Economista piensa que es un error suponer que la crisis por la pandemia está superada y desconocer la crisis de los contenedores, que ha aumentado el precio del transporte y los fertilizantes.
El economista, Gerardo Corrales, considera que la decisión del presidente de la República, Rodrigo Chaves, de cambiar el destino de los recursos del Fondo de Avales es un error garrafal, a las puertas de una recesión económica de impacto mundial.
El Fondo de Avales es una herramienta financiera sustentada con $270 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pensada para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia por Covid.
Su propósito es servir de garantía hasta por un 75% para que esas compañías accedan a préstamos mientras se recuperan de la crisis.
El Presidente Chaves anunció en conferencia de prensa que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que esos recursos tuvieran otro destino pues su análisis lo llevó a pensar que el Fondo no cumplía su propósito y que en realidad es solo un plan de rescate a los bancos.
Corrales piensa que es un error suponer que la crisis por la pandemia está superada y desconocer la crisis de los contenedores, que ha aumentado el precio del transporte y los fertilizantes, para despreciar la ley de fondo de avales.
Posición tajante. Corrales agrega que tampoco se puede obviar la situación bélica que afecta a las economías y la inflación importada de dos dígitos que va a golpear el crecimiento en Costa Rica.
“Es una ley ya aprobada por el Congreso por una mayoría calificada de 45 votos y ahora viene el nuevo presidente a decir que esa ley no sirve, que supuestamente está hecha para los bancos cuando ninguno de los artículos justifica lo anterior y simplemente anuncia que va a desviar el uso de los fondos para otro propósito sin tomar en cuenta de que las leyes en este país las aprueba el Poder Legislativo”, sostuvo Corrales.
El economista agrega que por eso tenemos un sistema de pesos y contra pesos, para que el Ejecutivo no haga lo que se le ocurra sino que tiene que respetar los poderes y entonces tiene que convencer al nuevo Congreso y señaló que “efectivamente esos recursos están destinados para compañías que son solventes pero que van a atravesar por problemas de liquidez, para que puedan utilizarse con el compromiso de mantener el nivel de empleo beneficiando a la mayoría de los trabajadores de este país para no perder su empleo en vísperas de una crisis mundial”.
Sin embargo, para el economista, Leiner Vargas las soluciones propuestas en medio de la crisis sanitaria, no necesariamente son oportunas ahora, en un contexto de recuperación económica.
“Probablemente lo que se requiere son recursos frescos para emprendimientos y para desarrollo productivo adicional más que para entrar a hacer salvamento de empresas que probablemente ya están demasiado tarde para recuperarse dentro del entorno económico del país, así que pues habrá que replantearse el instrumento quizás no sea un fondo de garantías, sino un fortalecimiento de los recursos para el sistema de emprendimiento de Banca para el Desarrollo, de favorecer el acceso al crédito a la PYME más que unos recursos que probablemente además de ser insuficientes iban a ser muy focalizados, probablemente una gran pérdida a mediano plazo para el Estado”, señaló Vargas.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, ABC, María Isabel Cortés señala que la organización nunca consideró esta ley como una opción.
“La Asociación Bancaria Costarricense nunca gestionó la Ley de Avales, incluso actualmente consideramos que no aporta y resultó extemporánea. En su momento lo que de verdad ayudó a las empresas y familias a sobrellevar la crisis financieras generada por la pandemia fueron las medidas de los reguladores y las líneas del Banco Central de Costa Rica. Siempre supimos desde la ABC que este mecanismo no aportaría y nos mantenemos en esa misma línea de pensamiento”, declaró Cortés.
La propuesta del Presidente Chaves debe ser revisada y discutida por los diputados a menos de dos semanas para que finalice el periodo de sesiones extraordinarias, donde es el Poder Ejecutivo el que mueve la agenda legislativa.
