- Raúl Rivera plantea una estrategia centrada en presencia comunitaria, profesionalización policial y mayor equipamiento para enfrentar al crimen organizado.
El nuevo director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, asumió el cargo con una promesa clara: devolver a la policía a las calles y reconstruir el vínculo con las comunidades en un momento en que Costa Rica enfrenta niveles históricos de violencia ligados al crimen organizado.
Rivera, nombrado oficialmente este domingo 17 de mayo, anunció que su gestión buscará recuperar el modelo de policía comunitaria que, según dijo, se ha debilitado con los años mientras el país concentraba sus esfuerzos en responder al aumento de homicidios, narcotráfico y sicariato.
“Tenemos que retornar a las raíces de la Fuerza Pública”, afirmó durante una entrevista en el programa Por Tres Razones.
El nuevo jerarca sostiene que la estrategia policial no puede limitarse únicamente a operativos y patrullajes reactivos. Su planteamiento apunta a una policía visible en parques, barrios, iglesias y actividades comunales, con oficiales caminando en las calles y no únicamente dentro de patrullas.
“Tenemos que reforzar ese binomio indisoluble que tiene que ser la policía con la comunidad, porque ellos son nuestros principales informantes”, señaló.
El regreso de la policía comunitaria
La propuesta de Rivera revive un modelo de seguridad basado en cercanía vecinal, comités de seguridad y presencia cotidiana de oficiales en espacios públicos.
Entre sus prioridades mencionó la reactivación de comités de seguridad comunitaria, visitas puerta a puerta y mayor interacción entre jefes policiales y vecinos.
Incluso planteó que los oficiales participen en actividades comunitarias como misas dominicales o reuniones barriales para presentarse ante la población y ofrecer consejos de seguridad.
“Quiero regresar al policía que caminaba en la calle y que la comunidad conocía por nombre”, resumió.
La criminóloga Tania Molina considera que este enfoque puede ayudar a recuperar presencia estatal en territorios vulnerables al crimen organizado.
“Los modelos de policía comunitaria legitiman al Estado en los barrios y son el mejor antídoto contra la captura territorial del crimen organizado”, explicó.
Sin embargo, advirtió que estas medidas, aunque relevantes, no serán suficientes por sí solas.
“Todo esto tiene que ir acompañado de una estrategia de seguridad nacional y de seguridad humana que involucre al Poder Judicial y a toda la institucionalidad”, agregó.
Más armas, mejores patrullas y dignificación policial
El nuevo director también anunció que impulsará una mejora en las condiciones de trabajo de los cerca de 14.000 oficiales del país.
Rivera aseguró que uno de sus principales objetivos será “dignificar” la labor policial mediante mejor equipamiento, más patrullas y fortalecimiento logístico para enfrentar organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor armadas.
“Yo no puedo perseguir un Audi con un Toyota Corolla 2017”, afirmó durante la entrevista.
El jerarca defendió además la necesidad de profesionalizar a los policías más allá del entrenamiento operativo tradicional.
En esa línea, Molina indicó que el reto actual requiere oficiales capaces de entender estructuras complejas de criminalidad.
“No es solo disparar mejor. Es saber reconocer patrones de lavado, preservar evidencia y entender cómo operan las redes criminales”, señaló.
Rivera insistió en que la criminalidad que enfrenta hoy el país es distinta a la de hace tres décadas, cuando inició su carrera policial.
“Antes lo más peligroso era alguien armado con un cuchillo. Hoy nos enfrentamos a organizaciones con armas de grueso calibre”, dijo.
Seguridad basada en datos y zonas prioritarias
La estrategia del nuevo director también contempla concentrar recursos policiales en las comunidades con mayor incidencia delictiva.
Rivera confirmó que la Fuerza Pública mantiene identificadas las 20 zonas con mayores problemas de criminalidad, lugares donde se reforzará la presencia policial y el despliegue operativo.
Según explicó, la intención es dejar atrás un modelo reactivo y utilizar análisis criminal para dirigir recursos hacia los puntos más conflictivos del país.
“Debemos dejar de ser reactivos”, sostuvo.
El director afirmó que ya fueron incorporados más de 500 nuevos oficiales y que los recursos se están concentrando principalmente en zonas como Limón, Puntarenas y San José, donde se registra mayor cantidad de homicidios.
Además, anunció una supervisión más estricta sobre mandos regionales y jefaturas policiales para exigir resultados concretos en reducción de delitos y presencia territorial.
Tecnología y coordinación policial
Otra de las apuestas de la nueva administración será el fortalecimiento tecnológico mediante el futuro Centro de Comando y Control C5.
Rivera explicó que este sistema permitirá integrar videovigilancia, monitoreo de patrullas y coordinación en tiempo real entre Fuerza Pública, policías municipales y otras instituciones.
La idea es medir tiempos de respuesta, supervisar incidentes y mejorar la coordinación operativa.
El director también anunció una mayor articulación con policías municipales y seguridad privada, además de impulsar una reserva policial voluntaria integrada por civiles capacitados y filtrados mediante procesos similares a los de reclutamiento oficial.
Una apuesta por recuperar confianza
Detrás de las propuestas de Rivera también aparece un reconocimiento implícito sobre uno de los principales desafíos de la policía: la pérdida de confianza ciudadana en algunas comunidades.
Durante la entrevista, el nuevo director reconoció críticas frecuentes sobre patrullas estacionadas, oficiales alejados de la comunidad y percepción de ausencia policial en barrios conflictivos.
Su respuesta apunta a recuperar la presencia cotidiana de la policía como símbolo de control estatal y prevención.
“La policía tiene que verse en los parques, en las comunidades y hablando con la gente”, insistió.
El desafío será sostener esa estrategia en un contexto marcado por limitaciones presupuestarias, aumento del crimen organizado y una demanda creciente de seguridad por parte de la población.
