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Magistrado: Aumentar penas contra menores de edad no es razonable

by Alejandro Arley

Rafael Segura, de la Sala III, considera que Costa Rica ya tiene las sanciones más fuertes en América Latina.

Sucesos recientes en el país dejaron en evidencia la participación de personas menores de edad o adultos muy jóvenes en hechos delictivos graves como homicidios, tentativas de homicidio, tráfico de drogas y asaltos violentos, entre otros.

Los hechos reavivaron el debate acerca de si deben o no aumentarse las penas de cárcel contra personas menores de edad.

El pasado 19 de abril, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley “para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violencia y delincuencia organizada”. La iniciativa pretende que menores de edad relacionados con crimen organizado sean juzgados como adultos.

El magistrado Rafael Segura, de la Sala III o de Casación Penal, fue uno de los expositores en una charla sobre la aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica.

Consultado por Noticias Columbia, el integrante de Corte Plena dijo que no le parece razonable aumentar las penas contra personas menores de edad.

En Costa Rica, las penas máximas por delitos graves se dividen de esta forma:

–15 años de internamiento en un centro penal para mayores de 15 años de edad pero menores de 18.

–10 años de internamiento para mayores de 12 años de edad pero menores de 15.  

“Vea que Costa Rica es el país en Latinoamérica que tiene las penas más altas. Le puedo poner el ejemplo de México o Perú que tienen como pena máxima cinco años. Yo le digo a usted ¿quién es más violento? ¿México o Costa Rica? En este instante yo creo que todavía siguen siendo esos países y el hecho de pongan de ese tipo de sanciones (más altas) no hace que baje la criminalidad”, expresó.

Antes de ser magistrado, Segura se desempeñó como juez coordinador del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Actualmente forma parte de la subcomisión Penal Juvenil.

Aseveró que en lugar de aumento de penas apostaría por la prevención del delito, de manera que los jóvenes no terminen en el sistema penitenciario.

“Más que aumento de penas, abogaría por programas integrales (preventivos), abordajes interinstitucionales a los menores de edad que no han ingresado a prisión y a los que han ingresado, algo para que puedan salir diferente a cómo entraron”, añadió.

Segura dijo que no se trata de dejar pasar los delitos que cometen menores de edad. La ley contempla castigos que deben cumplirse en los casos que determinen los jueces. “Sanción va a haber y siempre hay”, resaltó.

No obstante, piensa que aumentar penas no es la solución para bajar la incidencia criminal de esta población ni es de utilidad en el objetivo de que los sentenciados, una vez que respondan por sus delitos, puedan salir adelante y tener una nueva vida.

Ejemplos

Uno de los casos más mediáticos fue el homicidio del joven Marco Calzada en San José en el año 2022. Por estos hechos tres menores de edad fueron condenados a 13 y 8 años de internamiento en un centro carcelario.

En febrero del 2023, la Policía Judicial detuvo en Puntarenas a dos menores con edades entre los 16 y 17 años, como sospechosos de participar en actividades de sicariato.

En la entrevista, Segura también se refirió a los casos recientes en que las personas sospechosas de delitos graves son adultos pero muy jóvenes, incluso a menores de 25 años. Indicó que los grupos criminales lamentablemente se han vuelto atractivos para personas jóvenes.

El magistrado explicó que, en estos escenarios, el Poder Judicial tiene mecanismos represivos pero insta a pensar en las situaciones que están llevando a muchachos y muchachas a delinquir.

Citó como ejemplo la falta de oportunidades de acceso a educación, tecnología y trabajo. Por eso, cree que no debe perderse el enfoque preventivo.

Escuche aquí la entrevista completa:

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