El Ministerio de Educación Pública anuló la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras, modalidad Inglés, debido a una filtración en chats estudiantiles.
La filtración de la Prueba Nacional de Inglés provocó su anulación y reprogramación: ¿cuáles son las consecuencias académicas y legales?
Fue este miércoles 17 de junio la fecha inicialmente fijada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para aplicar la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras, modalidad Inglés, entre estudiantes de último año de colegios académicos.
Sin embargo, la evaluación fue suspendida y anulada debido a la filtración de las respuestas en chats de estudiantes, y ahora se aplicará entre la primera y segunda semana de setiembre.
Según el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, se fortalecerán los mecanismos de control de las pruebas y se procederá con acciones administrativas y judiciales.
“Detectamos la divulgación no autorizada de material de evaluación en redes sociales, cuando se compromete la integridad de una evaluación nacional nuestra obligación es actuar de inmediato, por eso, tomamos una decisión firme y responsable: dejamos sin efecto la aplicación afectada de ese día, suspendimos la prueba pendiente y ordenamos su reprogramación para garantizar igualdad de condiciones para todos los estudiantes, asimismo, instruimos la investigación de los hechos, la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público y el fortalecimiento de controles de seguridad”, apuntó.
¿Cuáles son las consecuencias a las que se exponen docentes, administrativos y estudiantes que participen en la filtración?
El abogado experto en temas educativos, Wilber Ching, comentó que el artículo 109 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta establece la suspensión de la prueba y el traslado a la Dirección de Gestión y Evaluación de la calidad para lo que corresponda -rehacer la prueba-.
Asimismo, los funcionarios involucrados, independientemente que sean docentes o administrativos, tendrán que determinar su responsabilidad.
“De acuerdo con su grado de responsabilidad puede sancionársele con una suspensión, hasta con el despido sin responsabilidad patronal”, agregó el especialista.
Con respecto a los estudiantes, no se prevé un sanción específicamente por filtración.
“Lo que correspondería es la aplicación de una falta grave de acuerdo con el artículo 135, y corresponde de 11 a 19 puntos, sujetos a otra aplicación de medidas correctivas que podrían ser medidas alternas adicionales de reparación”, expresó el especialista.
También se pueden abrir procesos disciplinarios tanto contra funcionarios como contra estudiantes.
¿Y qué pasa con la prueba y sus preguntas? ¿Se elabora una nueva propuesta de evaluación?
La exviceministra académica Rocío Solís explicó el procedimiento que se aplica para la nueva prueba, y lamentó el tiempo y los recursos que se pierden con una filtración.
“Esto es un gasto increíble, tanto de tiempo como de dinero para el Ministerio de Educación Pública, lo que es la elaboración otra vez de las pruebas, volver a cambiar muchísimos ítems, no se cambian todos, yo sé que no se cambian todos, pero se tendrían que cambiar muchísimos, y volver al tiraje, que es dinero que tiene que desembolsarse, además del tiempo y de todo lo que esto crea, un trastorno en la calendarización de las pruebas”, comentó.
