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IMAS frena nuevos subsidios de Red de Cuido por falta de presupuesto y deja a más de 4.500 menores en espera

Fernanda Araya - 25 de mayo de 2026
IMAS frena nuevos subsidios de Red de Cuido por falta de presupuesto y deja a más de 4.500 menores en espera
  • Especialistas advierten que el impacto va más allá del cuido infantil y alcanza empleo femenino, pobreza y sostenibilidad social.

Más de 4.500 personas menores de edad están en lista de espera para ingresar a la Red Nacional de Cuido luego de que el Instituto Mixto de Ayuda Social confirmara a la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica que suspendió desde enero la inclusión de nuevos casos y las sustituciones dentro del programa por falta de presupuesto.

La medida impacta uno de los principales apoyos estatales para familias en pobreza y vulnerabilidad: el subsidio que permite que madres y padres trabajen o estudien mientras sus hijos de entre cero y 12 años —o personas menores de edad con discapacidad— reciben atención en centros de cuido habilitados.

La alerta encendió una discusión que va más allá del presupuesto anual del IMAS: hasta qué punto Costa Rica está logrando sostener una política de cuido que durante años fue presentada como clave para reducir pobreza, mejorar acceso al empleo y enfrentar el cambio demográfico del país.

La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, confirmó que el faltante reportado por el IMAS ronda los ¢1.588 millones para garantizar la cobertura asignada durante este año.

“La Dirección de Desarrollo Social instruyó no realizar la inclusión de casos nuevos o por sustitución, en tanto se procura que los recursos liberados por egresos se resguarden para recuperar el presupuesto requerido”, indicó la jerarca.

La institución reportó que a diciembre de 2025 había 29.198 personas menores de edad recibiendo el subsidio. Un año antes eran 26.066. Ese crecimiento de más de 3.100 beneficiarios elevó la presión financiera del programa y dejó sin margen para ampliar cobertura este año.

Mientras tanto, el registro de personas elegibles supera los 4.654 casos. Puntarenas, Alajuela, Cristo Rey, Barrio Amón, Pavas, Liberia y Sarapiquí aparecen entre las zonas con mayor concentración de familias en espera.

El dato refleja una tensión que especialistas vienen señalando desde hace varios años: la demanda por servicios de cuido crece más rápido que las fuentes de financiamiento.

El expresidente del IMAS, Juan Luis Bermúdez, considera que el debate debe verse desde una dimensión estructural y ligada al futuro demográfico del país.

“Los sistemas integrales de cuidados, tanto para personas menores de edad como para personas adultas que requieren apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria, son una pieza central de las estrategias de adaptabilidad demográfica de los países”, explicó.

Bermúdez recordó que, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, Costa Rica tiene cerca de 794 mil personas entre cero y 12 años y que una parte importante de esa población requiere algún tipo de apoyo para acceder a servicios de cuido.

Desde su criterio, la ausencia de inversión en esta red genera consecuencias inmediatas y también de largo plazo: menor participación laboral de mujeres y, más adelante, impactos en desarrollo infantil, educación y productividad de una generación que deberá sostener a una población cada vez más envejecida.

El también expresidente del IMAS, Emilio Arias, puso el foco en el financiamiento del sistema y en las limitaciones que enfrenta la Red de Cuido para responder a la demanda.

“Las fuentes de financiamiento no han crecido en los últimos años paralelo a la demanda que se tiene. Esto hay que verlo como una inversión”, afirmó.

Arias recordó que el programa se financia principalmente con recursos de Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, además de aportes del IMAS, el Patronato Nacional de la Infancia, la Junta de Protección Social, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y municipalidades.

A eso suma otra advertencia: el país mantiene una deuda con familias que dejaron atrás la pobreza extrema, pero continúan en condición vulnerable y al mejorar levemente sus ingresos pierden acceso al beneficio.

Eso, indicó, afecta principalmente a mujeres jefas de hogar que terminan dejando el empleo para volver a asumir tareas de cuido y, en algunos casos, regresan a una condición de pobreza.

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