Empresas deberán en un máximo de cuatro años implementar el mecanismo, y de lo contrario no podrán renovar sus concesiones ante el Consejo de Transporte Público.
Las empresas de autobuses en nuestro país tendrán a partir de este lunes 17 de marzo un espacio de dos años en el caso de las que prestan servicio en el Gran Área Metropolitana, y de cuatro años para las ajenas a este espacio geográfico para la implementación del pago electrónico.
Así fue como lo estableció el proyecto de ley 23360 impulsado por el legislador frenteamplista Ariel Robles, según el cual además de implementarlo en las unidades estará en la obligación de transmitir a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos los números correspondientes a los pagos electrónicos recibidos.
«Con ese proyecto de ley, las empresas van a tener que cumplir con este requisito para poder renovar sus concesiones. Es decir, no les va a quedar de otra que tener ese servicio ya establecido en sus unidades. Esto va a permitir que exista mayor control sobre la cantidad real de usuarios que tienen los servicios de bus y esto permitiría entonces que las tarifas que se definen sean más acordes y reales con la cantidad de usuarios que utilizan el servicio», explicó el legislador.
¿Es es el plazo otorgado por la ley razonable desde la perspectiva de las necesidades que tiene la obligatoriedad del pago electrónico en todas las rutas de autobús?
Para la presidente ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes, Silvia Bolaños la medida de la ley no era necesaria dada la cantidad ya de unidades que cuentan con el servicio.
«Al día de hoy 1500 unidades ya cuentan con sistema de pago electrónico y otras están en proceso de instalación. Se espera para finales del año 2025 tengamos alrededor de 3000 unidades, lo que evidencia que realmente no requeríamos una ley para arrancar con este procedimiento. Sin embargo ahora es importante el esfuerzo que traen las autoridades y también la ley, que sí podría ser un complemento importante para estimular el uso del pago electrónico y desestimular el uso del efectivo», manifestó la representante de los transportistas.
El expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero cree que el obstáculo primario a superar por esta ley será justamente la todavía necesaria penetración de más tarjetas en el sistema bancario.
«Digamos que la idea sería promover, estimular e inducir que la gente use pago con tarjeta bancaria, lo cual podría traducirse en las tarifas, porque al final el uso de las tarjetas bancarias, además de los beneficios para las personas que mencioné, tiene beneficios para el sistema, porque el uso de tarjetas permite dar mayor trazabilidad a los pagos y a la demanda en general de transporte público», expresó en sus palabras el economista, palabras que coinciden con las del legislador.
La presidente de Consumidores de Costa Rica, Rosa Sánchez enfatizó que el pago electrónico tendrá beneficios para ambos sectores.
«Uno de los principales beneficios para los consumidores es la facilidad de poder pagar con una tarjeta y no tener que cargar efectivo o pedir el cambio de un billete de alta denominación. De igual forma trae beneficios para la empresa, ya que no tiene porque dar tanto vuelto y/o manejar gran cantidad de efectivo además de cambiar billetes de alta denominación», apuntó Sánchez a consulta de Noticias Columbia.
En las provincias del Gran Área Metropolitana; San José tiene 70 rutas, Alajuela 98 rutas, Cartago 54 rutas y Heredia 28 rutas, de acuerdo con la información publica por la Aresep.
