Aunque hubo diálogo y acercamientos, el encuentro dejó ver que se mantienen marcadas diferencias entre Presidencia y jerarcas de la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta de la República, Laura Fernández, se reunió este lunes con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, la magistrada de la Sala III, Patricia Sola, el fiscal general de la República, Carlo Díaz y el director interino del OIJ, Michael Soto.
El encuentro se realizó en la Casa Presidencial en Zapote, con el objetivo de hablar sobre combate a la criminalidad, posibles reformas al Poder Judicial y de situaciones que incomodan en uno y otro lado.
A la presidenta Fernández la acompañaron el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, el ministro de Seguridad, Gerald Campos y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.
La conversación inició aproximadamente a las 10:10 de la mañana y los jerarcas salieron a dar declaraciones a las 12:52 p.m.
La cita fue muy particular si se toma en cuenta que la historia reciente entre los protagonistas revela múltiples conflictos.
El ministro Chaves estuvo al lado de Aguirre y Solano, dos de los magistrados que más cuestionó y descalificó cuando fue presidente de la República.
Además, el exmandatario estuvo con Carlo Díaz, quien lo investiga en varias causas judiciales. Chaves y Fernández incluso participaron en loa manifestación en contra del fiscal general en marzo del 2025.
Campos fue subdirector del OIJ y obtuvo un permiso de la Corte para ser ministro de Justicia. Estando en el Ejecutivo fue crítico del Poder Judicial al cual renunció en abril del 2025.
Planteamientos de la presidenta
Al finalizar la reunión, hubo una conferencia de prensa en la cual la presidenta Fernández enumeró los temas que se tocaron, los acuerdos alcanzados y los asuntos en los que no hubo coincidencias.
La mandataria aseguró que primero expresó a los funcionarios judiciales cómo se siente con el trabajo del Poder Judicial y que trasladó las inquietudes de la ciudadanía en ese sentido.
Aseguró que entre los temas delicados habló de lo que en Presidencia llaman «pifias» en decisiones de jueces de la Ejecución de la Pena y de una supuesta «persecución política» por parte del Poder Judicial.
Fernández mencionó el presupuesto del Poder Judicial pues considera que actualmente es mayor de lo que indica la Constitución Política (₡57.000 millones más), hecho que fue rechazado con vehemencia por la magistrada Solano.
Otro asunto que cuestionó la presidenta está relacionado con supuestas intromisiones en los criterios del Instituto Nacional de Criminología. También planteó que existe una «distancia entre lo que el pueblo espera del Poder Judicial y lo que está recibiendo».
Finalmente, la mandataria les comentó que está trabajando en paquete de proyectos de ley, que se presentarán en junio, para hacer reformas en el Poder Judicial, entre ellos, cambios de normas de ejecución de la pena, el Código Procesal Penal, el Código Penal y propuestas para mejorar «eficiencia y fiscalización».
Acuerdos y desacuerdos
Fernández espera que el Poder Judicial no «bloquee» la agenda de reformas que se van a proponer. Mencionó que ahí «no hubo acuerdo» y que será la Asamblea Legislativa la que defina qué pasará.
Se acordó que habrá un canal de comunicación directo con la Fiscalía para monitorear casos en los cuales se modifican medidas de ejecución de la pena que bajen condenas de personas con «expedientes judiciales muy fuertes». La intención es que estos hechos sean revisados por la Inspección Judicial.
En cuanto a la amenaza de filtraciones del narcotráfico o el crimen organizado, se acordó que en la Política Anticorrupción del Poder Judicial se refuerce todo lo que tiene que ver con prevenir y sancionar ese tipo de situaciones. Además de dar a conocer a la ciudadanía las medidas que se tomen.
Fernández también planteó la posibilidad de que el Poder Judicial incluya las pruebas de polígrafo (conocido como «detector de mentiras») para personas que manejen casos delicados. Aseguró que el Poder Ejecutivo lo hará.
La presidenta planteó que se tomara un acuerdo de «despolitizar» y «parar» lo que consideran «persecución política por parte del Poder Judicial hacia funcionarios de Gobierno». «En esa no nos pudimos poner de acuerdo», resaltó.
Hubo apertura y acuerdo en que la Fiscalía y el OIJ se van a vincular a trabajar con el ministro rector del sector Seguridad Públicas, Gerald Campos.
«Percibimos una ausencia de trabajo en equipo en los temas calientes y escabrosos de la seguridad nacional y don Orlando y su equipo tienen anuencia a sumarse a las sesiones donde le convoque el ministro Gerald Campos para discutir, organizar y programar acciones de política pública, operativos y demás», añadió.
Finalmente se buscará la forma de agilizar el levantamiento de cuerpos de personas fallecidas en los sitios de accidentes de tránsito y mejorar los tiempos de trámite cuando la Policía de Control de Drogas (PCD) solicita un allanamiento.
En cuanto a los proyectos de ley, Fernández se reservó la posibilidad de llevar referéndum o consulta popular las iniciativas de reforma del Poder Judicial si no avanzan en el Congreso.
La presidenta invitó a los funcionarios judiciales a sumarse a un «task force» o fuerza de tarea la cual consiste en una reunión todos los lunes con los ministros de Justicia y Seguridad así como con jerarcas policiales para revisar avances en combate contra la criminalidad.
Respuesta del magistrado
El presidente de la Corte Orlando Aguirre, tomó la palabra para explicar cómo sería el proceso de revisión de decisiones de jueces de ejecución de la pena.
«La participación del Poder Judicial en los casos de ejecución de sentencia que son resueltos por los jueces, con respecto a los cuales se presenta discrepancia o disconformidad, el acuerdo es que la Fiscalía, que es el órgano que recibe la notificación y el que tiene la facultad de impugnar esas resoluciones, se ponga en contacto con el Ministerio de Justicia, les comunique las decisiones para tomar, de común acuerdo, cómo van a hacer la impugnación. Fuimos claros en el sentido de que nosotros como jerarcas no podemos intervenir en las decisiones jurisdiccionales (de los jueces)», expresó.
Aguirre se defendió de los señalamientos de la presidenta de que el Poder Judicial tiene una subejecución presupuestaria pues alega que se trata de uno de los órganos del Estado más eficaces en el uso de los recursos alcanzando un 98%.
Añadió que hay partidas que algunas veces se toman en cuenta para el cálculo cuando el Poder Judicial no podía ejecutar por razones ajenas a su control. Citó como ejemplo casos de aprobación de presupuesto cuando está por finalizar el período y es difícil cumplir con plazos de contratación.
Aguirre dijo que han justificado ante el Ministerio de Hacienda esos casos y que les han dado la razón. Por último calificó la reunión como positiva la actitud de Presidencia de trabajar en conjunto en cuanto a la persecución de la criminalidad.
Momentos tensos
Una de las consultas estuvo relacionada con el presupuesto del Poder Judicial, pues la presidenta asegura que se le entregan más recursos de lo que demanda la Constitución mientras que distintos jerarcas judiciales han dicho que requieren de más dinero.
Aguirre dio una respuesta pero sorpresivamente, la magistrada Solano se le acercó, le pidió discretamente el uso de la palabra y tomó el micrófono justo cuando le estaban dando la palabra a la presidenta Fernández.
Solano aseveró que hay una «distorsión» con respecto a lo que establece la Constitución que es el 6% del presupuesto nacional.
Detalló que eso sucedió cuando se concebía al Poder Judicial «como un órgano meramente jurisdiccional», es decir, compuesto por jueces. Sin embargo, a la institución se le asignaron funciones diferentes y se le incluyó el Ministerio Público, el OIJ, la Defensa Pública y los programas de protección de víctima y testigos.
«De ese presupuesto del 6% constitucional, solo un 3.1% es destinado a la judicatura. De manera que la afirmación de que se nos da más de lo que la Constitución dice es una verdad a medias ¿por qué? Porque no es lo que el constituyente previó para que el Poder Judicial diera respuesta en el tema jurisdiccional», resaltó.
Solano puso de ejemplo que el OIJ, al ser una policía técnica, su presupuesto es casi igual al de toda la judicatura del Poder Judicial.
Tras la sorpresiva declaración, Fernández dijo que coincidía con la magistrada en que el Poder Judicial tiene funciones que no debería asumir y que es momento de analizar «el otro montón de cosas que le metieron».
Añadió que se debe conversar si hay funciones que deberían independizarse y salir de ese Poder de la República. Insistió en que sí se están dando más recursos de los que se exige por ley.
Otro momento tenso fue cuando Fernández consultó a Aguirre cuántos años tiene como magistrado a lo que el funcionario judicial respondió primero que 38 y luego corrigió a 37.
En ese momento, la mandataria manifestó que no estaba de acuerdo con nombramientos tan prolongados como el de él.
