La Unión Europea se reunirá el próximo viernes para determinar el rumbo de los países que consideran “no cooperantes” en materia fiscal.
A pocos días de que la Unión Europea se reúna y determine qué países salen de la lista de naciones no cooperantes en materia fiscal, Costa Rica aún no tiene una ley aprobada.
Se había establecido como fecha límite el pasado viernes 8 de septiembre para tener una ley de la República. Aunque el Congreso aprobó la ley antes de la fecha, el Ejecutivo aún no le pone su firma.
La voz del Gobierno
En entrevista en el programa Por Tres Razones, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, manifestó que, aunque están de acuerdo con salir de la lista gris, el proyecto aprobado por el Congreso “tiene un lunar”: la creación de una exoneración a partir del proyecto, la cual tachó de “injusto”.
Según el jerarca, se introdujo en el proyecto que las empresas que generan ganancias en el exterior (conocidas como rentas extraterritoriales) no paguen impuestos en el país, criterio que rechazó la Sala Constitucional en un voto reciente.
Por ello, Acosta señaló que “no se vale que se use el proyecto con ese doble sentido”, situación que él afirma que quienes impulsan la reforma lo saben.
También señaló que están esperando el informe de la Unión Europea que les dé un visto bueno para tomar una decisión sobre el proyecto de ley aprobado en segundo debate, porque “nada se haría si la ley se firma y no se cumplen los requisitos para salir de la lista”.
Las reacciones en Cuesta de Moras
Las manifestaciones del jerarca de Hacienda dividen criterios entre las fracciones legislativas. Tanto la Unidad Social Cristiana, como Nueva República, el Liberal Progresista y Liberación Nacional apoyan la reforma como ha sido tramitada.
El jefe de fracción del PLP, Eli Feinzaig, indicó que la propuesta aprobada cumple con lo solicitado por la Unión Europea y así se comprobará, por lo que rechazó las indicaciones del ministro.
“No es cierto que los diputados hayamos creado una exoneración, los ciudadanos pueden revisar el texto aprobado para que vean que eso no es así. El ministro de Hacienda manipula el lenguaje para dar a entender algo que no es cierto”, expresó Feinzaig.
El liberal explicó que dentro de las observaciones que hace la Unión Europea es una “discrepancia” entre la ley y la jurisprudencia.
“La ley lo que dice es que el impuesto de renta es territorial y se cobra únicamente por rentas generadas en el país, y lo que dice la jurisprudencia de los Tribunales que permite cobrar impuestos sobre rentas generadas fuera del país sin sustento en la legislación”, señaló Feinzaig.
Para Feinzaig, mal hace el Ejecutivo en esperar la reunión de la Unión Europea, porque ésta podría interpretar que no se puede analizar el caso de Costa Rica si la ley no está realmente promovida.
Caso contrario es la posición del Frente Amplio y del oficialismo, que coinciden con lo dicho por el jerarca de Hacienda.
La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, señaló que las próximas 24 horas son clave para que el Ejecutivo tome la decisión de vetar o no el proyecto.
“El Presidente de la República y el Gobierno están totalmente de acuerdo con el texto que nos sacaría de la lista negra para evitar que se afecten las inversiones europeas en nuestro país. Con lo que nunca vamos a estar de acuerdo es con ese artículo que metieron algunos diputados que única y exclusivamente beneficia a grandes empresas que sacan sus capitales para obtener una renta en el exterior y que no pagan impuestos sobre esa renta”, señaló Cisneros.
La oficialista expresó que dicho aspecto implica un “daño para las finanzas públicas de más o menos 21 mil millones de colones”.
“Aquí la pregunta que tienen que hacerse los costarricenses es por qué se metió ese artículo que es absolutamente innecesario y que nada tiene que ver con la ley para sacarnos de la lista negra de la Unión Europea, y lo segundo que deben preguntarse es para quién es eso”, concluyó la diputada de gobierno.
