El Centro para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol) roza cifras de ocupación plena y no hay otro lugar con sus características.
El Capemcol es un centro de la Caja Costarricense de Seguro Social y es el único lugar del país que se especializa en la atención de personas que tienen enfermedades mentales y enfrentan procesos judiciales.
Se ubica anexo al Hospital Nacional de Salud Mental (antes Hospital Psiquiátrico) en Pavas. Tiene 134 camas: 120 de hombres y 14 de mujeres.
Se trata de pacientes investigados por presuntos delitos o incluso que ya tienen sentencias pero se les consideró inimputables o con imputabilidad disminuida.
Es decir, por su condición, se determinó que no tenían plena comprensión de las consecuencias de sus actos o que estos eran contrarios a la ley.
En estos casos, los Tribunales pueden dictar el internamiento hospitalario como medida cautelar o de seguridad, en lugar de enviar a la persona a un centro penitenciario regular.
Ante una consulta de Noticias Columbia, la Caja informó que, al 8 de mayo, el Capemcol tenía prácticamente ocupación plena. Las cifras eran de 100% en el área de mujeres y 99% en la de hombres, situación que podía variar por egresos.
Con este panorama, surgió la pregunta: ¿Qué pasaría si el lugar no puede recibir a más personas? El problema salta a la vista.
La Caja alegó que es responsabilidad del Poder Judicial tomar decisiones; el Poder Judicial respondió que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y en esa institución argumentaron que el asunto lo debe resolver la Caja.
El aviso
A finales de marzo, antes de la Semana Santa, el Capemcol alertó al Consejo Superior del Poder Judicial sobre la falta de espacio. Así consta en el aviso N°05.2023 del Boletín Judicial número 74 de este 2023.
El doctor Cristian Elizondo, director médico del hospital Nacional de Salud Mental, explicó que, en esas fechas, no se llegó a la ocupación plena pero que el nivel se mantenía elevado.
“A finales de marzo, se alcanzó una ocupación de 127 camas y por esta razón se tuvo que alertar al Consejo Superior del Poder Judicial mediante una nota, que salió desde esta Dirección, alertándolos de la posibilidad y del riesgo que teníamos frente a la Semana Santa, que estaba a punto de iniciar con varios días libres y podíamos tener el potencial riesgo de ocupación total”, dijo.
“Ante esta situación, de alcanzar una ocupación total nos veríamos obligados a no poder recibir más pacientes enviados con una orden de medida de seguridad a internamiento y por eso, en el deber de responsabilidad, de coordinación administrativa, enviamos esa alerta al Consejo Superior”, añadió.
Elizondo relató que en abril el Capemcol no se llenó pero que se mantenía el riesgo por la alta ocupación.
¿A quién le toca decidir?
Al conocer de la alerta, Noticias Columbia consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Justicia y al Poder Judicial cuál sería el rol de cada institución en caso de que Capemcol entre en cierre técnico por falta de espacio.
Sorpresivamente, las entidades tienen criterios distintos y se responsabilizan unas a otras.
Alcira Hernández Rodríguez, coordinadora de la Oficina de Asesoría Legal del Hospital Nacional de Salud Mental, afirmó que el Poder Judicial tendría que tomar decisiones.
“La Caja solamente tiene ese centro especializado y en caso de que tengamos una ocupación total, tendríamos que entrar a un cierre técnico y el Poder Judicial tendría que decidir qué hacer con esas personas que, además de tener una enfermedad mental o estar descompensada, no tiene la posibilidad de mantener su medida cautelar o de seguridad activa bajo el internamiento en este centro de atención”, aseveró.
“En cuanto a si le correspondería al Ministerio de Justicia, sería prácticamente el Poder Judicial el que tiene que tomar decisiones y es el único que toma decisiones de dónde (es) la ubicación de estas personas privadas de libertad en conflicto con la ley penal con enfermedad mental”, agregó.
Hernández indicó que, por un voto de la Sala Constitucional, la Caja tiene prohibición de habilitar espacios en el Hospital Nacional de Salud Mental para albergar pacientes en conflicto con la ley.
“En el caso de que se lleguen a ocupar todas las camas del llamado Capemcol, el hospital no tiene la posibilidad de mantener a estos pacientes con los pacientes comunes de atención. Tenemos una limitación por orden judicial y eso nos deja totalmente impotentes para tener habilitado otro espacio”, comentó.
Adicionalmente, en la actualidad el hospital no tiene espacio debido a alta demanda de atención.
Versión distinta
El Poder Judicial indicó que “la obligación de proveer los espacios idóneos y suficientes para las personas privadas de libertad es responsabilidad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia”.
Esta es parte de la respuesta enviada a Columbia:
“En el caso de que el Capemcol sufra un cierre técnico, las autoridades judiciales no contarían con un lugar donde remitir a estas personas, que por su enfermedad mental no pueden ser recluidas en un centro penitenciario regular o en un hospital que atiende personas enfermas que no se encuentran en conflicto con la ley, pero que, tampoco pueden mantenerse en libertad debido a que así lo ordenó un juez o jueza en el proceso penal donde figuran como persona vinculada a la comisión de un delito.
”Pero, además de inadecuado para la contención y la adecuada atención de esas personas, una eventual actuación de esa forma pondría en grave peligro las vidas y la integridad física de las demás personas internadas en los hospitales ordinarios.
”En tal escenario le correspondería exclusivamente al Poder Ejecutivo, en cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, el proveer una solución adecuada y oportuna para el internamiento de esas personas”.
Al Poder Judicial también preguntamos si es necesario ampliar el Capemcol o contar con otro lugar especializado.
“Para responder esta pregunta se necesitaría contar con estudios técnicos pertinentes para su respectivo análisis”, dice la respuesta.
¿Y el Poder Ejecutivo?
La posición del Ministerio de Justicia es completamente distinta a las dos anteriores.
El director de Adaptación Social, Juan Carlos Arias, afirmó que a la institución únicamente le compete el aporte de oficiales de Policía Penitenciaria “para efectos de la custodia y aseguramiento de las personas que están en este sistema”, así como del personal de Salud y visitantes.
“Es únicamente una labor limitada a la vigilancia policial. Ya otros temas que tienen que ver con la ubicación, hacinamiento, cómo resolver temas de espacio… si bien nosotros colaboramos o podemos hacer aporte con algún criterio, es entera responsabilidad de los personeros de la Caja Costarricense de Seguro Social”, manifestó.
Nota: Los resaltados en negrita son del redactor del reportaje.
