- Las audiencias buscarán respuestas sobre la crisis de violencia en Crucitas, la reincidencia delictiva y las medidas cautelares.
La Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa inició sus labores con una serie de convocatorias que reflejan dos de las principales preocupaciones en materia de seguridad del país: la violencia que rodea la actividad minera ilegal en Crucitas y las decisiones que toman las autoridades judiciales en casos vinculados con criminalidad organizada.
Los diputados aprobaron llamar a audiencia al ministro de Seguridad, Gerald Campos, para que se refiera al impacto social y de seguridad que enfrenta la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos.
El diputado liberacionista Eder Hernández defendió la convocatoria al señalar que la discusión sobre Crucitas suele concentrarse en la extracción de oro y la contaminación ambiental, mientras que la situación social queda en segundo plano.
“Constantemente en Crucitas se habla de la extracción de oro, de la contaminación del mercurio, del agua, pero pocas veces se menciona el estallido social que hay ahí”, afirmó Hernández.
El legislador recordó que recientemente una mujer murió tras ser atacada con un machete y advirtió sobre enfrentamientos entre grupos criminales que disputan el control de la actividad ilegal en la zona.
“Es urgente que también abarquemos este tema desde la Comisión de Seguridad y Narcotráfico”, agregó.
La comisión también aprobó convocar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; a la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano; y al fiscal general, Carlo Díaz.
El presidente de la comisión, el oficialista Gonzalo Rodríguez, justificó la decisión señalando que existe preocupación ciudadana por casos en los que personas detenidas con aparentes vínculos criminales recuperan la libertad.
“¿Quién juzga a los jueces? Cuando agarran a presuntos delincuentes con droga, armas y evidencias, ¿cómo es posible que muchas veces terminen otra vez en las calles?”, cuestionó.
Rodríguez sostuvo que el Congreso debe abrir espacios para discutir el funcionamiento del sistema penal y conocer la posición de las autoridades judiciales.
“Yo sí creo que esas preguntas deben hacerse desde la Asamblea Legislativa, donde están representados todos y todas las costarricenses”, manifestó.
Por su parte, Hernández celebró que las audiencias fueran respaldadas por distintas fracciones legislativas y afirmó que permitirán escuchar directamente a los responsables de tomar decisiones dentro del sistema judicial.
“En los últimos meses solo hemos escuchado señalamientos de culpables, pero nunca los hemos podido escuchar a ellos. Los costarricenses quieren soluciones porque allá afuera hay demasiadas muertes”, indicó.
Las comparecencias forman parte de las primeras acciones de la nueva integración de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que además deberá analizar varios proyectos de ley relacionados con crimen organizado, lavado de dinero y fortalecimiento de herramientas para combatir la delincuencia.
