Noticias Columbia conversó con el asesor tributario y socio de Baker Tilly, Carlos Gómez, quien explicó las consecuencias que podría tener el país en caso de no llegar a un acuerdo antes de octubre.
La comisión especial que estudiará los proyectos para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea tuvo su primera sesión este lunes.
Eso sí, únicamente se definió el horario en el cual se reunirán y a las personas y organizaciones que se convocará en audiencia y como consulta para los tres expedientes en cuestión: uno presentado por el Gobierno, otro por el Partido Liberal Progresista (PLP) y otro por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los diputados que integran la comisión determinaron que trabajarán el tema todos los miércoles, cinco minutos después del final de la sesión ordinaria del Plenario o de las comisiones plenas, así como los jueves entre 1:00pm y 2:44pm.
Además, los legisladores también definieron que contarán con la opinión del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio Exterior, UCCAEP, la Cámara de Industria, la Contraloría General de la República, entre otras entidades.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, explicó que es importante que este proyecto se vote pronto para salir de esta lista de países no cooperantes en el mes de octubre.
“En la Asamblea Legislativa se instalaron dos comisiones. Una para conocer los proyectos de lista gris y la otra para conocer los proyectos de marchamo. Lo que buscamos es que se dé la discusión lo antes posible, un trabajo en equipo coordinado entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para sacar lo antes posibles estos expedientes. Tenemos fecha límite para la lista gris, más o menos en julio tiene que estar ya votado el proyecto de ley”, aseguró Díaz.
En Noticias Columbia conversamos con el socio de Baker Tilly Costa Rica y asesor tributario, Carlos Gómez, quien explicó la razón por la cual el país fue incluido en esta lista de países no cooperantes.
“¿Por qué entramos ahí? Bueno, porque tenemos un régimen de exención de ingresos de fuente extranjera. La misma OCDE y la Unión Europea han dicho que no es el hecho de esta exención, es que puede ser aceptable y recomendable en algunos casos, pero para evitar la doble imposición. El tema es que el régimen costarricense, no solo no evita la doble imposición, sino que crea situaciones de doble no imposición. ¿Qué quiere decir eso? Hay rentas que reciben ciertas empresas en Costa Rica, que no están gravadas en la fuente y que, como aquí están exoneradas las rentas de fuente extranjera, entonces no se gravan aquí”, detalló Gómez.
Pese a que, según el especialista, de momento no se han sentido grandes efectos por estar entre los grupos de países no cooperantes, podrían haber consecuencias económicas si no se aprueba pronto alguna legislación acorde a lo solicitado por la Unión Europea.
“Lo primero es condicionar la cooperación hacia Costa Rica. Ellos pueden condicionar. Cooperan de diversas formas con el país y si nosotros estamos en esta lista, ellos van a disminuir esa cooperación. Incluso, la comisaria de asociaciones internacionales de la Unión Europea, Jutta Urpilainen, durante la visita a Costa Rica lo adelantó, lo dijo claramente: ‘Ahorita el impacto ha sido mínimo, pero eso no quiere decir que no vayamos a bajar la cooperación'”, agregó el especialista.
Finalmente, Gómez señaló que el proyecto que presentó el Gobierno incluye algunas modificaciones que la Unión Europea no solicita, como la renta global y que, por su complejidad, podría atrasar la discusión en la Asamblea Legislativa.
“Si ustedes ven el proyecto del PLP, lo que son las reformas, creo que son cuatro o cinco páginas. El del PUSC creo que son tres. El del Ejecutivo es de la página 12 a la 92. ¿Ustedes creen que es solo eso? Claramente no, hay un montón de otras cosas que incluso se han discutido bastante. Este es un nuevo paquete de impuestos. Si recordamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, para que se aprobara costó un montón, a pesar de que durante la campaña política todos los candidatos se comprometieron a aprobarlo. Había mucho consenso de que había que aprobarlo, ¿y cuánto duramos?”, cuestionó Gómez.
