- La resolución judicial revocó parte del régimen especial impuesto tras su captura y ordenó restituir derechos relacionados con la defensa, la salud y las condiciones básicas de reclusión.
El Tribunal Penal de Pococí ordenó restituir varios derechos a Alejandro Arias Monge, alias «Diablo», y Jonathan Pérez, alias «Tan», al declarar con lugar un incidente de queja presentado por sus defensas contra las restricciones impuestas tras su ingreso al Centro Nacional de Atención Específica, en La Reforma.
La resolución obliga al centro penitenciario a acatar de forma inmediata una serie de medidas para garantizar sus derechos fundamentales.
Entre los derechos que el Tribunal ordenó restablecer se encuentran:
- Visitas presenciales con sus abogados en condiciones de privacidad y confidencialidad.
- Llamadas telefónicas periódicas con la defensa, sin interferencias, monitoreos indebidos o restricciones arbitrarias.
- Acceso diario al aire libre y a la luz solar, conforme al protocolo reglamentario y a las Reglas Nelson Mandela.
- Suministro de artículos básicos de higiene personal, como jabón, paño, pasta y cepillo de dientes, además de ropa interior.
La resolución señala que estas condiciones deben garantizarse para proteger la dignidad, la integridad personal y la salud física y mental de ambos imputados.
Las medidas dejan sin efecto parte de las restricciones anunciadas el pasado viernes por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, quien había impuesto un régimen especial de máxima seguridad para ambos, incluyendo la suspensión de horas de sol, visitas familiares y conyugales, así como limitaciones a las llamadas telefónicas.
Tras conocer la resolución, Aguilar calificó la decisión como «lamentable» y advirtió que representa un riesgo para la seguridad.
«Acabo de recibir una noticia lamentable. El Tribunal Penal de Pococí (…) echó para atrás las órdenes que emití yo el día viernes con la anuencia de la señora presidenta y acaba de restituir el derecho de tener visita de sol, permiso para llamadas con los familiares y permisos para recibir visitas», manifestó.
El jerarca añadió que la decisión representa «un gravísimo riesgo para la fuga de información desde las cárceles y que se sigan girando órdenes».
El Poder Judicial confirmó que el Tribunal declaró con lugar el incidente de queja presentado por las defensas de Arias y Pérez y precisó que la orden debe cumplirse de manera inmediata e impostergable. Además, recordó que el artículo 295 del Código Procesal Penal obliga a garantizar la privacidad de las actuaciones dentro del proceso penal.
La resolución también generó reacciones fuera del ámbito judicial.
Rafael Ángel García Cordero, fundador y presidente de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, celebró el fallo y aseguró que envía un mensaje al Poder Ejecutivo sobre los límites de sus competencias.
«Aplaudimos la decisión de la jueza de la República. No solo es una orden contundente para el Poder Ejecutivo y para el ministro Aguilar, sino que le envían una dosis de ‘ubícate’ al ministro porque él no es un juez de la República para girar órdenes antojadizas», afirmó.
García sostuvo que la resolución deja claro que corresponde a los tribunales, y no al Ministerio de Justicia, determinar el alcance de las restricciones que pueden imponerse a una persona privada de libertad.
«El Ministerio de Justicia no puede girar órdenes a su antojo perjudicando los derechos humanos y los derechos constitucionales de los costarricenses y extranjeros que están a cargo del Estado», agregó.
La decisión se conoce pocos días después de la captura de alias «Diablo» y alias «Tan» durante el operativo Némesis, realizado el pasado 24 de julio en Sarapiquí, en el que ambos fueron detenidos y posteriormente trasladados al módulo de máxima seguridad de La Reforma.
