En la causa judicial, también figuran el exdirector de obras y el oficial mayor de la institución.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) los señala por presuntamente «dirigir el proceso de cierre de cuatro plantas productoras de mezcla asfáltica, con órdenes que carecieron de sustento técnico y jurídico». La acusación es contra el exministro Rodolfo Méndez Mata, el exdirector de obras, de apellido Vega y el oficial mayor de apellido Cheves.
El Ministerio Público les atribuye el delito de Influencia contra la Hacienda Pública. El diccionario del Poder Judicial lo define como:
«Delito que cometen funcionarios públicos y demás sujetos equiparados que al intervenir en razón de su cargo o posición influyen, dirigen o condicionan, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendente a ese fin».
Las plantas fueron instaladas en Tajo El Chopo, en Cañas, Guanacaste; en Siquirres, Limón; Colima, Santo Domingo de Heredia; y Paso Real, en Buenos Aires de Puntarenas.
Según la tesis fiscal, los imputados eliminaron los recursos asignados a las plantas «para provocar en el tiempo el estado de desuso, abandono, precarización y cierre, que permitiera enajenar las mismas como bienes del MOPT». Enajenar se define como: «Transmitir, ceder o transferir el dominio, propiedad o derecho sobre algo».
A Vega y Cheves también les atribuyen la supuesta influencia ejercida sobre otros funcionarios para el cierre de las plantas, «pese a que estas eran rentables bajo un escenario ideal de producción, con gran interés público para la realización de obra pública vial».
Perjuicio
La FAPTA señaló que, como consecuencia de estas acciones, «se dejó perder la inversión realizada para la compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento de las plantas, lo que repercutió también en que se diera un incremento en el precio de la mezcla asfáltica vendida por productores privados».
Las cuatro plantas se adquirieron entre los años 2008 y 2017, y representaron en conjunto una inversión aproximada a los ₡3.900 millones.
En el caso de la planta de Buenos Aires, la Fiscalía indica que se adquirió poco antes del proceso de cierre técnico; hecho que representó para el Estado una inversión de más de ₡1.700 millones.
«La acusación del expediente 19-000028-0033-PE se comunicó a las partes la semana anterior, con el fin de que se determine si la Procuraduría General de la República presentará querella y acción civil resarcitoria», dice el Ministerio Público.
Pasado el plazo de ley, la fiscalía presentará la acusación con solicitud de apertura a juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, órgano que debe señalar una audiencia preliminar en la que se definirá si la causa se eleva a juicio.
