Pese a que el delito no se haya consumado, ante la falta de pagos, directivos de la Caja podrían ser acusados de tentativa de influencia contra la hacienda pública, según abogado penalista, Ewald Acuña.
Desde el Poder Ejecutivo, se ha señalado que no existe un delito que justifique los allanamientos y la detención de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, así como de otros funcionarios y exdirectivos.
Sin embargo, el abogado penalista y exjuez de la República, Ewald Acuña, mencionó que sí podría haberse dado una tentativa de influencia contra la hacienda pública.
Así lo explicó durante una entrevista en nuestro programa Por Tres Razones, en la cual mencionó que, según su suposición, este será el delito por el cual se presentará una acusación.
«El delito de influencia contra la hacienda pública es un delito de resultado. Esto es que debe causar una afectación real en el patrimonio de la hacienda pública. Como delito de resultado, permite la tentativa. Esto significa que se realizan todos los actos para que se consume el delito, pero por causas ajenas a la voluntad del autor, no ocurre. Por ejemplo, una persona trata de matar a otra, esta otra no muere porque recibe atención médica, no significa que no se va a acusar el homicidio, se acusa el homicidio en grado de tentativa. Yo asumo, ya que estoy suponiendo, no conozco el expediente, que la Fiscalía va a acusar tentativa de influencia contra la hacienda pública», detalló Acuña.
El abogado también se refirió al informe de la Auditoría Interna de la Caja, el cual ha funcionado como detonador del escándalo.
Según Acuña, este es el que fundamenta la investigación; sin embargo, es importante tener en cuenta que podría no ser del todo preciso.
«El informe de auditoría discrepa del criterio de la Junta Directiva. Ahora, ese informe de Auditoría es muy fuerte, es un elemento probatorio importante, pero no es infalible. Entonces, hay que tener cuidado porque el tema tiene que ser objeto de revisión, posteriormente, por parte de la sección de Delitos Económicos y Financieros del OIJ, para ver si efectivamente los cálculos están desproporcionados o no corresponden con la demanda del mercado. En fin, es un tema delicado, pero el fundamento es el informe de Auditoría», afirmó Acuña.
Finalmente, el exjuez también habló sobre la polémica alrededor del uso de una perrera para trasladar a la presidenta ejecutiva de la institución.
Acuña detalló que haber hecho una excepción en este protocolo hubiera sido injustificado.
«Si a las personas no se les va a solicitar prisión preventiva, la detención pareciera no ser justificada, no encontraron sustento, tratando de encontrar una razón suficiente para la detención. La única explicación que yo encuentro, porque el Ministerio Público no la ha dado, es que era necesario para evitar que se oculten documentos, se llamara a otras personas para, de alguna manera, entorpecer el secuestro de información; porque no iba a haber una solicitud de prisión preventiva y lo dijo el Ministerio Público inclusive antes de iniciar la audiencia de medidas cautelares. El problema se presenta en que el OIJ tiene un protocolo operativo de que una persona detenida, que se encuentre ya en sede de tribunales, tiene que ser, necesaria e indispensablemente, trasladada en las perreras», agregó el abogado.
