- Institución analiza reducir horarios, cerrar servicios y despedir personal mientras crece la presión sobre emergencias.
La Cruz Roja Costarricense enfrenta el escenario más crítico de su historia reciente: la posibilidad de dejar de operar completamente en menos de tres años si el país no define un modelo de financiamiento sostenible.
La advertencia fue hecha por la presidenta de la institución, Dyanne Marenco, quien aseguró que el deterioro financiero ya obliga a tomar decisiones operativas que antes parecían impensables.
“Con la realidad que nosotros tenemos en este momento, la institución no va a aguantar más de tres años”, afirmó.
La declaración no se refiere únicamente a dificultades administrativas. La Cruz Roja ya analiza reducir coberturas en operativos vacacionales, disminuir personal y limitar horarios de atención en comunidades donde históricamente ha funcionado las 24 horas.
“Es altamente probable que tengamos que tomar decisiones de que los comités de Cruz Roja no funcionen 24 horas, sino bajo cierto horario”, advirtió Marenco.
La posibilidad de un colapso operativo expone un problema estructural que Costa Rica ha arrastrado durante décadas: el país depende de una institución esencial para atender emergencias, pero nunca consolidó una fuente estable de financiamiento para sostenerla.
Una emergencia por minuto, pero sin recursos suficientes
La Cruz Roja atiende más de 500.000 emergencias al año. Eso equivale, según la institución, a una emergencia por minuto.
Sin embargo, apenas el 40% de su presupuesto proviene de fondos públicos. El resto debe conseguirlo mediante rifas, venta de tamales, convenios con municipalidades, actividades comunales y contratos de servicios.
Durante 2025, la institución reportó un déficit cercano a ₡1.400 millones.
Los ingresos rondaron los ₡26.000 millones, pero los gastos operativos superaron los ₡28.000 millones.
El aumento de incidentes violentos, accidentes complejos y emergencias de alto riesgo elevó los costos en medicamentos, equipo especializado y personal operativo.
A eso se suma un problema silencioso: la infraestructura.
La institución reconoce que ha postergado reparaciones de edificios, mantiene ambulancias en condiciones limitadas y opera algunos comités con órdenes sanitarias pendientes por falta de recursos.
El país da por sentado un servicio que depende de voluntarios
La crisis también evidencia otra realidad poco visible: la mayor parte del sistema de atención prehospitalaria funciona gracias al voluntariado.
De los cerca de 7.000 cruzrojistas del país, solo 1.300 reciben salario. El resto trabaja de forma voluntaria.
Marenco aseguró que incluso pagar salarios se convirtió en una tarea compleja.
“Cada quincena, cuando tenemos que pagar la planilla, tenemos que hacer de todo para conseguir fondos”, dijo.
La institución también enfrenta dificultades para contratar personal. Algunos concursos quedan vacíos porque ya no logran atraer suficientes trabajadores para conducir ambulancias o atender emergencias.
El problema no es solo falta de dinero La Cruz Roja insiste en que la crisis no se resolverá únicamente con más recursos.
La institución plantea cambios legales para poder ejecutar fondos con mayor rapidez y flexibilidad.
Actualmente recibe dinero proveniente de impuestos a telecomunicaciones, multas de tránsito, cigarrillos, bebidas alcohólicas y premios no reclamados de la Junta de Protección Social. Sin embargo, esos recursos llegan fragmentados y bajo estrictas reglas de uso.
Marenco cuestiona que la Ley de Contratación Pública dificulta incluso utilizar ayudas extraordinarias de municipalidades porque los tiempos administrativos impiden ejecutar recursos con rapidez.
Por eso la institución impulsa proyectos para quedar excluida de algunos procedimientos de contratación y obtener mayor agilidad operativa.
El subjefe de fracción oficialista, Juan Manuel Quesada, aseguró que revisarán las propuestas.
“No hay duda que la Cruz Roja cumple una función esencial para el país”, afirmó.
El riesgo ya no es teórico. La discusión ocurre mientras la Cruz Roja enfrenta una demanda creciente por violencia, accidentes de tránsito y emergencias masivas.
La propia institución reconoce que ya tuvo que degradar ambulancias avanzadas a unidades básicas por falta de presupuesto y despedir personal especializado.
También admite que algunas decisiones futuras podrían implicar reducir cobertura en playas, operativos y atención comunitaria.
Ahora, por primera vez, la Cruz Roja reconoce públicamente que su permanencia ya no está garantizada.
Y que, si el Estado no redefine cómo financiarla, Costa Rica podría enfrentar en pocos años un escenario inédito: quedarse sin la institución que históricamente ha respondido primero ante cualquier emergencia.
