Sospechoso de llevarse el efectivo actuó en un entorno con falta de controles y supervisión. Además la entidad puso la denuncia de forma tardía.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz y el director del OIJ, Randall Zúñiga, lanzaron fuertes críticas al Banco Nacional debido a las circunstancias que rodearon la sustracción de ₡3.293 millones de colones, en efectivo, que estaban en custodia en la sede central en San José.
La investigación de la Policía Judicial apunta a un funcionario, de apellido Olivas, como sospechoso de sustraer billetes y sacarlos en sobres de manila que nadie revisaba.
El hombre fungía como tesorero en procesamiento de efectivo. Fue detenido este miércoles.
Además, los oficiales detuvieron a otras siete personas. Se investiga si tuvieron alguna relación con las acciones de Olivas, como cómplices, o si incumplieron con sus deberes de vigilancia y supervisión.
Las autoridades judiciales hicieron señalamientos puntuales sobre la gestión del banco que habría facilitado que el sospechoso pudiera sacar efectivo sin ser descubierto.
Deficiencia en vigilancia con video
La cámara colocada en la oficina donde estaba el dinero tenían un “ángulo ciego” o sin cobertura. De esta forma, cuando el sospechoso abría la puerta de una caja fuerte, la estructura tapaba sus movimientos.
Se cree que el hombre tomaba el dinero, lo colocaba en una mesa contigua y luego lo echaba en los sobres de manila. Esas acciones no quedaban “a la vista” de la cámara.
Sin revisión
El sospechoso de tomar el dinero pudo salir caminando tranquilamente de la oficina, con dinero en efectivo en los sobres, sin que nadie revisara el contenido. Eso incluye a un oficial de seguridad privada.
Además, el OIJ y la Fiscalía alegan que las inspecciones de la disponibilidad del efectivo se hicieron digitalmente pero no en físico. El último registro de una revisión de ese tipo se remonta al 2019.
Por esta razón, no se descarta que las sustracciones de dinero se hayan dado durante meses o años.
“Es muy lamentable que sean los investigadores y que sea la iniciativa del Ministerio Público los que tenemos que decirle al banco qué hacer cuando debieron haberlo hecho ellos. El banco debió haber revisado los videos, los controles… no lo hizo… no lo hizo y por eso es que se llegó a esta suma exorbitante de dinero”, reprochó Díaz.
Denuncia tardía y con poco aporte
El fiscal, Carlo Díaz, aseguró que la investigación por el robo se abrió de oficio tras conocer publicaciones periodísticas del 23 de octubre. Las pesquisas comenzaron sin que el banco hubiera alertado lo ocurrido.
El jerarca del Ministerio Público dijo que la entidad financiera puso la denuncia el 24 de octubre, cuando ya las autoridades judiciales estaban trabajando y justo después de que se hizo público el caso en los medios.
Señaló que el Banco actuó de forma tardía a pesar de tener los resultados de un arqueo desde el 3 de octubre el cual revelaba el faltante millonario. Esos días que se perdieron afectaron la investigación pues existe el riesgo de que no se pueda recuperar evidencias.
Díaz afirmó que la denuncia de la entidad financiera “no tiene ningún elemento de calidad”.
La directora jurídica del Banco Nacional, de apellido Herrera, es una de las investigadas. Se presume que, por sus instrucciones, se postergó la interposición de la denuncia. Ella no fue detenida pues su participación se considera menor.
“Precarización laboral”
El director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó que los salarios que se pagaban a varias de las personas investigadas son muy bajos tomando en cuenta la responsabilidad que se les asignaba.
“Uno creería que un tesorero general del Banco pues tenga un salario bastante alto… los salarios son muy bajos en realidad”, expresó.
Por esta razón, a la Policía le llamó la atención que uno de los sospechosos tenga una propiedad de 22 mil metros cuadrados que fue allanada y un “vehículo importante”.
“Esta cantidad de bienes no coincide con la cantidad de salario que puede ganar esta persona que, como les digo, en la mayoría no llega al millón de colones, mucho menos inclusive, entonces hay un tema ahí de precarización laboral bastante importante”, comentó.
En cuanto a las demás personas involucradas, se investigará si hay o no algún crecimiento patrimonial o enriquecimiento.
Intentamos conocer la posición del Banco Nacional con respecto a los señalamientos de las autoridades judiciales, sin embargo, al cierre de esta nota no habíamos obtenido respuestas a las consultas enviadas.
Entre la tarde y noche de este miércoles, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) tomará la declaración indagatoria de los sospechosos.
En el expediente por este caso se investigan presuntos delitos de peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, facilitación culposa de sustracciones y legitimación de capitales.
