La medida busca evitar el cierre técnico de los rellenos en la GAM ante el aumento en la generación de residuos y la baja tasa de reciclaje.
Los rellenos sanitarios de la Gran Área Metropolitana (GAM) enfrentan un nivel crítico de capacidad, lo que pone en riesgo su operación y evidencia la creciente presión en la gestión de residuos en el país.
Ante este escenario, el Ministerio de Salud aprobó una prórroga de dos años al reglamento de regionalización, con el objetivo de permitir el traslado de desechos hacia rellenos sanitarios ubicados en Limón y Puntarenas, y así evitar el cierre técnico de los sitios actuales.
Actualmente, Costa Rica genera cerca de 4.000 toneladas de basura al día. Sin embargo, solo 264 toneladas son recicladas, lo que representa apenas un 4% del total. El 96% restante termina en rellenos sanitarios, acelerando su saturación y reduciendo su vida útil.
Uno de los casos más críticos es el del relleno sanitario El Huazo, en Aserrí, que recibe diariamente unas 2.100 toneladas de residuos, situación que ha llevado al límite su capacidad operativa.
La ministra de Salud, Mary Munive, defendió la medida al señalar que busca evitar un colapso inmediato del sistema, al tiempo que brinda un margen para que las municipalidades desarrollen soluciones alternativas.
Según explicó, la prórroga permitirá que, durante dos años, los gobiernos locales que no cuentan con opciones suficientes puedan trasladar sus residuos fuera de su región, mientras avanzan en estrategias de gestión.
No obstante, la decisión ha generado preocupación en las comunidades receptoras. La alcaldesa del cantón central de Limón, Ana Matarrita MacCalla, aseguró que se mantendrán vigilantes para que la medida sea realmente temporal.
“Vamos a estar atentos a que este plazo se cumpla y no se perpetúe en el tiempo”, advirtió la jerarca municipal, quien recordó que desde hace dos años se había alertado sobre la saturación de los rellenos en la GAM.
Por su parte, la diputada del Partido Liberación Nacional e integrante de la Comisión de Ambiente, Katherine Moreira, criticó la decisión al considerar que traslada el problema hacia las zonas costeras.
“Costa Rica merece respeto, y las comunidades de Limón y Puntarenas también. No se puede tratar a estos territorios como zonas de segunda categoría”, cuestionó.
La legisladora además señaló que se trabaja en un texto consensuado desde la Asamblea Legislativa para atender la problemática de fondo, e hizo un llamado al Ministerio de Salud a asumir su responsabilidad y transparentar el alcance del decreto.
Mientras tanto, el país continúa enfrentando el desafío estructural de mejorar su gestión de residuos, en un contexto donde el bajo nivel de reciclaje sigue agravando la presión sobre los rellenos sanitarios.
