despliegue policial que se realizó en Naranjo y confirma que no comparten las acciones “La municipalidad está totalmente en desacuerdo por la forma en la que el gobierno central, y me refiero a presidencia, Acueductos Alcantarillados y Fuerza Pública realizaron la interconexión del acueducto municipal con el proyecto condominio La Esperanza. Creemos que la forma en la que se hizo se violaron principios constitucionales, como al debido proceso, el principio de defensa y sin duda alguna el tema de la autonomía municipal”.

Vega confirma que desde el Gobierno Local ya se están tomando medidas legales y que respetarán la decisión del juez al respecto.

“Consideramos pertinente interponer un recurso de legalidad, un Recurso de Amparo, que ya fue entregado, porque consideramos que la forma correcta en que se debe atender esto es respetando lo técnico y respetando lo jurídico. Estamos a la espera de lo que el juez indique, igualmente seremos respetuosos de la decisión”.

La Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela se pronunció ante lo acontecido mediante un comunicado, donde señalan que apoyan la autonomía municipal y rechazan las acciones emprendidas por el Gobierno de la República, “Es preocupante que desde el Poder Ejecutivo se recurra a actos intimidantes como un despliegue policial con más de 50 oficiales de la Fuerza Pública, así como acciones arbitrarias e improcedentes por medios del AyA que violan la autonomía municipal, el derecho constitucional al debido proceso de nuestro país”.

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