Órgano constitucional falló a favor de la representante de los trabajadores en la junta directiva de la institución, a quien el Consejo de Gobierno rechazó juramentar.
La exdiputada de la República, Rocío Alfaro, confía en que será juramentada como miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego del fallo de la Sala Constitucional.
Sin embargo, augura que este requisito se atrasará lo más posible por parte del Consejo de Gobierno.
Alfaro fue elegida como representante del sector sindical en la Directiva de la CCSS, pero el Ejecutivo rechazó esta pretensión.
Ante esto, el sector acudió a la Sala Constitucional, la cual falló a favor de Alfaro y ordenó su juramentación.
La exdiputada se mostró satisfecha por esta decisión y afirmó que los trabajadores siempre confiaron en la legalidad de su nombramiento.
«Nos sentimos realmente satisfechas de conocer la resolución de la Sala Constitucional al respecto de garantizar el derecho del movimiento sindical de tener la debida representación electa por su propio movimiento en la Junta Directiva de la Caja. Nos parece que con esto se resguarda la división de Poderes, se resguarda los pesos y contrapesos que garantizan nuestra democracia.
Se resguarda también el formato de gobernanza tripartito que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social y se garantiza la debida participación de las personas trabajadoras que son mayoritariamente las que están financiando a la Caja. Nos parece que es un voto importante en el resguardo de nuestras condiciones democráticas y también en el resguardo del derecho a la salud que tiene la población», afirmó.
En otros momentos, Casa Presidencial ha dudado de las decisiones de la Sala Constitucional, por lo que Alfaro cree que su nombramiento se aplazará lo más posible.
«Sí hemos conocido de expresiones, prácticamente exabruptos, que ha tenido el gobierno al respecto de plantearse la posibilidad de no respetar el orden jurídico de nuestro país. Lo ha intentado hacer de diversas formas, pero creemos que el pueblo de Costa Rica no podría permitir semejante cosa en términos de desconocer las potestades de la Sala Constitucional.
En ese sentido, pues sí esperamos que vayan a a dilatar lo más posible. Ha sido el comportamiento, nunca tuvieron razones jurídicas para impedir mi juramentación y muy posiblemente su motivación era retrasar la entrada en vigencia de la nueva junta directiva de la Caja.
En ese sentido, pues esperamos que posiblemente recurran a la Sala, que pidan aclaraciones, etcétera, y que pues utilicen todo el tiempo, en vista que parece ser ese es el interés del gobierno de que no entre a funcionar ya la la Junta Directiva, pero llegará el momento y averiguaremos cuál era el interés de retrasar la toma de decisiones que tanto urgen a la población», afirmó.
Sobre sus prioridades en la Junta Directiva, Alfaro señaló la necesidad de dotar a la Caja de condiciones para atender a los usuarios de la mejor manera.
«Una de las principales orientaciones es garantizarle a la Caja las condiciones para poder brindar los mejores servicios a la población. La Caja tiene la posibilidad de brindarle a Costa Rica un servicio de calidad, un servicio en el momento adecuado y para ello hay que garantizarle, por ejemplo, una debida financiación.
No es posible que se mantenga sin cobrar la deuda del Estado por más pretextos. Hay ya avances legales al respecto de las obligaciones que el Estado ha dejado de asumir y que deben de ser asumidas.
En virtud de eso, pues habrá que crear las plazas, la infraestructura y habrá que ordenar también el sistema de de compras de medicamentos y de también instrumentos de diagnóstico, de manera que se mejore el servicio que es lo que toda la población quiere, que bajen las listas de espera, que se pare este caos que ha sido prácticamente un caos planificado de crear una crisis en la Caja y, por supuesto, que priorizar la salud del pueblo costarricense, así como garantizar los recursos necesarios para que el sistema de invalidez, vejez y muerte tenga una una buena proyección, un buen crecimiento a sus fondos y pueda garantizarle a toda la población una vejez digna», finalizó.
