El secretario general del sindicato, Hugo Solís, señala que la mora judicial, la ausencia de aumentos salariales y las jornadas extendidas agravan la situación del personal.
El Sindicato del Poder Judicial hizo un llamado para que se preste atención a la salud mental de los funcionarios judiciales, ante la excesiva carga laboral que enfrentan.
Según el secretario general del Sindicato de la Defensa Pública, Hugo Solís Álvarez, las incapacidades por problemas de salud mental han aumentado hasta en un 146%, y esa cifra no ha disminuido ni siquiera después de la pandemia.
“Desde hace unos cinco o seis años hemos venido monitoreando la salud física, mental y emocional de las personas funcionarias del Poder Judicial, y las estadísticas son alarmantes. El aumento de incapacidades ronda entre un 120% y un 146% desde el 2020. Aunque hubo un pico relacionado con la pandemia, los números no han variado, incluso después de superarla. Muchas de esas incapacidades están relacionadas con diagnósticos psiquiátricos, y el problema se agrava porque, en muchos casos, no hay sustituciones debido a las limitaciones presupuestarias.
Esto evidencia dos situaciones: una carga laboral excesiva que afecta la salud mental y un mayor recargo en los despachos cuando ocurren incapacidades”, explicó Solís.
El dirigente sindical añadió que los agentes judiciales acumulan una gran cantidad de horas extra debido a la naturaleza de sus funciones, y además no siempre se respeta su tiempo de descanso.
“Los agentes judiciales realizan sus jornadas ordinarias y, al final del mes, liquidan entre 10 y 15 días completos de horas extra.
Esto no solo implica un desgaste económico para el país, sino también un alto nivel de agotamiento físico y mental.
En muchos casos ni siquiera se respeta el descanso entre jornadas. Hay funcionarios que terminan un operativo a las dos de la mañana y deben presentarse a trabajar a las siete y media”, señaló.
Desde distintos sectores —dentro y fuera del Poder Judicial— se ha señalado la alta mora judicial que enfrenta el sistema.
Para Solís, esta situación tiene múltiples causas que también impactan en el bienestar de los funcionarios.
“La mora judicial es multifactorial. Tiene que ver con el volumen de trabajo y con las condiciones en que se realiza.
Desde hace cinco años, el Poder Judicial —como el resto del sector público— no recibe aumentos salariales.
Además, las nuevas legislaciones prohíben crear plazas o reconocer incentivos, lo que ha obligado a reordenar al personal para atender una demanda creciente. Mucha gente asocia el Poder Judicial solo con el derecho penal, pero también se atienden áreas como laboral y cobro judicial, que absorben buena parte del presupuesto y del personal. En este momento, un defensor público en materia penal maneja, en promedio, unas 300 causas activas”, detalló.
Finalmente, el secretario general del sindicato advirtió que los constantes ataques al Poder Judicial han generado un fuerte impacto emocional entre sus funcionarios.
“Los señalamientos contra los funcionarios están dejando huella. Antes uno caminaba con orgullo mostrando el gafete del Poder Judicial; hoy muchos lo esconden. Hay personas que, al ser reconocidas en la calle, reciben insultos por el descontento que provocan ciertas declaraciones políticas.
Todo esto, sumado a la carga laboral, genera desmotivación y deterioro en la salud mental de los trabajadores judiciales”, concluyó Solís.
