La empresa encargada del proceso será MECO, lo que motivó cuestionamientos sobre la selección de contratistas
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció durante las celebraciones de la independencia en Cartago que fue aprobada la ampliación de la carretera Florencio del Castillo.
Sin embargo, no aclaró que se trata de retomar un plan que desde hace más de cinco años estaba en el Consejo Nacional de Concesiones.
La idea nació en 2019 y fue descartada en 2023 por el entonces ministro del MOPT, Luis Amador.
“Cuando es una iniciativa privada, el empresario propone y tiene libertad. Cuando es una iniciativa pública, nosotros hacemos los estudios y nosotros decimos exactamente qué queremos: de qué color va a ser el carro, cómo se va a ver por dentro, qué cosas va a tener. Y eso es lo que queremos lograr, para que se pierda ese margen de discrecionalidad y realmente lleguemos a la solución lo más rápidamente posible”, explicó Amador.
El actual jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, detalló cómo se logró reactivar el proyecto:
“Se logró rescatar esta iniciativa que ya lleva varios años. El ministro que usted menciona, mediante un acuerdo de junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones hace un par de años, tomó la decisión de desistir de esta iniciativa; sin embargo, se rescató”.
El plan original contemplaba ampliar 20 kilómetros, entre el paso de Garantías Sociales, en San José, y el cruce de Taras, en Cartago, con un costo cercano a los 500 millones de dólares.
Para el diputado cartaginés Alejandro Pacheco, ya es hora de dejar las improvisaciones y trabajar por la población de la vieja metrópoli.
“Se le da a empresas cuestionadas, a empresas que tienen demandas con el Estado y cuyos dueños han cumplido penas de prisión, y el Estado sigue contratando a esas empresas. Ahora les adjudican nuevamente terminar la Florencio del Castillo; me parece que son empresas muy cuestionadas, lo que podría generar problemas para la conclusión de los trayectos asignados”, señaló Pacheco.
La empresa encargada del proceso será MECO, lo que motivó cuestionamientos sobre la selección de contratistas.
La diputada independiente Johana Obando recordó todo el camino recorrido con esta concesión:
“Hay que analizar el impacto que este precio tendrá sobre los peajes que se estarían cobrando, ya que se estaría entregando a una empresa privada. Estaremos al tanto de la información del proceso de licitación para defender el bolsillo de los ciudadanos”.
Por su parte, la diputada liberacionista Paulina Ramírez afirmó que los atrasos en la ampliación de la carretera se deben a las decisiones cambiantes del gobierno:
“Esto no significa que estamos en una nueva concesión, sino que seguimos con la misma concesión original, solo se está retomando. Los atrasos obedecen a lo que ha hecho este gobierno y el ministro de Obras Públicas y Transporte, que han atrasado prácticamente tres años esta obra. Retomarla, ojalá, sea para que efectivamente se construya”.
