19 costarricenses han sido detenidos en este período y tres ya fueron extraditados. Conversamos con el director del OIJ, la exdiputada que promovió la reforma y un abogado defensor.
Este jueves se cumplió un año de la entrada en vigencia de la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales. El entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó la ley el 28 de mayo del 2025.
Actualmente, se autoriza la extradición de costarricenses cuando sean requeridos por delitos de narcotráfico o crimen organizado. Desde que comenzó a regir, las autoridades, a solicitud de diversos países, detuvieron a 19 costarricenses de nacimiento o por naturalización.
Dos personas ya fueron extraditadas a los Estados Unidos: el exministro de Seguridad, exmagistrado y exfiscal, Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de rata”. Otro hombre de apellidos Angulo Fernández, alias «John Cadenas», ya fue enviado ante la justicia italiana. (Todos en la foto principal).
Entre los 16 restantes están dos empresarios; uno de San José conocido como “Gato” o “Profe” y alias “Macho coca” de Limón. La única mujer es de apellido Viveros, identificada como “La Güera”.
También está un exoficial de la Fuerza Pública, alias «Rojo» y el padre de una mujer conocida como “La Reina del Sur” quien fue condenada por tráfico de drogas.
El director interino del OIJ, Michael Soto, comentó que el inicio tuvo dificultades esperables pero que ahora nota un desarrollo más fluido de los procesos. Mencionó que, tomando como parámetro las extradiciones que se han concretado hasta el momento, el trámite tarda aproximadamente nueve meses.
También se refirió al impacto de la ley en la lucha contra la criminalidad. Resaltó sus beneficios sin perder de vista que no es la única solución.
«Ayuda (a la disminución) pero no es que con esto vamos a lograr controlar a la criminalidad y que desaparezcan el narcotráfico y los homicidios. Es una herramienta útil, oportuna, pero es una herramienta más dentro del espectro de complejidades que hay en nuestro país», expresó.
Soto dijo que el caso de Celso Gamboa tuvo especial relevancia por ser una persona que formó parte del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Añadió que se buscaba su envío a Estados Unidos pero que fue circunstancial que le correspondiera ser el primer costarricense extraditado junto a alias “Pecho de rata”.
«Tiene algún tipo de simbolismo por la connotación de la persona y que realmente es una forma de demostrar que la herramienta se usa indistintamente de quién sea la persona», resaltó.
Escuche aquí la entrevista
El jerarca del OIJ aseguró que las detenciones de personas con fines de extradición serán una constante pues las coordinaciones con otros países, como Estados Unidos, se mantienen. La dinámica es variable; puede ser que haya períodos en los que se anuncien varias consecutivas y otros en los que no ocurran.
Satisfacción
La exdiputada Pilar Cisneros, principal promotora de la reforma constitucional, afirmó que, en este año de vigencia de la ley, se obtuvieron muy buenos resultados.
«Es más de lo que yo esperaba. No tenía idea de que iba a ser tan rápido o relativamente muy rápido cuando Estados Unidos pidiera la primera extradición, ni más ni menos, que una figura pública absolutamente relevante en Costa Rica como el exmagistrado, exministro, exasesor, Celso Gamboa»,
«Creo que eso marcó una línea dura, en el sentido de que aquí no se salva nadie. El que se mete en narcotráfico o en crimen organizado va a ser sujeto a extradición. La última vez que chequeé, había solicitudes no solo de Estados Unidos, sino de varios países europeos. Eso manda una clara señal, clarísima a los delincuentes. Esto será un antes y un después para el crimen organizado y el narcotráfico en Costa Rica», agregó.
Escuche aquí las declaraciones completas:
Cisneros considera que se puede ampliar la lista de delitos por los cuales se autorice la extradición de nacionales, sin embargo, en la legislatura anterior consideraron que no era el mejor momento para modificar el proyecto.
Entre esas opciones de sumar nuevos delitos están la legitimación de capitales, el tráfico de armas y la trata de personas.
Cuestionamientos
El abogado Michael Castillo, quien representó a Celso Gamboa en el proceso de extradición, asegura que, al cumplirse un año de la entrada en vigencia de la ley de extradición, es necesaria «una discusión de enorme trascendencia constitucional y democrática» sobre esta reforma y las «consecuencias reales que ha generado dentro del sistema jurídico costarricense».
Castillo compartió con Noticias Columbia una extensa reflexión, por escrito, sobre su experiencia en este tipo de procesos. Este es el texto completo:
«Desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta necesario advertir que toda reforma constitucional debe responder a principios de claridad, seguridad jurídica y proporcionalidad. Sin embargo, la modificación introducida al artículo 32, lejos de consolidar esos pilares fundamentales, ha abierto espacios preocupantes de incertidumbre interpretativa y discrecionalidad judicial.
El problema central no radica únicamente en el texto reformado, sino en la ausencia de parámetros objetivos y límites claros para su aplicación. Cuando una norma constitucional carece de precisión suficiente, inevitablemente traslada a los jueces la carga de definir su alcance caso por caso. Y es precisamente ahí donde nace el mayor riesgo: la subjetividad.
Hoy observamos criterios distintos frente a situaciones similares; interpretaciones amplias en algunos despachos y restrictivas en otros; resoluciones contradictorias que erosionan el principio de igualdad ante la ley y afectan directamente la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
La seguridad jurídica no se construye mediante reformas simbólicas o políticamente populares. Se construye mediante normas claras, previsibles y técnicamente sólidas. Un ciudadano debe saber, con razonable certeza, cuáles son los límites de la actuación estatal y cuáles son las consecuencias jurídicas de sus actos. Cuando la interpretación depende del criterio individual de cada operador judicial, el derecho deja de ser certeza y se convierte en incertidumbre.
Y es precisamente esa incertidumbre la que hoy enfrentamos.
Se nos dijo que esta reforma fortalecería la seguridad del país. No obstante, la realidad práctica demuestra otra cosa. No existen evidencias contundentes de que la modificación haya reducido la criminalidad, fortalecido la persecución penal o incrementado la protección efectiva de la ciudadanía frente al delito.
Por el contrario, lo que sí ha aumentado es el debate sobre posibles excesos interpretativos, conflictos de constitucionalidad y criterios divergentes dentro del aparato judicial.
Debemos recordar que la Constitución Política no puede reformarse bajo impulsos emocionales ni bajo discursos de coyuntura. La Constitución representa el pacto jurídico fundamental de una nación, y toda modificación debe realizarse bajo una visión técnica, garantista y profundamente responsable.
El derecho constitucional moderno exige equilibrio, equilibrio entre seguridad y libertad, entre poder estatal y derechos fundamentales, entre prevención y garantías individuales. Cuando ese equilibrio se rompe, el riesgo no es únicamente jurídico; es democrático.
Por ello, corresponde a la defensa, a los operadores de justicia y a la sociedad civil mantener una posición crítica y vigilante frente a reformas que, aunque puedan presentarse como soluciones inmediatas, terminan generando mayores zonas grises dentro del ordenamiento jurídico.
La verdadera seguridad nacional no nace de reformas ambiguas ni de interpretaciones extensivas del poder. Nace de instituciones fuertes, de políticas públicas eficaces, de educación, prevención, investigación criminal seria y respeto absoluto al Estado de Derecho.
Porque cuando sacrificamos certeza jurídica en nombre de una supuesta seguridad, corremos el riesgo de perder ambas».
