Proyecto tiene que ser dictaminado en la comisión legislativo, ser votado en primero y segundo debate, para posteriormente ser firmado por el Poder Ejecutivo en poco más de un mes.
Un grupo del código de conducta de la Unión Europea estuvo en audiencia, este jueves, con los diputados de la comisión que busca sacar al país de la lista negra de naciones no cooperantes con la organización.
Los legisladores aprovecharon esta visita para despejar todas las dudas sobre los diferentes proyectos que pretenden cumplir con la normativa internacional.
Quedó claro que, para salir de esta lista, es necesario que haya una ley vigente aprobada para antes del 8 de setiembre y existen dos maneras de cumplir, según lo detalló la representante de la Unión Europea, Anna Manitara.
“Una manera es eliminar totalmente de la legislación fiscal la exención de la tributación de los ingresos del extranjero. Entendemos que una de las propuestas que actualmente se están considerando, es utilizar esta manera de corregir la reforma. Otra manera de hacerlo es cualificar las exenciones, introducir vínculos específicos a la exención de ingresos para asegurarnos que están realmente vinculados a la jurisdicción”, explicó Manitara.
En relación a las propuestas existentes, el también representante de la Unión Europea, Gabriel Annolino, destacó que el proyecto presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), bajo el expediente 23.581, en principio cumpliría con los estándares requeridos.
“Debo decir que al ver, preliminarmente, estos proyectos adicionales al del Gobierno, el más prometedor parece ser el que está modelado con base en la reforma uruguaya, porque ya el grupo está familiarizado con esta reforma y la aceptaron, en donde existe una distinción entre entidades cualificadas y entidades no cualificadas. Ustedes son los que tienen que decidir cuál es la reforma que quieren llevar hacia adelante”, señaló el miembro del grupo de conducta de la Unión Europea.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien participó de la sesión, destacó que desde el Gobierno existe un compromiso para colaborar en la propuesta final que sea entregada al organismo internacional.
“Es importante tener esas normas anti abuso fortalecidas y hoy la legislación está asumiendo que lo están. Yo creo que es un elemento importante a tomar en consideración, porque si vamos a ir por el tema de establecer una serie de condiciones para poder calificar si una empresa está o no sujeta a impuestos, es muy importante. Ese ejercicio lo podemos hacer en las próximas sesiones y apurando el paso podríamos tener la legislación adecuada en tiempo”, mencionó Acosta.
Los miembros del comité de la Unión Europea se comprometieron a revisar el texto previo a su presentación final para una última ronda de observaciones.
La diputada socialcristiana, Daniela Rojas, señaló que quedó claro en la comisión que el proyecto del Poder Ejecutivo es más complejo de lo necesario, por lo que no tiene ninguna viabilidad política.
“Dijeron que perfectamente Costa Rica puede seguir el mismo camino de Uruguay. Aceptaron que el proyecto del Poder Ejecutivo va más allá de lo que ellos están solicitando. Nosotros también les hicimos saber que ese proyecto no tiene ninguna viabilidad política por incluir una carga impositiva mayor al sector productivo, a todos los costarricenses y que ninguna fracción estaría apoyando eso. También pudimos conversar sobre los otros proyectos de ley que dijeron conocer, pero que no habían estudiado con detalle. Además de que era decisión de cada país cómo solucionar el tema de la lista negra”, aseguró la legisladora.
