Expertos resaltan que criminalidad necesita abordajes desde diferentes frentes para tener efectos positivos en el país.
Luego del paquete de proyectos de ley que la presidenta Laura Fernández presentó este lunes en la Asamblea Legislativa, los diputados se darán a la tarea de su discusión y posterior aprobación.
Este ha sido el camino elegido por los gobernantes para luchar contra la criminalidad; sin embargo ¿Es esta la solución para la realidad que vive Costa Rica? Cuatro expertos consultados por Noticias Columbia responden a esta interrogante.
Para el abogado penalista Gerardo Huertas tener más leyes dista mucho de ser la solución real a los problemas del país.
«Se sigue promoviendo porque es la respuesta sexy contra la criminalidad. Hablar de ser más duro contra el crimen, de estar siendo rudo, eso genera réditos políticos, pero es vender humo, es absolutamente inefectivo.
Costa Rica es el tercer país que más prisionaliza en toda la región centroamericana, el noveno que más utiliza la prisión en toda América Latina y el número 22 a nivel mundial, que más utiliza la prisión…es que esto es matemático, o sea, los números son claros. Estamos lejos de ser un país alcahueta contra el crimen, al contrario, se sigue reprimiendo cada año más y más y no obstante la delincuencia sigue aumentando y estamos en la crisis actual.
¿Por qué? Porque es que esa no es la solución y eso es algo que está demostrado y no obstante los políticos siguen vendiendo humo, ofreciendo más y más penas como solución simplista por carencia de imaginación y porque eso les da réditos inmediatos», detalló.
La criminóloga Tania Molina señaló que las leyes son importantes, pero que tienen que venir acompañadas de medidas complementarias para su efectividad.
«Lo que hemos dicho desde la criminología es que la eficacia de esas normas que se hacen no reside exactamente sobre la existencia formal, sino sobre la capacidad que pueda tener el Estado como un todo de aplicarlas correctamente y que además se hagan propuestas de ley o leyes y que se tome en consideración el presupuesto siempre, porque tiene que ir acompañado de un presupuesto para poder ejecutar las leyes.
Y Costa Rica ha ampliado considerablemente el marco legal en materia de seguridad durante los últimos años. En estos últimos años se hicieron bastantes reformas y planteamientos en términos de leyes, entre esas ya sabemos que una de las más destacadas fue la ley de extradición de nacionales, pero eso no se ha traducido en una reducción sostenida de los índices de violencia.
Entonces, sí, se convierte en una fábrica de leyes, pero no necesariamente impacta sobre la disminución de la criminalidad y eso básicamente obedece a a una brecha que hay estructural entre esa producción de legislativa y la capacidad institucional de persecución, de investigación y de sanción penal.
Entonces, si se legisla sin fortalecer simultáneamente al Ministerio Público, al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad, pues obviamente se produce solo un efecto que es simbólico, que no va a impactar la realidad delictiva de de Costa Rica», detalló.
El abogado penalista Joseph Rivera apuntó a la necesidad de que exista un mayor involucramiento de los funcionarios y ciudadanos para conocer las posibilidades con las que cuenta.
«También esto tiene que ir aparejado con políticas públicas para que el Estado pueda capacitar a los diferentes funcionarios de las instituciones públicas para que tengan conocimiento de cómo presentar una denuncia, qué tipos penales se pueden aplicar y que hay que tomar en cuenta que esa especialización también va enfocada a la educación de las personas para que sepan cómo obtener conocimiento de este tipo de delitos para que no sean abordados por el crimen organizado y los engañen y, lamentablemente, eso podría generar también impunidad o el aumento creciente de la delincuencia en ciudadanos que son engañados por el crimen organizado.
Hay que abordar ese tema en forma integral en la lucha contra la criminalidad, poder capacitar a los menores de edad y también la integración de las familias para que el Estado se preocupe por temas de ve temas deportivos, culturales», opinó.
Por su parte, la encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, pidió abordajes multidimensionales para tener mejores resultados.
«La Organización de Estados Americanos, en el 2003, sacó una declaración de seguridad donde Costa Rica es un país firmante y donde se detalla cómo abordar la seguridad considerando distintas dimensiones, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación de calidad, a un trabajo digno, a acceso al deporte, a la cuestión cultural, educativa, al respeto los derechos humanos, al tema de también el respeto de la democracia.
Son acciones que procuran darle mejor calidad de vida a las personas habitantes y que al darle esta resiliencia, de una u otra forma, a un mediano largo plazo, puede incidir en la disminución de la violencia o la criminalidad en comunidades socioeconómicamente vulnerables, que sabemos que en muchos casos es donde se está dando esta guerra campal entre bandas criminales.
Entonces, desde esta perspectiva de seguridad tradicional, considero que muy poco impacto va a tener en mejor de los casos podría quizá disminuir algunas cifras de delitos contra la propiedad o violencia homicida; sin embargo, son acciones que serán de nunca acabar porque no son acciones enfocadas a intervenir el ciclo de violencia que tenemos actualmente en Costa Rica», dijo.
