El proyecto del PLP que busca limitar el acceso a datos de ciudadanos a través de su página web provoca diferentes opiniones.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sostiene que los datos compartidos en su sistema de consulta son públicos y así lo ha respaldado la Sala Constitucional.
Este fue el argumento expresado en entrevista con Noticias Columbia por el jefe del Despacho de la Presidencia del TSE, Andrei Cambronero, con respecto al proyecto recientemente presentado por el Partido Liberal Progresista (PLP).
El proyecto desde el punto de vista del PLP
Los tres diputados liberales presentaron esta semana el proyecto de “Ley para devolver al ciudadano el control de sus datos básicos sobre hechos vitales”, a través de una Reforma al artículo 24 del Código Electoral (exp. 24.895).
En términos generales, la iniciativa busca eliminar el acceso irrestricto a datos como ascendientes y descendientes de personas, matrimonios, divorcios y número de cédula. Solamente se podrá acceder a esta posibilidad con consentimiento informado del titular de los datos.
En entrevista con Noticias Columbia, el firmante del proyecto, Gilberto Campos, explicó que el proyecto se originó en la necesidad de proteger los datos de la población frente a delitos de suplantación de identidad y secuestros virtuales.
“La suplantación de identidad tiene un origen y es que los delincuentes tienen en su poder información crítica, vital, de las personas, se lo pongo así: a usted la llama, por ejemplo, una persona que usted no conoce y le dice ‘mire, es que su mamá fulana de tal, le dan los nombres y los apellidos, está aquí a la par mía, dice que se le descargó el teléfono, es una señora como de tantos años más o menos’, eso es información que está pública y disponible para todas las personas en la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, basta con que un delincuente le haga un fijo a usted; esa información es la que utilizan los delincuentes para construir un escenario creíble para que usted caiga en esa trampa y termine depositando el dinero que ellos le piden”, explicó.
Campos detalló que, según datos del OIJ, las denuncias por suplantación de identidad han ido en aumento, pasando de 608 en 2019 a 1.148 denuncias en 2023.
También se han recibido alrededor de 9 mil denuncias por estafas y pérdidas estimadas en 1.200 millones de colones, con corte a octubre del 2023.
Por este motivo, el liberal indicó que el acceso a información puede facilitar este tipo de delincuencia.
Según comentó, encontraron que la legislación permite al Tribunal Supremo de Elecciones poner a la venta algunos elementos.
“Nos dimos cuenta que la Ley del Registro Civil establece la potestad de la venta de las bases de datos, entonces es legal que hoy por hoy el Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones pueda vender bases de datos de información pública de los costarricenses, y hay sentencias de la Sala Constitucional que lo avalan justamente porque es legal; obviamente lo que procede es una reforma para hacer esa restricción y, ojo, que aquí no estamos hablando de que va a ser completamente prohibido, no, estamos claros en que los notarios tienen una función crítica para revisar los datos de los comparecientes de algún trámite o alguna situación, por supuesto que el Tribunal Supremo Elecciones deberá habilitar una plataforma para que los notarios puedan continuar con su trabajo”, dijo.
Desde el TSE
Consultado respecto al proyecto, el jefe de Despacho de la Presidencia del TSE, Andrei Cambronero, manifestó que es importante hacer algunas aclaraciones.
En cuanto al portal público de consultas, Cambronero alegó que los datos ahí ubicados son públicos, situación que ha sido respaldada por la Sala Constitucional.
“En la consulta web los datos que ahí se consignan son datos que tanto la Ley de Protección de Datos y la jurisprudencia de la Sala Constitucional han señalado que son datos públicos, de hecho, en algunas ocasiones han habido personas ciudadanas que interponen recursos de amparo ante la Sala Constitucional señalando una violación a su derecho de autodeterminación informativa, o sea, que sus datos están siendo brindados de manera pública sin que esto pueda hacerse, consideran las personas, pero la Sala Constitucional ha señalado que esos datos son de naturaleza pública, por ejemplo, el nacimiento, la filiación, o sea, los hijos, también los estados civiles y la defunción, también la ubicación electoral de la persona por provincia, cantón, distrito, no así, por ejemplo, la fotografía o la dirección exacta o el número telefónico”, manifestó.
Con respecto al señalamiento de venta de datos por parte del TSE, el órgano electoral manifestó que lo que se comercializa son sistemas auxiliares para verificar la identidad, y no los datos como tal.
“Uno de esos servicios o plataformas es la verificación de identidad conocida como VID, esto no es una base de datos, ahí no hay datos, es un servicio que se pone a disposición de ciertas personas jurídicas y físicas interesadas, como notarios por ejemplo, que quieran una forma más segura de identificación de la persona que se presenta ante ellos; este servicio no supone ni que se estén trasladando los datos a quien tiene esta plataforma, los datos se siguen manteniendo en el Tribunal y lo único que se hace es que se arroja una, digámoslo así, imagen de la cédula, pero los datos no están siendo comercializados”, comentó.
El proyecto será consultado de manera oficial al TSE según el trámite legislativo.
