La reforma a la Ley de Radio de 1954 fue presentada en julio del 2024 por el Poder Ejecutivo.
Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, el proyecto de actualización del pago por las frecuencias de radio y televisión. La votación terminó con 48 votos a favor y 3 en contra (CAC, PUSC y el liberacionista Salvador Padilla).
Esta iniciativa es una Reforma a la Ley de Radio de 1954 (exp. 24.461), que fue presentada en julio del 2024 por el Poder Ejecutivo con el fin de actualizar el monto fijo establecido desde la década de los cincuenta.
Superó la etapa de la Comisión de Gobierno y Administración y llegó al primer debate el pasado 27 de julio, con el apoyo de todas las bancadas con excepción del PUSC y del CAC, pero se retrotrajo para hacer algunos cambios y nuevamente se encuentra en agenda, a la espera del primer debate.
El contenido del proyecto de ley
El proyecto modifica los artículos 18, 20, 21 y 22 de la Ley de Radio, para actualizar el canon, el impuesto anual que deben cancelar los concesionarios por el uso del espectro radioeléctrico, y que se plantea de la siguiente manera:
- Para los concesionarios de radiodifusión televisiva, entre un 4.39% y un 7.73% de los ingresos brutos anuales
- Para los concesionarios de radiodifusión sonora, entre un 1.51% y 3.13% de los ingresos brutos anuales
El monto deberá pagarse a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda al finalizar el período fiscal y en cuatro tractos, equivalentes a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
El 50% de lo recolectado irá al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), y el otro 50% al Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico.
Voces a favor
El gobierno, a través de la ministra del Micitt, Paula Bogantes, defendió este miércoles la propuesta de reforma, y alegó que continuarán con la propuesta de subastar las frecuencias.
“Lo hicimos escalonado, y el primer escalón está exento del pago, que equivale a 130 salarios, después de ahí vienen tres escalones más: 4.39, 6.17 y finalmente el 7.73, es decir, que para que las empresas televisoras lleguen a pagar ese 7.73, tienen que haber reportado como ganancia por el aprovechamiento del espectro más de 600 millones de colones, y según los cálculos que hemos hecho en el MICIT esto corresponde a menos del 20% de las empresas de la industria de televisión”, expresó.
Dentro de la Asamblea Legislativa solo se han opuesto las fracciones unipersonales: el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Incluso, trece diputados liberacionistas habían enviado el proyecto a consulta constitucional, pero retiraron sus firmas el pasado 31 de julio, lo que frustró su análisis en la Sala Constitucional.
El diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, expresó que la fracción seguirá apoyando la actualización de la Ley de Radio y Televisión y de los cánones por las frecuencias.
“Creemos que las grandes empresas tienen que pagar de acuerdo a su cantidad de publicidad que venden, y las más pequeñas, así como las empresas sociales, las educativas, las culturales y las comunitarias, tienen que pagar mucho menos o prácticamente nada para utilizar un espectro que es de beneficio de la población, un espectro público, por eso creemos que se deben analizar con mucho detenimiento todas las objeciones que se puedan presentar por parte de los actores sociales, así como las recomendaciones técnicas que surjan a este procedimiento”, expresó.
Voces críticas
Consultada por Columbia, la exministra de Ciencia y Tecnología, Hannia Vega, recordó que hubo dos propuestas sobre las frecuencias de radio y televisión, de las cuales solo sobrevive la del gobierno.
La exjerarca se refirió a algunos aspectos que, considera, llevan a cuestionar la propuesta gubernamental, por lo que podría ser beneficiosa una consulta a la Sala Constitucional.
“Una de ellas se relaciona con la nueva configuración del canon aplicable a la radiodifusión sonora y televisiva, conviene precisar su fundamento, la proporcionalidad de los rasgos propuestos, la base sobre la cual se calculará y su relación con el régimen que la Ley General de Telecomunicaciones aplica desde hace casi 20 años al sector de telecomunicaciones, la discusión no parece girar en torno a la necesidad de actualizar la legislación, el objetivo que el propio sector ha reconocido es actualizarlo, aquí la pregunta es la figura escogida y su aplicación equitativa; también sería importante aclarar el destino de los recursos, en telecomunicaciones el canon permite financiar las funciones públicas de planificación, administración, control, vigilancia del espectro radioeléctrico, en el nuevo régimen en este proyecto, estas tareas corresponderían principalmente al Micitt, por ello, conviene explicar con precisión cuáles actividades y costos institucionales serán cubiertos, así como el fundamento para destinar parte de la recaudación a un fin o beneficiario diferentes del espectro radioeléctrico y quién lo vigila; aclarar estos aspectos antes de la aprobación definitiva contribuirá a una interpretación uniforme de la ley, fortalecerá la seguridad jurídica y facilitará una adecuada implementación”, manifestó.
Columbia también intentó obtener una respuesta de la presidenta de la Cámara de Radio y Televisión de Costa Rica (CANARTEL), pero de momento no se ha recibido su respuesta.
Durante su discusión este jueves, la diputada Claudia Dobles (CAC) indicó que, aunque está de acuerdo con la actualización de los montos, el proyecto no es el adecuado.
“El canon se debe actualizar, es lo justo y es lo que Costa Rica necesita, pero esa actualización del canon tiene que responder a ciencia y a técnica y debe responder a estudios técnicos que justifiquen ese porcentaje, un número puede ser muy alto o muy bajo si no se respalda en nada, la misma crítica hemos tenido con otros proyectos de ley en donde también se están discutiendo otros cánones, un canon tiene que estar basado en un estudio técnico y nosotros hemos solicitado y hemos pedido que esos estudios técnicos, esas fórmulas técnicas, esas fórmulas financieras estén, existan, para poder saber si ese número que está planteado en esa ley es muy alto o es muy bajo”, apuntó.
El segundo debate quedó fijado para el próximo 3 de setiembre.
