Desde el caso de la Trocha Fronteriza en el 2010 la contratación pública representó serios problemas para lograr procesos con transparencia y varios jerarcas del MOPT enfrentaron procesos judiciales
El área de Obras Públicas y Transportes en las últimas administraciones desde el año 2010 durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda sufrieron una y otra vez cuestionamientos e investigaciones en instancias judiciales por escándalos asociados a obras de infraestructura de diferente índole.
Desde aquella oportunidad la entonces presidente de la República, Laura Chinchilla Miranda denunció las irregularidades en torno a la construcción de la ruta nacional Juan Rafael Mora o conocida como La Trocha.
El área de Obras Públicas y Transportes en las últimas administraciones desde el año 2010 durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda sufrieron una y otra vez cuestionamientos e investigaciones en instancias judiciales por escándalos asociados a obras de infraestructura de diferente índole.
Desde aquella oportunidad la entonces presidente de la República, Laura Chinchilla Miranda denunció las irregularidades en torno a la construcción de la ruta nacional Juan Rafael Mora o conocida como La Trocha Fronteriza al presente está es una de las áreas
La Mandataria denunció el uso de recursos amparados en la ley de emergencia dentro del Consejo Nacional de Vialidad por la construcción de la ruta limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua en respuesta a la invasión de Isla Calero por parte del vecino país del norte.
Posterior a ese caso durante la administración, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís los cuestionamientos ocurrieron contra la figura de Carlos Segnini, Carlos Villalta y Germán Valverde por la construcción de la ruta nacional 257 que comunica la ruta 32 con la Terminal de Contenedores en Moín. En aquella oportunidad se mencionó la situación como «una pifia».
Segnini fue sancionado por espacio de dos años por parte de la Contraloría para que no ejerciese puestos de función pública, mientras tanto que los otros dos jerarcas enfrentaron procesos judiciales.
En aquella oportunidad quién figurase como ministro Carlos Villalta defendió el accionar del GOBIERNO, al sostener que las actuaciones del Gobierno fue seguir los planos de la administración anterior, y que en ningún momento era una pifia.
Para el gobierno de Carlos Alvarado, la figura cuestionada e impactada por los escándalos en obra pública fue el ex ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez por el denominado caso «Cochinilla», que incluso implicó se le allanara su despacho y fuese indagado como parte del caso.
Y en la presente administración los ex ministros de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador y Mauricio Batalla enfrentan un proceso judicial por la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, otra vez como en el caso de La Trocha por el uso de recursos de emergencia.
La gran pregunta es ¿por qué siempre el área de infraestructura y procesos de contratación pública?
De acuerdo con el especialista en derecho público y en contratación administrativa, Cristian Campos todo puede estar relacionado con la falta de planificación histórica en este particular
INSER
El vocero de la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, Olmán Vargas enfatiza que si bien la ley de contratación administrativa fue modificada recientemente, en el pasado su propio entrabamiento justificaba el querer saltarse procedimientos.
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El mismo Cristian Campos explica que la Contraloría intentó restarse protagonismo mediante un proyecto de ley que obliga se a que los refrendos de contratación pública no debieran pasar por el órgano contralor, sin embargo fue la Sala Constitucional quienes definieron que ese paso era improcedente contaría a la Constitución.
