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La polémica con el precio del arroz en Costa Rica: las dos caras opuestas sobre decisión de Rodrigo Chaves

by Allan Arroyo

Anunciada en campaña, el presidente, Rodrigo Chaves y su gobierno iniciaron una lucha frontal para bajar el precio del arroz en el país.

Desde antes de asumir el cargo, el día después de ser electo, se estableció como prioridad el decreto para bajar el costo que pagan los ciudadanos. Uno de los resultados concretos fue confirmado el miércoles anterior, en la llamada “Ruta del Arroz,” con el fin de bajar el impuesto de importación de cerca de un 36% a alrededor de un 5%, según el tipo de grano.

El presidente Chaves reiteró su lucha contra los altos precios, que dice él, benefician a pocas personas, y que los ciudadanos sienten y recienten en el bolsillo.

“Estamos bajando el impuesto la importación del arroz que tiene que pagar todo el mundo, menos esos industriales. Ellos no lo tenían que pagar porque ellos traían el arroz ante una situación que ellos mismos declaraban de desabasto y a ellos no les cobraba nada por el arroz pilado. Le añadía un poquito de valor al arroz pilado, pelándolo y fortificándolo y se ganaban todo el impuesto de la importación 36%. Ahora van a tener que competir,” explicó el mandatario.

Consumidores felices, productores preocupados

Como en la gran mayoría de decisiones, hay ganadores y perdedores que intensificaron el debate de los últimos días.

La decisión de Chaves y esta lucha frontal contra el alto precio es aplaudida por los grupos en defensa de los consumidores, que desde hace años piden liberalizar el precio, al único producto que es regulado por el Estado.

Para Eric Ulate, de la Asociación Consumidores de Costa Rica, esta es una muy buena noticia. “Esto es sumamente importante, en el tanto hemos sido persistente durante más de 20 años en denunciar los perjuicios que ha provocado la fijación de precios. Hemos insistido en lo absurdo de mantener impuestos altísimos a la importación de un producto de primeras necesidades, que no produce en su totalidad Costa Rica para satisfacer el consumo en nuestras familias y en nuestras mesas. Por ello consideramos valiente la acción del Gobierno de la República y la apoyamos de manera total,” enfatizó.

Por su parte, están los pequeños y medianos productores. Cerca de 500 que actualmente dependen de esta actividad en diferentes regiones del país, en su mayoría la región Chorotega.

Ellos afirman que bajar los aranceles afectará directamente a estas familias y los dejará en desventaja contra la “competencia” que promueve el gobierno.

Guido Vargas, de UPA Nacional, hizo un llamado al Poder Ejecutivo a analizar con detalle esta política. “Una desarancelización del arroz viene a afectar a los productores nacionales. No a los comerciantes o a los industriales. El arroz vendrá en barcos a granel y siempre al final de la cadena seguirá aumentando de precio.”

El presidente Chaves, en sus anuncios, hizo la salvedad de que se gestionan ayudas o subsidios para los pequeños y medianos productores, además de que el Consejo Nacional de la Producción tiene el mandato y posibilidades de comprar esas cosechas.

Según datos de UPA, la actividad arrocera costarricense se desarrolla en 27 cantones rurales del país. La cosecha supera los 150 millones de kilogramos.

Los agricultores piden que se fomente la producción nacional de una actividad que genera unos 33 mil puestos de trabajo adicionales.

Chaves dijo que hasta amenazas recibe por su política. “La ruta del arroz empezó con el decreto para quitar el precio mínimo del arroz en Costa Rica. Luego, eliminamos una restricción a la competencia, donde solo 5 o 6 grandes podían fortificar el arroz. Ahora vamos a bajar el impuesto a la importación”, afirmó.

En Conarroz afirman que estas medidas serían la caída completa de la industria del arroz nacional, abriendo paso a todo el grano importado.

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