Sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ven con buenos ojos propuesta que plantea pago por 4 billones de colones.
La fracción del Frente Amplio (FA), en compañía de otras diputaciones de diversos partidos políticos, presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para garantizar el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La propuesta plantea que se realizará una contribución anual de 200.000 millones de colones durante 20 años consecutivos, hasta completar los 4 billones de colones que se estima le debe el Estado a la institución.
Según se detalla en el texto del proyecto, será necesario presupuestar anualmente un 0.4% del PIB para el pago de esta obligación.
La diputada frenteamplista y proponente de la iniciativa, Rocío Alfaro, aseguró que el objetivo es que no se acumule más deuda con la Caja.
«A través de una reforma constitucional, de manera que no tengamos un problema de división de poderes, porque el Legislativo puede asignar los recursos, pero el Ejecutivo no tiene obligación de ejecutarlos. Entonces, estamos haciendo una modificación de un artículo transitorio, de manera que se pueda calcular en un plazo de años el pago paulatino de la deuda, de manera que podamos aplanarla y no se genere más deuda por el no pago que hasta el momento se ha realizado. Esperamos que sea una reforma que se apruebe prontamente y podamos apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social», indicó Alfaro.
El ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, mencionó que es necesario que primeramente se defina como tal la deuda, ya que no hay claridad sobre el monto específico de la misma.
«En general, el proyecto es loable en el sentido de que obliga a entrarle a este tema y resolverlo de una vez por todas. Yo creo que no es para elevarlo a nivel constitucional si la intención es que se tenga que atender obligatoriamente, ya hemos visto que hay otras cosas que salen en la Constitución y no se atienden. Entonces, creo que por ahí esto no resuelve mayor cosa. Además, para poder pagar los 4 millones de millones de deuda que tiene el Estado con la Caja, habría que empezar por registrar esa deuda, cosa que todavía entiendo que no está completamente hecho y eso elevaría la deuda pública al menos en 8% del PIB a los niveles actuales. Trasladarle 200.000 millones es aproximadamente, como dice ahí un 0,4% del PIB, adicional de gasto, a lo que habría que sumarle un mecanismo para el reconocimiento de los intereses, porque si no esta plata pierde valor en el tiempo, la Caja por eso probablemente va a exigir que se reconozcan esos intereses y esos intereses habrá que pagarlos también del gasto público. Entonces, el gasto no va a ser de un 0,4% del PIB, sino más», detalló el economista.
El texto, desarrollado en conjunto con organizaciones como Unidos por la Caja y Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass), cuenta con el visto bueno de los sectores sindicales.
Según el representante de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), Deivis Ovares, se pretende evitar que los gobiernos decidan no pagar sus obligaciones con la institución.
«Este proyecto de ley lo que pretende es quitarle a los ministros de Hacienda, de los diferentes gobiernos de turno, la excesiva discrecionalidad que tienen para negarse a pasarle recursos a la CCSS, incumpliendo las obligaciones constitucionales establecidas en el artículo 73 de nuestra Carta Magna y también en la Ley Constitutiva de la Caja. Los presidentes ejecutivos también se han hecho omisos en su función principal, que es velar porque el Estado se mantenga al día con su obligación y es desde los sectores sociales que nace esta iniciativa que esperamos que apoyen los señores y señoras diputadas del Congreso», pidió el representante sindical.
Por su parte, la vicepresidenta de la Unión Médica Nacional (UMN), Janice Sandí, se mostró complacida con el interés en buscar mecanismos para que se pague la deuda del Estado con la Caja.
Eso sí, señaló que esta crece rápidamente y mencionó que no pareciera haber voluntad política de 38 diputados para aprobar esta reforma constitucional.
«Es un esfuerzo enorme de este grupo de diputados tratar de conseguir una modificación a la Constitución, que en sí es un proceso un poco largo y engorroso, para obligar al Estado a pagar una cantidad de dinero que según hemos leído en el proyecto es de 200.000 millones de colones por año, por 20 años, para el pago de la deuda actual. El problema es que el crecimiento de la deuda estatal con la CCSS ya alcanza un 25% anual y eso es altísimamente preocupante porque el proyecto solventa la deuda, evidentemente sin ninguna condonación, como tiene que ser, que está vigente para 2025; pero en los siguientes años, aún y cuando el proyecto dice que se apliquen las normas de ley para que el Estado siga pagándole a la Caja, nosotros vemos que son esas mismas normas de ley las que se han brincado de todas las maneras posibles para no pagarle a la CCSS», manifestó Sandí.
Finalmente, el presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada, afirmó que el proyecto es apropiado y agregó que el mismo debe incluir responsabilidades a quienes decidan no pagarle a la institución.
«Si bien es cierto, ha sido histórico el impago de la deuda con la Caja, los últimos 3 años han sido vergonzosos porque ya no solamente no pagan lo adeudado, sino que ya no pagan sus obligaciones cotidianas, haciendo un incremento como nunca antes visto en este sentido. Lógicamente, aquí se juega también una situación de números porque sabemos que la deuda pública anda rondando los 59% del PIB y ese número mágico del 60% no lo quieren sobrepasar. En el momento que el gobierno de don Rodrigo Chaves diga, ‘sí debo’, se le va a subir no menos de un 8% del PIB, lo cual políticamente no va a ser correcto en una administración que trata de ocultar estos números», aseguró el presidente de Siname.
